Funcionarios denuncian supuestas irregularidades en nombramientos directos por parte de la Junta

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el pasado 5 de junio un acuerdo por el que se faculta a los consejeros para hacer nombramientos directos, con carácter provisional, de cargos de nivel de jefes de servicio o de sección. Tal acuerdo permite la omisión del trámite de publicidad e inserción de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Estos hechos han sido denunciados ante la Dirección General de la Función Pública por un colectivo de funcionarios, que afirman que existen irregularidades en determinados nombramientos.La aprobación del citado acuerdo fue tomada el 5 de junio, pero no fue incluida entre las informaciones que el portavoz del Gobierno, Julio Artillo, explica habitualmente tras el Consejo de Gobierno de los martes. Varios días antes, la Consejería de Economía había aprobado una orden, que se publicó en el BOJA el día 22 de junio, por la que se nombraba a un funcionario como jefe del servicio de asesoramiento económico, sin que fuese anunciada esa vacante a la Consejería de Presidencia y sin que mediase convocatoria pública o anuncio de la vacante.

Un colectivo de funcionarios denunció este hecho como "desprecio a las personas que podrían estar interesadas en esa vacante". Según ese colectivo, este hecho denota "ausencia de transparencia" y crea precedentes, por lo que los funcionarios quedan en situación de indefensión ante futuras posibilidades de cubrir plazas. Estos extremos están contenidos en un escrito remitido a la Dirección General de la Función Pública, que tuvo entrada el día 3 de julio.

Presidencia no sabe

Sin embargo, muchos días después, la viceconsejera de Presidencia, Carmen Calleja, desconocía la existencia de tal escrito y del nombramiento del jefe de servicio de asesoramiento económico, sin su conocimiento ni inserción en el BOJA. Sí confirmó, por otro lado, la existencia del acuerdo, hasta ahora desconocido, que permite los nombramientos provisionales por parte de los consejeros directamente. La viceconsejera justificó la aprobación de ese acuerdo, que fue propuesto por la propia Consejería de Presidencia, aludiendo a que dado que aún no ha terminado el proceso de transferencias, se hallan en precario para muchos nombramientos, y a la no contravención del Decreto 135, que regula los nombramientos citados. Por otro lado, señaló que "no se hace nada irreversible", porque los nombramientos que no se ajusten a derecho no los tiene en cuenta la Intervención General de Fondos y, por tanto, no paga.Fuentes del funcionariado consultadas por este periódico concluían que, al no determinarse la provisionalidad de los nombramientos ni la duración del acuerdo que permite hacerlo directamente, éstos podrían mantenerse durante el tiempo que el cargo político considerase oportuno, y que su acceso al mismo dependía de los criterios personales de cada consejero.

Respecto al proceso de transferencias, tanto el ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra, como el presidente de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla, coincidían en señalar recientemente que el proceso estaba prácticamente ultimado y que las relaciones entre las administraciones central y autonómica pasaban de "deslindar competencias" a coordinar gestiones.