Movilizaciones contra la reconversión naval

LA IMPORTANCIA de las manifestaciones y paros registrados anteayer en Galicia, Asturias, Cantabria, Vizcaya, Sevilla, Cádiz y Valencia contra los planes del Gobierno para la reconversión de la industria naval ha estado en función del peso relativo de ese sector en la actividad económica y la población laboral de las comunidades y ciudades afectadas. En líneas generales, la jornada, considerada como un éxito por los organizadores, se desarrolló de forma pacífica y con brotes sólo aislados de violencia. La actuación intimidatoria de piquetes para forzar el cierre de los comercios y las obstaculizaciones del tráfico en algunas carreteras nacionales y líneas férreas, comportamientos que se sitúan al margen de las reglas de convivencia en un sistema democrático, son estampas demasiado habituales en este tipo de movilizaciones como para llamarse a sorpresa.A lo largo de los últimos meses, y especialmente desde la comparecencia en Televisión del presidente del Gobierno, ha ido ganando terreno en la sociedad la necesidad o la inevitabilidad de una política industrial orientada a frenar la terrible sangría causada en los presupuestos del Estado por las inversiones a fondo perdido, dirigidas a sectores ruinosos, carentes de futuro por obsolescencia tecnológica, sobredimensionamiento o caída de la demanda en el mercado mundial. No se puede decir, sin embargo, que los socialistas hayan cambiado de opinión o de diagnóstico en este terreno. El programa electoral del Partido Socialista Obrero Español afirmaba que la agudización de la crisis económica no había hecho sino aflorar las consecuencias de "la pasividad e improvisación de las políticas industriales pasadas", de forma tal que la década de los ochenta nos había sorprendido con sectores muy dependientes del exterior, sometidos a un intervencionismo poco transparente, poco o nada competitivos en el exterior y extremadamente frágiles y vulnerables ante los retos de la economía mundial. Ocurre, más bien, que no todos los votantes socialistas fueron conscientes de las consecuencias prácticas, a la vez impopulares y dolorosas, que implicaba el enunciado teórico de esos planes de reconversión.

Ahora bien, sería un acto de optimismo suponer que la mayor permeabilidad de la opinión pública para las razones profundas que llevan al Gobierno a adoptar esas medidas y para el carácter irremediable de su aplicación se hiciera también extensiva a los núcleos de población directamente afectados por la reconversión. Desde la serenidad de un despacho se puede constatar fríamente que las decenas de miles de puestos de trabajo amenazados por esa política de ajustes constituyen sólo una pequeña fracción de los dos millones y medio de parados registrados hoy en España. También cabe señalar que los afectados por las medidas de reconversión dispondrán de una cobertura de desempleo mucho más favorable que la ordinaria. Siguiendo esa misma línea de razonamiento, se puede igualmente recordar que el artificial mantenimiento del empleo en unas emprepas desesperadamente deficitarias, alimentadas por el gota a gota de los fondos presupuestarios y salvadas de la quiebra exclusivamente por su naturaleza pública, no hace sino mermar posibilidades a la creación de puestos de trabajo en nuevos sectores competitivos. Ahora bien, sería demasiado pedir a los trabajadores de esos sectores, o a los comerciantes de las ciudades y los pueblos incluidos en los planes de reconversión, la serenidad, el altruismo y la capacidad de racionalización suficientes para sobreponerse a las emociones y a los intereses negativamente afectados por las medidas de reestructuración.

Los trabajadores afectados por los planes de reestructuración y los sindicatos y partidos que apoyan sus movilizaciones suelen argumentar, por lo demás, que no se oponen a la reconversión en sí misma, sino a la manera de instrumentalizarla por el Gobierno y a la ausencia de una política paralela de reindustrialización.

Pero así como sería ingenuo tomarse al pie de la letra las propuestas de una reindustralización perfectamente sincronizada con la reconversión de los sectores en crisis, hay serios motivos para pensar que la política del Gobierno en este terreno se ha metido en conflictos innecesarios, ha carecido de sentido práctico y ha pecado de arrogancia. Hay empresas que han sido reconvertidas en este país de manera razonable y rápida, con menor conflictividad y sin el espectacular montaje de leyes, declaraciones y duelos que ha acompañado la gestión de Carlos Solchaga. Porque, para colmo, los ruidos han sobrepasado hasta ahora a las nueces en los planes de reconversión del Gobierno socialista. Finalmente, las áreas declaradas en crisis sufren en buena medida las consecuencias de la política industrial, expansionisa y triunfalista, impulsada durante la década de los sesenta y comienzos de los setenta desde el sector público. ¿No es hora ya de que el Gobierno exponga con detalle la génesis y la historia de esa gestión catástrofica, aunque algunos de sus responsables sigan mereciendo hoy la confianza de los socialistas?