Defensa del título de doctor

Los estudios del doctorado han constituido, desde la fundación de la Universidad española, el grado más eminente de la jerarquía académica. En 1480 los Reyes Católicos promulgaron, en Toledo, una ley que establecía la concesión de los grados académicos de doctor, maestro, licenciado y bachiller. Más tarde, la legitimación de ese acuerdo se confirmó en la bula de Inocencio VIII, expedida en Roma el 16 de enero de 1486, y ratificada después por la bula de Alejandro VI, de 26 de julio de 1493. En dichos textos se establece la jerarquía docente antes señalada, dándose preferencia sobre todos los títulos universitarios al de doctor.La obtención de este grado exigía un examen especial y la defensa de una tesis. Este acto se celebraba con solemne ceremonial en la capilla de Santa Bárbara de la catedral salmantina. La ley de 1480 señalaba que sólo la Universidad tenía capacidad para otorgar tales grados académicos.

Desde entonces existe una tradición, que se continúa en toda la legislación posterior, que mantiene aquella prelación de grados académicos y que establece que el de doctor sea la única vía de acceso a la enseñanza.

En otros aspectos históricos, el orden superior de una autoridad enseñante se resalta bajo el título de doctor. Es conocido que con el título de doctor se ha tratado de enaltecer el más alto grado del saber y de la cultura, otorgándose como el máximo honor a las más destacadas personalidades en el orden de la ciencia y de la cultura. No es inútil recordar ahora que en el siglo XIII, en Alemania, el título de doctor llegó a conferir, según la ley imperial, el privilegio de nobleza, y en España, en la ley de Partidas (L. VIII, segunda, título XXXI), se les daba la honra de condes. No es congruente que en estos momentos finales del siglo XX, en los que la ciencia, la técnica y la investigación están universalmente unidas por sólidas y profundas relaciones, España se separe de los niveles reconocidos con la devaluación del grado de doctor.

No se comprende qué razón puede haber para la desvalorización de este título en el proyecto de ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública. No puede admitirse que se busque la descalificación de esa función para facilitar el acceso a los puestos directivos de la enseñanza a universitarios de más bajo nivel que el que otorgan los estudios superiores del doctorado, ni tampoco para que, los funcionarios de titulación superior universitaria con título de doctor sean medidos por el mismo rasero, con una tendencia demagógicamente igualitaria, que los licenciados.

La Academia de Doctores denuncia y condena este propósito, que, en último término, se traduciría en un grave perjuicio a la sociedad española, en cuyo mejor servicio se inspira la actual jerarquía de grados académicos. Entre ellos, el de doctor supone una garantía de especialidad en los correspondientes estudios, de cuyo mayor grado de reconocimiento profesional se beneficiará, en último término, el pueblo español.-

presidente de la Real Academia de Doctores.