Educación e inspección educativa
La enmienda introducida en la ley de la Reforma de la Función Pública el pasado 6 de junio, en nombre del Partido Socialista, por la cual se declaran a extinguir todos los cuerpos profesionales de inspectores de educación, ha provocado un importante revuelo entre los profesionales de la educación, además de convertir la noticia en un tema de máxima actualidad.Una rápida ojeada a los sistemas educativos de la mayor parte de los países de nuestra órbita, especialmente aquellos que gozan de amplio grado de libertades y elevado nivel de desarrollo, nos lleva inmediatamente a descubrir que cuentan con un grupo de profesionales, generalmente denominados inspectores (en Estados Unidos suele utilizarse la denominación de supervisores). La justificación de tales inspectores de educación viene dada, tanto por la complejidad del hecho educativo, que requiere árbitros cualificados o independientes, como por la necesidad de dotar a los sistemas educativos de profesionales expertos en educación, que pueden de algún modo equilibrar el poder creciente del sector burocrático. Una buena muestra de ello puede verse en un extracto del informe de la inspección de educación de Su Majestad sobre la educación en el Reino Unido, publicado en primera página del periódico The Times el pasado 7 de junio.
No parece probable que la extinción de los cuerpos profesionales de inspectores de educación propuesta por la enmienda socialista se fundamente sobre una descalificación global de los actuales inspectores de educación, a los que algún sector muy minoritario ha calificado curiosamente de "miembros de los cuerpos represivos". Esta calificación sólo pone de manifiesto el desconocimiento total de cómo funciona actualmente nuestro sistema educativo en el que los inspectores poseen sólo capacidad para hacer informes y propuestas: en consecuencia, si en nuestro sistema educativo existiera represión, no es a los inspectores, carentes del más mínimo poder de gestión, a los que debiera culparse.
Un esfuerzo por entender las razones que pudieran haber motivado la propuesta de extinción de la inspección profesional de educación puede llevarnos a suponer que ha podido hacerse sobre tres argumentos, plausibles en su contenido, pero poco acertados en su explotación. Tales posibles argumentos serían la potenciación de la carrera docente, la democratización de nuestro sistema educativo y la necesidad de conocer la realidad escolar.
Una educación mejor
La potenciación de la carrera docente es algo que viene defendiéndose en nuestro país desde hace años. Pero dicha carrera docente debe fundamentarse, tanto sobre el esfuerzo personal de los profesores, como sobre la necesidad de que su esfuerzo redunde en una mejor educación de los ciudadanos. La enmienda que nos ocupa destruye la posibilidad de acceder permanentemente a la inspección profesional, cuya extinción propone. La contrapartida que ofrece no puede satisfacer las legítimas aspiraciones de los profesores, toda vez que sólo les ofrece la oportunidad de ser adscritos temporalmente a determinadas funciones inspectoras, por supuesto sin acceder a grado alguno distinto del cuerpo docente de que proceden. Asimismo, la eliminación de inspectores profesionales de educación, que puedan trabajar con dedicación y estabilidad en este ámbito profesional y específico, puede perturbar seriamente el funcionamiento de nuestro sistema educativo en su necesario equilibrio y en los niveles de calidad exigibles.
La democratización de nuestro sistema educativo constituye asimismo una aspiración legítima, tanto de los profesionales de la educación, como de la sociedad española en general. Pero la historia, especialmente la de los últimos 100 años, viene a demostrar que, cuanto mayor sea el grado de desarrollo democrático de un país y de su sistema educativo, tanto más necesaria será una inspección de educación caracterizada por su profesionalidad, su cualificación (que supone conocimiento teórico-práctico del hecho educativo) y, su independencia de las distintas alternativas políticas.
Mas, si la historia de nuestro país no nos parece suficiente, podemos dirigir la vista fuera de España, siguiendo la sentencia de Goethe: "Para conocerte a ti mismo, compárate con los otros". Países como el Reino Unido e Irlanda pueden ser relevantes a tal fin: ambos cuentan con inspectores profesionales de educación, cuya independencia llega hasta imponerles la exigencia de no poder ser miembros de ningún partido político. Francia posee igualmente inspectores de educación profesionales cuya incidencia en su sistema educativo es muy relevante. Asimismo encontramos inspectores profesionales de educación en Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Holanda, Suecia, Grecia, Italia y en tantos otros países de Europa occidental. También los países de la Europa del Este cuentan con inspectores profesionales de educación: por citar sólo algunos ejemplos, pueden señalarse los de las repúblicas de la URSS, Checoslovaquia, Rumanía, Polonia, Hungría y Bulgaria, entre otros.
El tercer argumento que pudiera haber estado en la propuesta de extinción de los cuerpos de inspección es el de que quien ejerce la función inspectora debe conocer y vivir la realidad escolar. Evidentemente, un planteamiento riguroso de lo que debe ser una inspección educativa eficaz deja fuera de toda duda que sus miembros han de ser seleccionados entre los, mejores profesionales de la docencia.
Pero el conocimiento de la realidad escolar, con ser importante, no garantiza por sí solo el ejercicio eficaz de la inspección educativa: este ejercicio requiere asimismo contar con los requisitos necesarios para enjuiciar serenamente la realidad escolar desde una perspectiva equilibrada e independiente, debiendo evitarse la posible involucración personal en los hechos enjuiciados o valorados.
Debe asimismo tenerse en cuenta que una buena preparación para actuar como inspector de educación ha de incluir aspectos tan importantes como los siguientes: el conocimiento del sistema educativo y el funcionamiento de la Administración educativa; una sólida formación pedagógica y didáctica, y un conocimiento suficiente de la psicología infantil, así como de la psicología de grupos y de la dinámica de las relaciones humanas.
Reflexionar seriamente
Parece, pues, oportuno pedir a nuestros políticos y a la sociedad española, en general, que reflexionen seriamente sobre la necesidad de contar con inspectores profesionales de educación (con este u otro nombre) para una educación de calidad dentro de un marco democrático.
Las funciones que básicamente corresponden a una inspección educativa giran en torno a las kiguientes: la del control o evaluación del sistema educativo (más que del profesor), orientación a los sectores implicados (profesores, especialmente, aunque no exclusivamente), impulso a la mejora de la educación (a través de la investigación operativa y el perfeccionamiento en ejercicio, entre otros) y, finalmente, la función de mediación entre la Administración educativa y los profesores, padres y alumnos, en su caso.
Un breve recorrido final por los sistemas educativos de los países de la órbita europea nos lleva a descubrir la forma en que seleccionan los inspectores de educación: en casi todos ellos se exige haber realizado previamente tareas de docencia directa, generalmente entre cinco y diez años; otro requisito que generalmente se exige para acceder a la condición de inspector es el de poseer una preparación superior. En cuanto al sistema de selección, algunos países exigen a los candidatos a inspectores la superación de exámenes especiales (éste es el caso, entre otros, de Bélgica, Italia, Luxemburgo o Rumanía); en otros países, la selección de los inspectores se hace mediante la superación de rigurosos concursos de méritos (casos del Reino Unido u Holanda, entre otros).
Si, como parece evidente, la educación de nuestros ciudadanos exige instrumentos de control, valoración y potenciación de nuestro sistema educativo, resulta obvio que cuanto contribuya a profesionalizar y hacer independiente la inspección educativa contribuirá a aumentar las garantías de esa educación de calidad tan deseada. Mas, por si este argumento no bastase, sería muy provechoso analizar cómo se entiende y aprovecha en nuestro contexto europeo una inspección profesional de educación. La educación de los españoles y nuestro futuro como país de prestigio internacional valen bien la pena de esta doble reflexión.
