El Tribunal de Pau, favorable a la extradición de cuatro 'etarras'

El Tribunal de Pan emitió ayer un dictamen favorable a la extradición a España de cuatro presuntos miembros de ETA Militar detenidos el mes pasado en el sur de Francia en cumplimiento de las requisitorias difundidas por la Interpol a instancias de la Justicia española. El destino inmediato de los cuatro presuntos etarras -José Miguel Galdós Oronoz, Ángel Castrillo Allende, Francisco Javier Alberdi Beguiristain y José Carlos García Ramírez- depende ahora del Gobierno francés, que puede vetar o ratificar el dictamen del tribunal de Pau sin atenerse a un plazo determinado. La defensa recurrirá ante el Tribunal Supremo francés, pero los abogados consideran improbable que ese organismo judicial admita un recurso de esta naturaleza.

La noticia de la concesión de las extradiciones exasperó al centenar de refugiados etarras que acudió con pancartas al Palacio de Justicia de Pau en un intento de evitar esa decisión. Gritos de rabia, lágrimas de impotencia, insultos al juez Serny, quien, ligeramente descompuesto por la airada reacción de los refugiados, abandonó precipitadamente la sala, rodeado de puños en alto y vivas a ETA Militar. Antes de comunicar la sentencia a cada uno de los cuatro detenidos, el Tribunal dio a conocer a la abogada de la defensa, Christine Fando, la existencia de nuevos cargos contra José Carlos García Ramírez, acusado hasta ahora del asesinato de un guardia civil en Éibar en 1980. Los nuevos informes enviados por los juzgados españoles atribuyen a este presunto activista otros tres asesinatos. José Carlos García salió de la sala arrastrado por la policía y entonando el Eusko gudariak (himno del soldado vasco). Momentos antes había increpado al juez llamándole mercenario y Poncio Pilatos, con voz segura pero con el rostro demudado, al borde de las lágrimas.Otro acusado preguntó al juez si era consciente de que les enviaba a un país en el que se tortura, y se oyeron gritos de "hijos de puta", dirigidos al tribunal. El juez Serny se ratificó en su anterior decisión de rechazar, "para no entrar en un debate ideológico", la presentación de los testigos, probablemente cargos electos de Herri Batasuna, que proponía la defensa.

En el momento en que la sentencia era hecha pública, la mayoría del centenar de refugiados que acudió al Palacio de Justicia de Pau no había logrado penetrar en las sala de la audiencia y hacía cola ante los policías franceses que cacheaban al público, provistos de un detector de metales.

Indiferencia policial

Una joven que se encontraba dentro de la sala salió gritando: "Extradizioak eman dituste" ("Han concedido las extradiciones"), y la indignación se apoderó de los residentes vascos, que gritaron hasta enronquecer "González, asesino; Mitterrand, cómplice", e insultaron a los policías que cubrían la puerta en una actitud indiferente, distante. Los ánimos se encresparon todavía más cuando la abogada Christine Fando y los etarras inculpados abandonaron la sala de audiencias. Los policías tomaron posiciones, dispuestos a intervenír, pero finalmente el grupo abandonó el Palacio de Justicia con expresiones de impotencia y de rabia para dirigirse en manifestación hasta la prisión de la ciudad, a la que habían sido devueltos los cuatro acusados y en la que permanecen igualmente otros cuatro presuntos activistas detenidos en las últimas semanas y reclamados por juzgados españoles. Dos de ellos serán juzgados el próximo día 17 en esta misma cámara por un magistrado distinto.Los refugiados y sus abogados se han sentido desconcertados por la celeridad con que se ha producido la decisión del tribunal. El miércoles acudieron a Pau contando con el aplazamiento de la vista y convencidos de que la sesión se reduciría a meras diligencias de identificación. En contra de su conducta habitual, el tribunal denegó el aplazamiento y declaró abierta la vista, pese a que la abogada Christine Fando alegó no haber dispuesto de tiempo suficiente para preparar la defensa.

El Comité de Refugiados había anunciado una manifestación para el próximo día 15, porque pensaban que los primeros juicios de extradición se celebrarían en esa fecha. La defensa pretendía presentar numerosos testigos y hacerse eco de declaraciones públicas de dirigentes políticos vascos, no sólo de Herri Batasuna, en el intento de convertir los juicios de extradición en una tribuna de denuncia contra el Gobierno español.