El Supremo ratifica que el Ayuntamiento de Madrid infringió la ley y anula las oposiciones de 1980 en la Policía Municipal
El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Sala Segunda de la Audiencia Territorial de Madrid por la que se confirma que el ayuntamiento de la capital ha infringido el ordenamiento jurídico, y ordena la anulación de unas oposiciones realizadas hace cuatro años para cubrir 80 plazas de sargentos de la Policía Municipal. Las oposiciones fueron convocadas cuando José Barrionuevo era concejal de Circulación y Transportes, y Rafael Vera, delegado de Seguridad y Policía Municipal, en la actualidad ministro y subsecretario de Interior, respectivamente. Ambos iniciaban una amplia operación para modernizar y rejuvenecer el cuerpo, que se rige aún en estos momentos por una ley de 1928 y un reglamento que incluye la obligación expresa de que los agentes acaten los principios del régimen franquista.
La alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, por resolución de 20 de agosto de 1979, convocó concurso oposición restringido para cubrir 80 plazas de sargentos, en el que podían tomar parte los cabos y guardias de la escala masculina del cuerpo de Policía Municipal que tuvieran una antigüedad de cuatro años.Más de 40 cabos interpusieron sendos recursos de reposición contra esta resolución, en base al reglamento del cuerpo, que dispone que sólo quienes ocupen plazas de la categoría inmediata inferior pueden acceder al cargo superior. Los recursos fueron desestimados mediante decreto por el ayuntamiento.
Sólo los cabos
Los cabos, que se sentían perjudicados en su derecho preferente, promovieron un recurso contencioso- administrativo ante la Sala Segunda de la Audiencia Territorial, que sentenció que solamente los que ostentaban la categoría de cabos tenían derecho a tomar parte en el mencionado concurso. El ayuntamiento interpuso contra la sentencia de la audiencia un recurso de apelación, que ahora ha sido desestimado por el Tribunal Supremo.El actual concejal responsable del área de Circulación, Seguridad y Transportes, Emilio Garcías Horcajo, manifestó ayer que el equipo de gobierno municipal no ha tomado aún una decisión sobre la aplicación de la sentencia, que obligaría a anular los nombramientos de los 80 sargentos promovidos hace cuatro años y alterar de forma sustancial la actual estructura de la Policía Municipal. El servicio contencioso del ayuntamiento, según García Horcajo, prepara un informe. El concejal especificó que aunque el ayuntamiento acata la resolución judicial, "se estudian las vías de recurso posible, en especial el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, porque el reglamento actual del cuerpo va en contra de la Constitución".
Por otra parte, un portavoz de la Unión Sindical de Policía Municipal (USPM) calificó ayer la sentencia de "justa, puesto que el ayuntamiento se saltó a la torera la ley. La corporación se encontrará con problemas para aplicar la sentencia, puesto que tendrá que degradar a los sargentos, congelar sus cargos o hacer nombramientos interinos". El mismo portavoz expresó su opinión de que la actual ley de Policías Municipales, que data de 1928, está "caduca". La USPM interpreta que la convocatoria de aquellas oposiciones fue un intento de rejuvenecer los mandos del cuerpo de policía local.
La USPM informó también que a finales del mes de septiembre el pleno del ayuntamiento aprobará un nuevo reglamento del cuerpo, que ha sido elaborado democráticamente por los responsables municipales contando con todos los sindicatos. El nuevo reglamento suprime, entre otros, artículos aún vigentes pero caducos, como la necesidad de jurar los principios del Movimiento para acceder al cargo de Policía Municipal, y establece la obligatoriedad de que los nuevos agentes posean los estudios de BUP.
