El tribunal de Pau concedió cuatro de las cinco extradiciones de 'etarras' solicitadas por el Gobierno español

El tribunal de la localidad francesa de Pau emitió ayer un dictamen favorable a la extradición a España de cuatro de los cinco presuntos activistas reclamados por la justicia española que comparecieron ante esa Cámara en las últimas semanas para responder a las acusaciones presentadas contra ellos. La decisión del tribunal excluye por falta de pruebas a Xabier Otazu Txakartegui, presunto miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA) acusado de participar en un atraco contra una entidad de ahorro. Otazu Txakartegui, de 25 años, deberá ser puesto en libertad, pero su abogada, Christianne Fando, no descarta que las autoridades francesas decidan confirmarle fuera de los departamentos fronterizos o expulsarle de Francia.

Los cuatro presuntos miembros de ETA Militar, cuya extradición autorizó ayer la Cámara de Pau, son Francisco Javier Lujanbio Galdeano, de 29 años, natural de Hernani;, Luciano Eizaguirre Mariscal, de 28 años, natural de San Sebastián; José Manuel Martínez Beistegui, de 25 años, natural de Vitoria, y José Carlos García Ramírez, de 27 años, natural de Bilbao. Todos ellos están acusados de asesinato o de tentativa, de asesinato y deberán permanecer encarcelados a la espera de la decisión final que corresponde al Gobierno francés.La notificación de la última sentencia favorable a la extradición originó un tumulto en la sala de juicios del Palacio de Justicia de Pau, fuertemente custodiado por efectivos de las Compañías Republicanas de Seguridad (CRS). José Carlos García Ramírez y otros de los inculpados trataron de arrastrar a sus guardianes, a quienes estaban esposados, y mezclarse con el público: refugiados, familiares y miembros de las gestoras pro aministía que sumaban una cifra de personas, inferior a la de días atrás.

Se produjeron situaciones de forcejeo entre la policía y los acusados y el público. La madre de uno de los detenidos sufrió un desvanecimiento y cayó al suelo. Los acusados fueron sacados de la sala a empujones o en volandas, entre gritos de exasperación e insultos a la policía que estuvo a punto de desalojar violentamente la sala. La viuda de Mikel Goikoetxea, Txapela, el dirigente de ETA Militar asesinado hace varios meses por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fue zarandeada por un policía al igual que otros refugiados, algunos de los cuales arrojaron monedas de un franco y rompieron una de las lámparas.

La crispación se apoderó igualmente de los refugiados que en ese momento guardaban cola en la antesala del Palacio ante los policías que cacheaban minuciosamente a cada una de las personas que pretendían entrar en la sala del juicio. Durante varios minutos, puño en alto, los refugiados corearon todo tipo de consignas, preferentemente Gora ETA militarra, ante los cordones policiales que, finalmente, paso a paso, y sin utilizar la fuerza, desalojaron el Palacio de Justicia.

'Peixoto' calmó los ánimos

Una vez fuera del edificio, tras una pancarta de Extradiziorik ez (no a las extradiciones) y una ikurriña, los manifestantes prosiguieron en sus insultos de "mercenaríos", "asesinos", "fascistas", "argelinos" y "nazis", dirigidos a los CRS. Un ciudadano francés miembro del comité de apoyo a los refugiados se dirigió a los presentes para proponerles que participaran en una manifestación pacífica hasta la prisión de Pau.Sus palabras fueron acogidas con silbidos y gritos de protesta y tuvo que ser un histórico de ETA militar que ha sufrido varios atentados, José Manuel Pagoaga Gallastegui, Peixoto quien calmó los ánimos. "La sangre está caliente, pero hoy y aquí la violencia no es buena para nosotros", afirmó en euskera. "Es necesario", añadió, "que realicemos una manifestación tranquila sin caer en las provocaciones que nos tienden". Su intervención fue acogida con tímidos aplausos y poco después los congregados se dirigieron en manifestación hasta la cárcel.

En los jardines situados delante de la fachada del Palacio de Justicia, la madre de Luciano Eizaguirre increpaba insistentemente a las policías española y francesa, a sus gobiernos y a los medios informativos.

El dictamen hecho público ayer cierra el proceso judicial desarrollado en la Cámara de Acusación de Pau en las últimas semanas contra un total de ocho presuntos activistas detenidos en Francia en cumplimiento de la requisitoria difundidas por la Interpol y a instancias de la Justicia española. El Pasado día 9 este Tribunal se pronunció a favor de la extradición de Ángel Castrillo Allende, de 27 años, Francisco Javier Alberdi Beristain, de 42 años, José Miguel Galdós Oronoz, de 30 años y de José Carlos García Ramírez.

Delitos graves

La argumentación del presidente del Tribunal, el juez Suhaan se apoyó en la tesis expuesta ya en los juicios precedentes de que "el término refugiado no puede proteger a quienes por la fuerza o por la violencia intentan derrocar instituciones legales de su país. La policía española", subrayó en varios momentos de su exposición, "se basa en delitos graves y no solo en la pertenencia de los detenidos a la organización independentista ETA". E juez fundamentó su decisión contraria a la extradición de Otazu Txakartegui en la falta de pruebas que determinaron la participación de éste en el atraco del que se le acusa. "El hecho de que las armas utilizadas en dicho atraco hayan sido encontradas en posesión del acusado", indicó, "no demuestran la participación de éste en la acción".

La abogada de la defensa Christianne Fando cree que los recursos que ha presentado contra la decisión del Tribunal de Pau pueden prosperar en la Cámara de Casación de París que debe pronunciarse en un plazo inferior a los tres meses. Fando sostiene que los juicios de extradición se han desarrollado sin dar opción real a la defensa y han incurrido en numerosos defectos de forma. Si sus recursos son admitidos por la Cámara de Casación deberán celebrarse nuevos juicios ante un tribunal distinto al de Pau.

El Gobierno francés anunció tiempo atrás que esperará a que se agote el proceso judicial antes de adoptar una decisión. Esta actitud, hace suponer que los siete detenidos permanecerán en prisión en los próximos meses.