La comisión de aguas del Júcar ratifica el trasvase a Denia de agua de los pozos del IRYDA

La Comisión de Vigilancia de los Recursos Hidraúlicos de la cuenca del Júcar ratificó ayer el trasvase de agua potable a Denia desde los pozos del Instituto para la Reforma y el Desarrollo Agrario (IRYDA) por el periodo provisional de un año. La reunión había sido convocada por el representante de la Generalitat valenciana, a raiz de los graves incidentes provocados el pasado lunes por vecinos de las localidades de Pego y Oliva, que obligaron a paralizar provisionalmente las obras hasta que se apacigüen los ánimos y se descarten otras posibles soluciones.

"No existe ninguna solución alternativa a la adoptada el pasado 26 de junio", señala el comunicado hecho público tras la reunión, que estima que "esta solución temporal no va a tener efectos negativos para los intereses de los vecinos de otras poblaciones" limítrofes con el término de Denia, que pide agua potable por la salinización de sus actuales pozos.Según los estudios del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) los recursos medios disponibles en el acuífero de Mustalla -en el que se centra la solución para Denia-, junto a los de los. pozos particulares que hoy están en funcionamiento, se estiman en 40 hectómetros cúbicos al año. Los planes del IRYDA establecidos para esta comarca prevén una utilización máxima, de 15 hectómetros cúbicos, a mediados de 1986, momento en que estarán en pleno funcionamiento los regadíos previstos.

La comisión de la sequía plantea llevar a Denia sólo un volumen de 3 hectómetros cúbicos, al año, de forma provisional por un año, revisable a los seis meses, por tanto antes de que se empiece a utilizar el acuífero para regadío, hecho que está previsto se produzca en la primavera de 1985. En la información suministrada por la comisión para clarificar el fondo del conflicto se especifica también que los pozos del IRYDA disponen de un sistema técnico para evitar su salinización. El control de estos pozos se ejercerá directamente desde un grupo de trabajo que en todo momento controlará cualquier uso distinto del previsto, lo que provocaría el cese inmediato de la extracción de agua.

Un mes para revisarlo

Después de los incidentes del lunes, la comisión que preside el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana y gobernador de Valencia, Eugenio Burriel, abre un nuevo plazo de un mes para que una subcomisión analice una vez más esta alternativa, la corrija si es necesario y estudie otras soluciones, siempre que se planteen por sus miembros de modo concreto y documentado. Esta subcomisión integra a representantes de la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo, gobiernos civiles de Alicante y Valencia, Ministerio de Agricultura, IRYDA, IGME, ayuntamientos de Denia, Oliva y Pego, comunidades de regantes y cámaras agrarias.La inversión del IRYDA se estima en 1.800 millones de pesetas, de los que el Estado aporta 1.300 a fondo perdido. Parece razonable, según la comisión, que quien se va a beneficiar de esta inversión pública "no se puede oponer legítimamente" a suministrar agua a un municipio que la necesita. La comisión, por último, condenó los graves incidentes del lunes.