La absolución de De Lorean, acusado de tráfico de cocaína, una condena de los abusos en la acción policial

Sólo la mitad de los 12 miembros del jurado que absolvió el pasado jueves de la acusación de tráfico de cocaína al constructor de automóviles y hombre de negocios norteamericano John de Lorean creía en que éste era inocente, según un portavoz del propio jurado. Sin embargo, todos ellos estuvieron de acuerdo en que la acción criminal que estaban contemplando en las cintas de vídeo presentadas por la acusación era un montaje de los agentes federales y de sus confidentes, en el que el acusado sólo hacía el papel de víctima. Al final, lo que se juzgaba en el juicio, más que el caso De Lorean, pareció ser la cuestión de los límites de la actuación policial.

A los cinco meses de iniciado el juicio, y casi dos años más tarde de que, los agentes del Buró Federal de Investigación (FBI), detuvieran a De Lorean, el jurado le declaró inocente de las 12 acusaciones presentadas por el fiscal y que, en el peor de los casos, podrían haberle supuesto una condena de 67 años de prisión.La tesis de la defensa, que supo presentar el caso ante la opinión pública como una batalla por definir los límites de la actuación policial contra ciudadanos indefensos y sin antecedentes criminales, ha sido la que ha prevalecido al final.

De Lorean es un brillante ejecutivo de la industria del automóvil que abandonó su puesto de subdírector de la General Motors para lanzar una nueva marca de sofisticados vehículos deportivos fabricados en Irlanda del Norte. Las dificultades por las que pasó este negocio fueron, según la tesis de la acusación, las que le llevaron a conspirar para traficar con cocaína por valor de 24 millones de dólares (casi 4.000 millones de pesetas).

Una gran publicidad rodeó el caso desde el momento en que De Lorean fue detenido en un hotel de Los Ángeles, el 19 de octubre de 1982, y su mujer, la bellísima modelo Cristina Ferrare, apareció ante las cámaras de televisión visitándole a través de las rejas de la prisión de Terminal Island. Después vino la filtración a la televisión de las cintas de vídeo grabadas por el FBI, que supuestamente le incriminaban.

La elección de los jurados, para la que el juez Robert Takasugi debió entrevistar a más de 200 personas en busca de 12 que no hubieran sido influencíadas por la publicidad del caso, dio como resultado que los finalmente seleccionados eran todos personas de considerable nivel cultural, entre los que se incluía un contable, un policía retirado y un ejecutivo. Esto hizo posible que comprendieran que lo que allí se estaba juzgando no era la actuación de De Lorean, sino la conduéta del Gobierno.

A medida que avanzaba el juicio, este aspecto de la cuestión fue cobrando fuerza, especialmente cuando la defensa presentó como testigo sorpresa a uno de los agentes federales que habían intervenido en la operación, Gerald Scott, quien describió ante el juez los detalles cotidianos de su trabajo y el de sus compañeros durante los días en que tenían cercado al acusado. Admitió que él mismo, como todos sus colegas, estaba fascinado por el caso y relató la excitación que les embargaba a todos cuando se dieron cuenta de que habían capturado una pieza de caza mayor. "El Gobierno creó, coreografió y realizó el caso De Lorean", dijo; "espero que esto haya servido para algo".

Tampoco la actuación del testigo de la acusación Jarnes Hoffman, un traficante de drogas arrepentido que trabajaba para el FBI y que fue quien propuso el negocio a De Lorean, sirvió al fiscal federal para probar sus tesis. Hoffman no resistió demasiado bien el interrogatorio de la defensa, y su imagen no logró infundir confianza en ningún momento.

Una semana ha tardado el jurado en decidir el veredicto. Una vez conocido, De Lorean afirmó: "Sabía desde el primer día que sería declarado inocente", declaró. "Lo único que me preocupaba era cómo llegar a comunicar la verdad de lo que sucedió. Tenía enfrente a un enemigo formidable, y en algunos momentos llegué a penlar que sólo un milagro podía salvarme".

Esta vez se ha producido el milagro, pero en otoño empezará el juicio que se le sigue en Detroit por quiebra fraudulenta y evasión de impuestos. Entre otras cosas, tiene que justificar la ruina de la empresa que costó al Gobierno británico 160 millones de libras esterlinas. Se sabe, por ejemplo, que pagó nueve millones de dólares a una firma suiza, supuestamente dedicada a la investigación en tecnologías punta, pero todo parece indicar que la tal compañía no existe y no es más que un apartado de correos en Ginebra. Se sospecha que este dinero volvió a Estados Unidos a la cuenta privada de John de Lorean.