Una negociación impotente

Tras realizar un análisis teórico de la relación entre violencia y política, el autor de este artículo pasa a sostener que la violencia que actualmente se ejerce en Euskadi es de naturaleza política. El epicentro político de la cuestión vasca reside, según el articulista, en que la demanda de autodeterminación, sentida por una parte de la sociedad, está políticamente prohibida por la Constitución, por lo que la revindicación de ese derecho pasa al marco de lo no político.

Definir la violencia política en los términos en que Clausewitz lo hizo para la guerra, es decir, como "una continuación de la política por otros medios", es una contradicción en los términos. Sin embargo, el equívoco sugiere una importante distinción analítica. De un lado, la política como fin. De otro, lo político (del mismo modo, lo no-político) como medio. La violencia organizada que desafía al poder establecido puede ser interpretada, por tanto, como un método para alcanzar objetivos de naturaleza política por procedimien tos ajenos a la práctica habitual, democrática y pacífica, de lo político. Generalmente, tiene lugar allí donde lo político es impotente, bien porque no existe, bien porque es deficitario, siendo dicha impotencia condición genética necesaria -que no suficiente- del comportamiento violento.Supuesto el conflicto en forma de lucha por el poder como identificable en toda sociedad, lo polítíco canaliza estrategias para su resolución, basadas en la comunicación, en esa genuina suerte de intercambio transaccional que denominamos negociación. Sin ella, la metamorfosis de lo conflictivo en violento es una eventualidad presumible en función del contexto sociocultural.

Sirva lo anterior como pórtico para afirmar que, en Euskadi, la violencia es, ante todo, aunque no sólo, una cuestión política. Para empezar, puede concebirse la violencia cómo medio, a veces necesario, de una política racional. Y ello afecta tanto a la inherente al sistema político como a la que emana de las entrañas mismas de la sociedad civil.

Euskadi se integra en un Estado, España, que dispone sobre aquél, como sobre el resto de sus territorios, el monopolio de la violencia física organizada. Como todo Estado, el español también se edifica en y por la violencia, conformando un ente institucional a través del cual aquélla deja de ser percibida por los ciudadanos que la padecen. Al menos, eso acontece cuando un Estado goza de amplia legitimación social. No es el caso del País Vasco, donde la legitimación del Estado español y la normalización de sus instituciones tropiezan con serias dificultades. El problema tiene hondas raíces históricas, en las que la brevedad de esta reflexión no va a detenerse.

Pese al actual nivel de autogobierno, asentado sobre el Estatuto de Gernika, la autodeterminación sigue siendo un derecho reclamado, con mayor o menor inmediatez y prudencia, por buena parte de los habitantes de Eukal Herria. Ocurre, sin embargo, que la Constitución de 1978 no sólo no reconoce tal derecho, sino que lo niega en virtud de la "indisoluble unidad de la nación española" (artículo 2). Es la sobredeterminación jurídica que consagra como no negociable una aspiración política objetivamente razonable y legítima. Estamos, de este modo, en el epicentro político de la reclamación nacionalista violenta. Lo político deviene constitucionalmente impotente y la reivindicación independentista pasa al ámbito de lo no político. A partir de aquí, el terrorismo torna la forma de un acto simbólico, diseñado dramática y publicitariamente para forzar la negociación de lo no negociable, acogiendo en su praxis la adhesión efectiva de un amplio sector de la población vasca.

La oferta no va al fondo

De la constitucional impotencia de lo político se alimenta también, reforzándola, la secular ambigüedad del Partido Nacionalista Vasco. Ambigüedad que, a su vez, es parcialmente responsable de la emergencia de esa redefinición radicalizada del nacionalismo que es Euskadi ta Askatasuna.

En este marco, el reciente ofrecimiento negociador dirigido por el Gobierno español a ETA no supone tentativa alguna de resolver el problema político de fondo. El público reconocimiento de la organización armada vasca como interlocutor válido es, pese a todo, un valioso prerrequisito. Los etarras ya no son meros asesinos a sueldo o criminales nihilistas, sino seres humanos con capacidad de juicio moral y razonamiento. Pero tal matiz político no alcanza -al menos manifiestamente- a los contenidos formales de la negociación propuesta. No representa, por tanto, Un avance significativo respecto de los esfuerzos iniciados en su día por el entonces ministro del Interior, Juan José Rosón, y los dirigentes de Euskadiko Ezkerra Juan María Bandrés y Mario Onaindía. Y mucho temo que ter mine por ser una discusión vacía que diluya y postergue compromisos acuciantes.

Se aduce que no caben nuevas medidas de carácter político. Pero ello es, a mi juicio, un error. Por lo ya señalado, es incierto que hayan sido agotadas las posibilidades políticas de una franca negociación. No cabe sino conjeturar la incidencia bloqueadora de factores tales. como la teoría y práctica nacionales del corporativismo castrense.

Las alternativas políticas urgen, por cuanto no es posible permanecer al margen del impacto humano y las consecuencias sociales de la trágica secuencia de acción / represión / acción, que se multiplica (Comandos Autónomos, GAL) y amenaza con convertir a la violencia en elemento endémico al suceder colectivo de lo vasco. Ni es justo aplazar las soluciones, delegando en generaciones futuras la envenenada herencia de esta mutua intolerancia.

Bien hará el Gobierno de Felipe González en afrontar el problema con mayor imaginación. Vuélvase la mirada hacia los logros de Belisario Betancur en la pacificación de Colombia y analícese una vez más el caso de Quebec. Cambiemos las reglas del juego para que cesen la violencia, el terror y la represión. Para que, predominando la sensatez sobre la histeria, la vida sea un argumento político tan poderoso como lo viene siendo, tristemente, la muerte.

ha publicado Terrorismo y sociedad democrática (1982) y es coordinador del volumen recientemente aparecido, Violencia y política en Euskadi (1984).