La fiscal de Madrid dice que preguntó a García Ortiz si filtró el correo de la pareja de Ayuso y que él contestó “ahora eso no importa”

La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha asegurado este jueves en el Tribunal Supremo que, la mañana del 14 de marzo de 2024, le preguntó al fiscal general del Estado si había filtrado él los correos intercambiados entre el fiscal del caso y el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por fraude fiscal, y Álvaro García Ortiz le contestó: “Eso ahora no importa”. Fuentes jurídicas aseguran que, según las explicaciones dadas por Lastra, la pregunta la hizo en tono de reproche, dando por hecho que la filtración había salido de la Fiscalía General. La fiscal superior ha asegurado también que le llamó la atención que en las informaciones publicadas ese día había datos que no podían haber salido de otro sitio que no fuera la Fiscalía.

Lastra y el fiscal de Delitos Económicos encargado de investigar a González Amador, Julián Salto, han declarado en el Tribunal Supremo, donde estaban citados como testigos en la causa abierta al fiscal general por revelación de secretos. El magistrado Ángel Hurtado, instructor del caso, les ha convocado para buscar pruebas sobre la filtración a varios medios de comunicación de un correo electrónico del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En ese email, que desmontaba un bulo difundido por el equipo de la presidenta madrileña, la defensa admitía dos delitos fiscales y ofrecía un pacto al ministerio público para evitar la entrada en prisión de su cliente.

El correo electrónico que se investiga se difundió por primera vez en los medios la noche del pasado 13 de marzo. A la mañana siguiente, varios medios hablaban ya de ese email, y, en ese contexto, se produjo la conversación entre Lastra y García Ortiz que la fiscal superior ha contado ante el juez. Según Lastra, esa mañana ella estaba “quemada” por la filtración de la denuncia y los correos y por la nota de prensa redactada la noche anterior por la Fiscalía General, que ella asegura que no compartía. Ese comunicado, según su versión, se lo mandó a las 8.44 su jefe de prensa, que la amenazó con dimitir si la Fiscalía Superior la suscribía. Lastra ha contado en el Supremo que ella pidió tiempo para leer la nota antes de que se difundiera, pero la Fiscalía General la hizo pública a las 9.03.

Lastra ha asegurado que esa mañana tuvo seis llamadas perdidas del fiscal general que no pudo atender porque estaba en un túnel sin cobertura. Cuando por fin hablaron, intercambiaron opiniones sobre lo sucedido y se produjo la conversación sobre la filtración del correo que la fiscal superior ha contado al magistrado Hurtado. La fiscal superior ha narrado también el intercambio de llamadas y mensajes que se produjo la noche del 13 de marzo, cuando la Fiscalía General reclamó a la madrileña los correos electrónicos intercambiados con el letrado de González Amador para elaborar una nota de prensa con la que desmentir el bulo que estaba lanzando el entorno de Díaz Ayuso.

Los correos los tenía el fiscal Salto, que esa noche estaba en el Estadio Metropolitano viendo un partido, por lo que tardó en enviar algunos de los documentos que le reclamaban. Lastra ha asegurado que, ante la insistencia de la Fiscalía General para acceder a esos mails, ella le dijo a la fiscal provincial —Pilar Rodríguez, también investigada en el alto tribunal— que para la elaboración de la nota de prensa no hacían falta y que había riesgo de que se filtraran.

Lastra ya declaró como testigo en junio pasado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde empezó a instruirse la causa. En aquel momento, lo que se investigaba no era la filtración, sino la nota de prensa difundida por la Fiscalía. No obstante, fuentes jurídicas aseguran que también entonces se le preguntó a la fiscal superior por la filtración de la denuncia y los correos del caso, pero ella no contó esos detalles de sus conversaciones con la fiscal Rodríguez y con García Ortiz que ha narrado ahora.

La fiscal superior ha subrayado ante el juez que ella le trasladó a la jefa provincial su “enfado” por la nota y por la filtración. Lastra dio desde el principio por hecho que toda la información había salido de la Fiscalía porque en la información emitida la noche del 13 de marzo en la Cadena SER, que fue la primera en difundir el contenido del correo del abogado de González Amador, había datos que solo venían en las diligencias de información que se habían remitido desde la Fiscalía madrileña a la General para dar cuenta del caso dada la relevancia mediática del mismo. La denuncia de la Fiscalía contra González Amador se presentó el 20 de febrero, pero, según Lastra, ella no tuvo conocimiento hasta el 8 de marzo de que el presunto defraudador era pareja de Ayuso.

La declaración de Lastra se ha prolongado durante una hora y 35 minutos. Algo menos, alrededor de una hora, ha durado la declaración del fiscal Salto, quien también ha afirmado que no tuvo conocimiento de que el dueño de la empresa Maxwell Cremona era pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hasta la noche del 13 de marzo, cuando El Mundo publicó que la Fiscalía había propuesto un pacto la defensa de González Amador, nadie le reclamó los correos intercambiados con el abogado, que desmontaban esa versión porque dejaban constancia de que había sido el letrado quien, tras admitir que su cliente había cometido dos delitos fiscales, había abierto la puerta a un pacto de conformidad con el Ministerio Público que le librara de entrar en la cárcel. Según ha contado Salto, esa noche le urgieron a mandar los mails porque, según le dijo la fiscal provincial, García Ortiz los quería “ya”.

A Salto, que es el responsable de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías de la Fiscalía madrileña, le han preguntado también por la existencia de un protocolo que inste a los fiscales a eliminar todo el contenido de sus teléfonos móviles con regularidad y a formatear y vaciar el terminal antiguo cuando cambian de dispositivo. Esa fue la explicación que han dado fuentes fiscales tras conocerse que García Ortiz cambió de dispositivo el 23 de octubre —cuando el Supremo ya le había encausado por revelación de secretos— y borró los mensajes enviados y recibidos de su teléfono móvil. Esa operación, aseguraron estas fuentes, se había hecho en cumplimiento de una instrucción en materia de protección de datos dictada en 2019 y de una guía difundida por el delegado de protección de datos de la Fiscalía en 2022. El fiscal Salto ha asegurado desconocer la existencia de tal protocolo.