La fiscal de Madrid dice que preguntó a García Ortiz si filtró el correo de la pareja de Ayuso y que él contestó “ahora eso no importa”

La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha asegurado este jueves en el Tribunal Supremo que, la mañana del 14 de marzo de 2024, le preguntó al fiscal general del Estado si había filtrado él los correos intercambiados entre el fiscal del caso y el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por fraude fiscal, y Álvaro García Ortiz le contestó: “Eso ahora no importa”. Fuentes jurídicas advierten de que, según las explicaciones dadas por Lastra, la pregunta la hizo en tono de reproche, dando por hecho que la filtración había salido de la Fiscalía General. La fiscal superior ha asegurado también que le llamó la atención que en las informaciones publicadas ese día había datos que no podían haber salido de otro sitio que no fuera la Fiscalía.

Lastra y el fiscal de Delitos Económicos encargado de investigar a González Amador, Julián Salto, han declarado en el Tribunal Supremo, donde estaban citados como testigos en la causa abierta al fiscal general por revelación de secretos. El magistrado Ángel Hurtado, instructor del caso, les ha convocado para buscar pruebas sobre la filtración a varios medios de comunicación de un correo electrónico del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En ese email, que desmontaba un bulo difundido por el equipo de la presidenta madrileña, la defensa admitía dos delitos fiscales y ofrecía un pacto al ministerio público para evitar la entrada en prisión de su cliente.

El correo electrónico que se investiga se difundió por primera vez en los medios la noche del pasado 13 de marzo. A la mañana siguiente, varios medios hablaban ya de ese email, y, en ese contexto, se produjo la conversación entre Lastra y García Ortiz que la fiscal superior ha contado ante el juez.

Según Lastra, esa mañana ella estaba “quemada” por la filtración de la denuncia y los correos y por la nota de prensa redactada la noche anterior por la Fiscalía General. Ella la noche del 13 de marzo estaba de acuerdo en redactar un comunicado que desmintiera la versión del entorno de Ayuso, pero, a la mañana siguiente, se negó a publicarla. Ese comunicado, según su versión, se lo mandó a las 8.44 su jefe de prensa, que la amenazó con dimitir si la Fiscalía Superior la suscribía.

Lastra ya declaró como testigo en junio pasado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde empezó a instruirse la causa. En aquella ocasión, la fiscal superior explicó que se opuso al contenido de la nota porque, en su opinión, no era necesario detallar los correos, ni si González Amador había reconocido los hechos. “Como existe una norma de actuación establecida, bastaba con explicar en la nota de prensa que había habido una filtración irregular, quebrando la confianza con el letrado y la Fiscalía de un correo electrónico en el que, además, se afirmaba que el fiscal había recibido instrucciones. Se podía haber explicado eso con cómo funcionan las conformidades cuando el ámbito es preprocesal”, argumentó Lastra en el TSJ.

En aquel momento, lo que se investigaba no era la filtración, sino la nota de prensa difundida por la Fiscalía. No obstante, fuentes jurídicas aseguran que también entonces se le preguntó a la fiscal superior por la filtración de la denuncia y los correos del caso, pero ella no contó esos detalles de sus conversaciones con la fiscal Rodríguez y con García Ortiz que ha narrado ahora. Fuentes consultadas aseguran también que las objeciones de Lastra a la nota de prensa en la mañana del 14 de marzo no fueron porque ella considerara que el texto revelara datos confidenciales, sino porque el contenido del comunicado ya había sido publicado en varios medios de comunicación.

La fiscal superior ha asegurado en el Supremo que en la mañana del 14 de marzo tuvo seis llamadas perdidas del fiscal general que no pudo atender. Cuando por fin hablaron, intercambiaron opiniones sobre lo sucedido y se produjo la conversación sobre la filtración del correo que ha contado al magistrado Hurtado.

