El Gobierno fija un plazo de tres años para reducir a seis las nueve regiones militares

El Consejo de Ministros aprobó ayer, en su última reunión anterior a las vacaciones, un decreto por el que se reducen a seis las actuales nueve regiones militares, con la consiguiente limitación de medios humanos y la reordenación del despliegue de las unidades militares del Ejército de Tierra. El Gobierno se toma un plazo de tres años para culminar la ejecución de esta reforma. Otra decisión importante del Consejo de Ministros fue la de remitir a las Cortes el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial, que será uno de los principales puntos de fricción con la oposición en el período de sesiones parlamentarias de otoño.

El decreto incluye una nueva denominación para demarcaciones territoriales en el Ejército de Tierra. Las nuevas regiones serán las siguientes: la primera, con sede en Madrid, Región Militar Centro; la segunda, con sede en Sevilla, Región Militar Sur; la tercera, con sede en Valencia, Región Militar Levante; la cuarta, con sede en Barcelona, Región Militar Pirenaica Oriental; la quinta, con sede en Burgos, Región Militar Pirenaica Occidental, y la sexta, con sede en La Coruña, Región Militar Noroeste. Las demarcaciones de Baleares y Canarias se llamarán Zona Militar de Baleares y Zona Militar de Canarias.La nueva Región Militar Levante es la única que no sufre variación en sus límites, ya que coincide con la actual tercera región. Antes de finalizar el presente año, posiblemente en octubre o noviembre, Defensa realizará la fusión de las actuales regiones segunda (Sevilla) -con excepción de Badajoz, que pasa a la primera- y la novena (Granada). Con esta fusión se creará la Región Militar Sur, que incluye Andalucía, Ceuta, Melilla, los peñones de Vélez y Alhucemas y las islas Chafarinas. Después se creará la Región Militar Pirenaica Oriental.

El otro acuerdo destacado del Consejo de Ministros es la puesta en marcha de la reforma de la Administración de Justicia, con la remisión a las Cortes del proyecto de ley orgánica del Poder Judicial, cuyos planteamientos son fuertemente criticados por la oposición y por el Consejo del Poder Judicial, que considera que limita su autonomía.

El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, manifestó ayer, al término del Consejo de Ministros, que el Gobierno pretende reformar la justicia para hacerla "más rápida, eficiente y barata". El Gobierno mantiene los dos aspectos más criticados por el Consejo del Poder Judicial: por una parte, la posibilidad de acceder a la judicatura sin oposición, y por otra, mantener bajo su control la gestión y la disposición de, medios económicos para la administración de la justicia.

Páginas 8 y 9