Alarma en los precios

LA SUBIDA experimentada por los precios en el mes de julio (1,5%) ha supuesto una señal de alarma sobre el comportamiento de la economía española en este año y una seria amenaza para que puedan cumplirse las previsiones gubernamentales en este terreno. La situación de la inflación española es ligeramente peor que la de¡ pasado año. En los siete primeros meses de 1984 se ha colocado ya en un 6,17%, frente al 5,37% de igual período del pasado ejercicio. En los últimos 12 meses, la inflación acumulada asciende a un 12,77%, medio punto por encima de la registrada en todo el año 1983.Estos datos verdaderamente no sirven para establecer una verdad absoluta que indique un relanzamiento incontrolado del alza de los precios, pero deben ser tomados en consideración como una preocupante señal de alerta en el funcionamiento de nuestra economía. Es cierto que el inesperado aumento del coste de la vida en el último mes de julio puede encontrar algunas explicaciones por factores de estacionalidad y el comportamiento del sector alimenticio. Prácticamente, estos productos ponderan un 50% de este índice, y algunas desviaciones muy localizadas en el sector adquieren caracteres muy sustantivos. Así, en este mes de julio, los productos alimenticios han subido un 3,67%, mientras que el resto de los elementos que componen el índice de precios al consumo (IPC) lo ha hecho sólo en una media del 0,47%.

Este desbordamiento de los precios agrícolas se explica fundamentalmente por el alza de tres productos: las frutas frescas (que experimentan un aumento del 32,47%), las verduras (17,67%) y la carne de pollo (18,37%). La Administración confía, en este último caso, combatir el alza con la liberalización de las importaciones, y en los otros dos productos, que, estabilizada la oferta y la demanda, moderarán drásticamente su incidencia en la subida general de precios.

Pero aun siendo ciertos estos razortamientos, que relativizan la tasa de inflación registrada en este mes de julio, conviene pensar que en el sistema económico todavía perviven fuertes tensiones inflacionistas que pueden emerger con contundencia. En esta línea de preocupación, conviene subrayar que en el mes de julio se ha quebrado, al menos momentáneamente, la contención de la inflación, trabajosamente trazadla desde principio de año: cada mes, el IPC -sobre los 12 meses anteriores- se ha ido situando claramente por debajo de la cota del 12,2% en que acabó al fintalizar 1983: 11,9% en enero, 11,8% en febrero, 12% en marzo, 11,2% en abril, 11,2% en mayo.

El Gobierno parece confiar, no obstante, en poder controlar el alza de los precios en un umbral cercano al 8% previsto para 1984. Sin embargo, este objetivo parece ya hoy prácticamente imposible de cumplir, y las estimaciones más optimistas sitúan el nivel del IPC a final del año en un 9,5%. Para conseguir este objetivo, poco más de medio punto de media deberá registrarse en los meses que faltan para terminar el año.

Dos elementos, por lo menos, pugnarán por evitar el logro de ese objetivo. Uno, la previsible revisión salarial a que se llegará en diversas empresas y sectores si la inflación a final de septiembre se sitúa en una cota del 6,5% o el 7% -lo que es probable, dado que a final de julio estamos situados ya en el 6,1%-, cota que muchos convenios establecen como portillo para la mencionada revisión. Otro factor que puede romper el esquema es la mayor flexibilidad en el crecimiento de la cantidad de dinero necesaria para desarrollar la política de reducción de los, tipos de interés.

Todo ello constituye motivo de seguimiento y preocupación especial no solamente porque se produce en una coyuntura en la que se quiere hacer fraguar el pacto social, sino también porque incide directamente sobre uno de los logros de la política económica que mejor pueden ser exhibidos por el Gobierno, y que lo ha sido reiteradamente. Todo ello, de agravarse, replanteará la fundamental polémica del momento político, que es justamente económica, a saber: la gradación que debe adornar la política económica del Gobierno. Siempre sobre la base de que la austeridad sigue siendo necesaria, pueden resurgir las opiniones que reclamaban una mayor estabilización, y a buen seguro lo harán las de quienes sostienen que un poco más de alegría, dentro de un orden, no haría daño a lo esencial del proceso de ajuste, y que no vale la pena morir por medio punto menos de un guarismo.

Pese a las buenas razones que puedan esgrimir unos y otros, lo cierto es que en la batalla contra la inflación se han conseguido algunos objetivos parciales. La reducción del diferencial de la tasa de inflación española con la de otros países del entorno económico-social es el auténtico baremo para calificar el grado de internacionalización y competitividad de la economía española. Dicha reducción ha superado los tres puntos respecto a EE UU desde diciembre de 1982, dos puntos en relación al conjunto de la OCDE y un punto con respecto a la Comunidad Económica Europea. La distancia todavía que nos separa es preocupante, pero éste es el objetivo esencial que no debe perderse de vista y en el que los datos del mes de julio no invitan precisamente al optimismo.