Lastra ha narrado también el cruce de llamadas y mensajes que se produjo la noche antes, cuando la Fiscalía General reclamó a la madrileña los correos electrónicos intercambiados con el letrado de González Amador para elaborar la nota de prensa con la que desmentir el bulo que estaba lanzando el entorno de Díaz Ayuso.

Los correos los tenía el fiscal Salto, que esa noche estaba en el Estadio Wanda Metropolitano viendo un partido, por lo que tardó en enviar algunos de los documentos que le reclamaban. Lastra ha asegurado que, ante la insistencia del fiscal general para acceder a esos mails, ella le dijo a García Ortiz que no le hacía falta leerlos porque se había reunido el día antes con Salto y este le había contado con detalle sus conversaciones con el abogado de la pareja de Ayuso. Fuentes jurídicas aseguran que Salto, que ha declarado después de Lastra, ha negado esta reunión cuando ha sido preguntado por ella.

La fiscal superior ha asegurado que también le dijo a la fiscal provincial -Pilar Rodríguez, también investigada en la causa- que para la elaboración de la nota de prensa no hacían falta los correos del abogado y que, además, le advirtió de que había riesgo de que se filtraran. Lastra afirma que puso asimismo de manifiesto ante Rodríguez su “enfado” por la nota y por la filtración de los correos. Según ha explicado, ella dio desde el principio por hecho que toda la información había salido de la Fiscalía porque en la información emitida la noche del 13 de marzo en la Cadena SER, que fue la primera en difundir el contenido del correo del abogado de González Amador, había datos que solo venían en las diligencias de información que se habían remitido desde la Fiscalía madrileña a la General para dar cuenta del caso dada la relevancia mediática del mismo.

Lastra, según las fuentes consultadas, también ha explicado que se sintió “puenteada” porque fue la fiscal provincial quien dio cuenta del caso a la Fiscalía General -en concreto al jefe de la secretaría técnica, Diego Villafañe, también investigado en el caso-. Según la fiscal superior, el cauce normal es que la fiscal provincial de traslado a la superior y esta lo comunique a la Fiscalia General.

Salto desconoce el protocolo de borrado de mensajes

La declaración de la fiscal superior se ha prolongado durante una hora y 35 minutos. Algo menos, alrededor de una hora, ha durado la declaración del fiscal Salto, quien también ha afirmado que no tuvo conocimiento de que el dueño de la empresa Maxwell Cremona a la que él había denunciado por fraude fiscal a Hacienda era pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hasta la noche del 13 de marzo, cuando El Mundo publicó que la Fiscalía había propuesto un pacto la defensa de González Amador, nadie le reclamó los correos intercambiados con el abogado, que desmontaban esa versión porque dejaban constancia de que había sido el letrado quien, tras admitir que su cliente había cometido dos delitos fiscales, había abierto la puerta a un pacto de conformidad con el ministerio público que le librara de entrar en la cárcel. Según ha contado Salto, esa noche le urgieron a mandar los mails porque, según le dijo la fiscal provincial, García Ortiz los quería “ya”.

Salto ha señalado ante el juez que, en su opinión, el abogado de González Amador se saltó el secreto profesional al entregarle el correo al jefe de prensa de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que fue quien lo hizo llegar a varios medios de comunicación la tarde del 13 de marzo. A Salto, que es el responsable de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías de la Fiscalía madrileña, le han preguntado también por la existencia de un protocolo que inste a los fiscales a eliminar todo el contenido de sus teléfonos móviles con regularidad y a formatear y vaciar el terminal antiguo cuando cambian de dispositivo. Esa fue la explicación que han dado fuentes fiscales tras conocerse que García Ortiz cambió de dispositivo el 23 de octubre —cuando el Supremo ya le había encausado por revelación de secretos— y borró los mensajes enviados y recibidos de su teléfono móvil. Esa operación, aseguraron estas fuentes, se había hecho en cumplimiento de una instrucción en materia de protección de datos dictada en 2019 y de una guía difundida por el delegado de protección de datos de la Fiscalía en 2022. El fiscal Salto ha asegurado desconocer la existencia de tal protocolo.