Los grupos Popular, Centrista y Vasco recurren la ley de Libertad Sindical
Los grupos parlamentarios Popular, Centrista y Vasco presentaron ayer, a primera hora de la tarde, a través del abogado José María Ruiz Gallardón, un recurso previo de inconstitucionalidad contra la ley orgánica de Libertad Sindical, aprobada el pasado jueves en el Pleno extraordinario del Congreso.La interposición de este recurso, suscrito por 53 diputados conservadores, 4 centristas y 8 nacionalistas vascos, supone la suspensión provisional de la entrada en vigor de la ley desde que el Tribunal Constitucional comunique que ha admitido a trámite el escrito.
En este sentido, Fernando Suárez, diputado de Alianza Popular, manifestó que "Io más grave de esta ley es que construye todo el edificio sindical sobre las elecciones sindicales en las empresas, lo que significa que tales elecciones alcanzan una categoría excepcional".
El recurso incluye, en síntesis, seis puntos sobre los que asentar la pretendida inconstitucionalidad de la ley. En primer lugar, los grupos firmantes consideran que la ley "no garantiza el ejercicio de la libertad sindical a todos los trabajadores y a todos los sindicatos", y afirman que la ley no respeta el derecho de sindicación de los funcionarios en las líneas establecidas por la Constitución, en la que se les reconoce este derecho, aunque con ciertas peculiaridades.
Los firmantes argumentan que el texto recurrido da un tratamiento incompatible con la Constitución al colectivo de trabajadores por cuenta propia, así como a los jubilados y parados, a quienes se prohíbe fundar sindicatos en defensa de sus propios intereses. También consideran inconstitucional el hecho de que se "desorbiten las atribuciones de los sindicatos más representativos".
El canon de negociación que deben pagar todos los trabajadores que estén incluidos en el marco de aplicación de un convenio supone otro de los puntos de choque dentro de la ley de Libertad Sindical, ya que ésta regula que, en el caso de que un trabajador se niegue a pagarlo, deberá comunicarlo por escrito, extremo éste que los diputados de la oposición califican como "violación de la libertad sindical".
