Las solicitudes para cubrir las plazas de secretarios municipales en el País Vasco suponen la mitad de los puestos convocados

Las solicitudes de traslado para cubrir las 131 vacantes convocadas en los cargos de secretario e interventor de los ayuntamientos vascos este año han sumado solamente 67, lo que significa un porcentaje del 51%, cifra inusual en otros años y desproporcionada respecto a la cobertura de vacantes en el resto de España. La lista provisional de vacantes fue publicada en el Boletin Oficial del Estado en marzo, y el plazo ha concluido en el presente mes. El asesinato del secretario del Ayuntamiento vizcaíno de Ispáster, el pasado 19 de junio, por un comando de ETA Militar, y las sucesivas negativas de las corporaciones locales controladas por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) a dar posesión a "los secretarios nombrados por Madrid" constituyen las causas de esta remisión de los funcionarios a solicitar su traslado a los municipios de Euskadi.

En 1981, el Gobierno Vasco reclamó para sí la competencia de nombrar a los secretarios e interventores de los municipios de Euskadi. La Administración central consideró que estos nombramientos constituían una facultad indelegable, y el contencioso llegó hasta el Tribunal Constitucional, que falló, mediante una sentencia del 7 de abril de 1983, en favor de la tesis del Gobierno central. La respuesta del Ejecutivo de Vitoria fué recomendar a los municipios controlados por el PNV que ralentizasen las tomas de posesión de estos funcionarios que habían solicitado su traslado a los municipios vascos siguiendo el cauce reglamentario de concurso de traslado.Anualmente, se publican en el Boletín Oficial del Estado, casi siempre en los meses de marzo o abril, las plazas vacantes de secretarios e interventores de ayuntamientos, para que los funcionarios que tienen esta condición puedan solicitar su traslado. El criterio valorativo que se emplea es el de concurso.

En 1983 no se habían cubierto las plazas de los municipios vascos, al estar pendiente el fallo del Tribunal Constitucional. Tan pronto como fue conocido, se designó a quienes debían cubrir estos puestos, y los elegidos se encontraron a la hora de tomar posesión con grandes reticencias por parte de las corporaciones dominadas por el PNV.

En algunos casos las negativas resultaron tan frontales que la Administración central emprendió acciones judiciales contra los alcaldes. Así, los de Aya y Usúrbil se encuentran procesados por la Audiencia Territorial de Guipúzcoa, acusados de un delito de prevaricación, en este caso por "dictar a sabiendas una resolución injusta".

Existen además diligencias judiciales contra otros 12 alcaldes del PNV de otras tantas localidades, vizcaínas y guipuzcoana corno consecuencia de sus negativas a dar posesión a los secretarios o interventores designados. Son, pues, 14 los puestos correspondientes a los traslados del pasado año, que están sin cubrir, además de los convocados para este año.

Sólo el 20% con los requisitos

Los restantes alcaldes con acciones penales pendientes son los de los municipios de Andoain, Motrico, Cizúrquil y Fuenterrabía, en Guipúzcoa; y de Munguía, Lequeitio, Arcentales, Urduliz, Gorliz, Gatica, Arrigorriaga y Larrabezúa en Vizcaya, todos ellos concejos con alcalde del PNV a su frente.El pasado mes de marzo apareció en el Boletín Oficial del Estado la lista provisional de vacantes, que contenía 1.689 puestos para cubrir en toda España. A partir de aquí se dio el plazo de aproximadamente un mes para que los municipios que tuviesen problemas fuesen excluidos de estas listas. De esta forma, en la convocatoria definitiva publicada en mayo pasado se habían excluido unos 370 de estos municipios, casi todos ellos pequeños.

Las razones en las que se fundamentaron estas exclusiones fueron, en unos casos, por insuficiencia económica de la corporación; en otros, por estar en trámite de agrupación con otros ayuntamientos, y por último, por haberse iniciado el proceso de cambio de clasificación u otras causas justificadas. Ningún municipio vasco, según medios próximos al Ministerio de Administración Territorial, ha solicitado acogerse a esta posibilidad de exclusión.

Por ello fueron convocadas las 131 vacantes y, sin embargo, sólo han sido recibidas en la Dirección General de Administración Local 67 solicitudes, de las que menos de un 20% presenta los requisitos exigidos. Los 14 secretarios que no pudieron asumir sus cargos el pasado año volvieron a participar en el concurso. Por tanto, este año quedarán vacantes más de un centenar de secretarías e intervenciones en las corporaciones locales vascas.

Actualmente no existe ninguna estrategia definida que pueda representar una solución a este problema. Los nacionalistas, traspasando el debate al campo de la autonomía municipal, pretenden tener la capacidad de designación de estos funcionarios, mientras la Administración central se mantiene al margen de cualquier intento de diálogo en tanto no se dé posesión a los secretarios nombrados el pasado año.