Los elevados costes de despido desaniman la inversión empresarial

ENVIADO ESPECIAL Las nuevas fórmulas de contratación laboral que viene instrumentando la Administración española no serán suficientes para lograr que los empresarios privados se atrevan a realizar proyectos de inversión a medio y lago plazo, porque el mayor problema existente es el derivado de los elevados costes de despido para los trabajadores fijos, señaló ayer en Santander José Luis Malo de Molina, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del servicio de estudios del Banco de España, en el seminario que sobre la crisis económica tiene lugar en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Las posibilidades de un acuerdo social a medio plazo pasan por el compromiso gubernamental de reducir los elevados costes de transformación que las empresas tienen en el momento en que se ven obligadas a reducir el volumen de sus plantillas.

José Luis Malo señaló en su intervención que la rigidez del mercado de trabajo en España tiene su plasmación más importante en lo que cuesta despedir a un trabajador fijo. Y ello no puede solucionarse de forma exclusiva por decisión gubernamental toda vez que buena parte de las indemnizaciones están fijadas en distintas claúsulas de los convenios colectivos firmados entre los sindicatos y las patronales sectoriales.

Por ello, en su opinión, y a la luz de que la mayor parte de la destrucción de empleos en el sector privado de la economía ha tenido ya lugar, los sindicatos deberían renunciar a estas elevadas indemnizaciones lo que favorecería la contratación por tiempo indefinido de nuevos trabajadores.

Las estadísticas existentes muestran que solo el 30% de las contrataciones que están teniendo lugar en estos últimos meses se hacen acogiéndose a las nuevas normas de flexibilización del mercado de trabajo en cuanto a duración temporal de los contratos, tiempo parcial o empleo juvenil.

Facilitar el despido

Para Malo de Molina, ello significa que cuando un empresario se decide a invertir a largo plazo para obtener beneficios, basa su contratación laboral sobre los mecanismos legales antiguos. Con este razonamiento llega a proponer la desaparición de trabas en cuanto al despido porque ello clarificaría los costes finales de toda inversión y podría ayudar a que los empresarios se decidieran a invertir.Las contrapartidas exigibles por parte de los sindicatos a esta renuncia considerada hasta ahora como fundamental solo podría venir de la mano de una universalización de la cobertura por desempleo a cargo de los presupuestos generales del Estado.

Entre 1970 y 1983 los salario reales por persona han crecido un 38% a pesar de la crisis que ha padecido la economía española. El ajuste laboral de la crisis ha venido no tanto por una disminución del salario real, como ha ocurrido en la mayor parte de los países industrializados, como por una mayor destrucción de empleos y la elevación de la tasa de paro en España, la más elevada de los países miembros de la OCDE.