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España y la CEE deciden mantener contactos técnicos para preparar la sesión del día 17, considerada "fundamental"

Andrés Ortega

El Gobierno español presentó ayer en la sesión de negociación a nivel ministerial que tuvo lugar en Bruselas tres declaraciones -agricultura, industria y siderurgia-, que tanto la Comisión Europea como varias delegaciones de países de la Comunidad Económica Europea (CEE) consideraron "insatisfactorias". La Comunidad, sin embargo, se mostró incapaz de plasmar posturas conjuntas en materia de aceite de oliva y de asuntos sociales, dadas las diferencias que existen actualmente entre los diez Estados miembros.

"El ritmo lento de las negociaciones no es ahora culpa de los países candidatos", señaló un triste presidente del Consejo de Ministros de la CEE, el irlandés Peter Barry, afirmando que no sólo está en peligro la fecha del fin de las negociaciones, sino "también la del ingreso de España y Portugal el 1 de enero de 1986, si no se acelera su ritmo".El ministro de Asuntos Exteriores Fernando Morán salió de la breve reunión de anoche -tras horas de intensos debates entre los diez- tranquilo. "No ha sido una reunión catastrófica y mi único dolor es mi pierna", señaló refiriéndose a la escayola que llevaba, añadiendo que "no hay clima de crisis".

Morán reveló que España y la CEE han llegado a un acuerdo para intensificar los contactos técnicos en los próximos días y facilitar así la próxima sesión ministerial del 18 de septiembre que se anuncia como fundamental. Por su parte, los diez están estudiando una propuesta francesa para reunirse informalmente entre ellos de aquí a entonces -o después- a nivel de ministros de Asuntos Exteriores y globalizar los temas de negociación pendiente con España y Portugal, dado el mal cariz que está tomando la situación, pues los diez no lograron ponerse de acuerdo sobre el aceite de oliva. Los países nórdicos quieren establecer techos de producción a precios garantizados en toda la CEE para evitar los excedentes, solución a la que se oponen Grecia e Italia.

En asuntos sociales, tampoco hubo progresos, dada la persistencia de la RepúblIca Federal de Alemania (RFA) Y los países del Benelux en oponerse a las demandas planteadas por España en cuanto a la libre circulación de los trabajadores y las prestaciones familiares a los españoles ya emigrados a la CEE. Este tema pareció preocupar más a Morán, dado que en principio era más fácil de resolver que el del aceite. Los diez, casi como único resultado de sus largas conversaciones, sí acordaron al fin el nivel de votos para poder adoptar decisiones por mayoría cualificada: 54 de un total de 76 en la futura CEE a doce, con lo que Italia, España y Grecia podrán contar con una minoría de bloqueo.

En cuanto al vino, Francia insiste en reformar la reglamentación vigente en toda la CEE -frente a la oposición italiana- con limitaciones para los precios garantizados, con objeto de evitar los excedentes. "Todo retraso en la adopción de esta reforma tendría como consecuencia el retraso de las negociaciones de adhesión", declaró el francés Roland Dumas. Se espera desbloquear este informe mediante un procedimiento excepcional antes del próximo 17 de septiembre.

Cumplir el calendario

Aunque reconoció el riesgo de que no se cumpla el calendario al ritmo actual de negociación, Morán consideró, que se podrían mantener aún"los plazos intensificando los contactos y con una voluntad política que "hoy ha faltado en algún país miembro".

En efecto, por vez primera España recoge en un texto explícito y oficial, el llamado Preacuerdo de Luxemburgo, del 19 de junio, por el cual se acepta la transición en dos fases -cuatro y seis años- para las frutas y hortalizas sensibles para la CEE, a las que, por razones estructurales, no se puede aplicar la política agrícola comunitaria en España desde la adhesión. Los negociadores españoles excluyen a los cítricos de ambas categorías. Y, en contrapartida, piden protegerse -con contingentes u otro sistema a examinar- frente a las importaciones españolas de lácteos, cárnicos, azúcar y ciertos cereales, en los que España es menos competitiva.

En materia industrial reiteró la necesidad de un desarme arancelario en siete años, más lento al principio que al final, no cerrándose a examinar el problema de los aranceles más altos, siempre que estuviera justificado y se viera compensado por una disminución de los aranceles comunitarios a los productos agrícolas españoles.

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