Duras peticiones contra militantes de ETA acusados de muertes y secuestros

La Audiencia Nacional juzgó ayer en tres juicios diferentes a cinco miembros de ETA, acusados de participar en el asesinato de seis guardias civiles en Ispaster (Vizcaya), en el atentado al bar Rancho Chileno, en el que murieron dos inspectores de policía, y en el secuestro del delegado de Industria en Navarra.El fiscal pidió un total de 121 años para Carlos Echeandía y 113 para José Antonio Jiménez por su participación en el atentado ocurrido el 22 de mayo de 1982 en el bar Rancho Chileno de Sestao, y del que se hizo responsable ETA militar. Igualmente, solicitó 174 años para Jaime Rementería Beotegui, por su intervención en los asesinatos de los seis guardias civiles, hecho ocurrido en Ispaster cuando un comando de ETA militar disparó contra varios vehículos de la Benemérita.

El ministerio público pidió penas de 6 años y un día para Ricardo Magallón e Ignacio Bayona como autores de un delito de detención ¡legal, ya que según el fiscal participaron en el secuestro del delegado de Industria en Navarra, Ignacio Astiz. Estos dos procesados forman parte del grupo de ex miembros de ETA que intentan negociar su reinserción social.

Según los escritos de conclusiones provisionales del fiscal, el 22 de mayo de 1982 tres individuos se dirigieron en coches robados al bar Rancho Chileno, donde dispararon sobre varios inspectores de policía que se encontraban comiendo. Como consecuencia del atentado dos inspectores de policía y una mujer argentina resultaron muertos, mientras que otros dos inspectores quedaron heridos.

En el juicio, Echeandía se declaró miembro de ETA militar y afirmó que asumía su participación en el atentado, por estar "enmarcado en la lucha del pueblo vasco por sus aspiraciones". Tras calificar el juicio como "una farsa", pidió abandonar la sala, lo que fue autorizado por el presidente. José Antonio Jiménez, al que se acusa de proporcionar información a Echeandía, negó haber facilitado los datos citados y atribuyó su declaración ante la policía a que recibió malos tratos y amenazas de que implicarían a su padre.

El fiscal elevó a definitivas sus conclusiones provisionales y los defensores de ambos procesados solicitaron la absolución.

Respecto del secuestro del delegado de Industria en Navarra, el fiscal acusó a los procesados de formar parte del comando de acción de ETA Político-militar que el 6 de junio de 1979 secuestró en su domicilio al delegado Ignacio Astiz, que permaneció retenido en poder de los etarras durante cinco días. El fiscal pidió una indemnización de un millón de pesetas para el secuestrado.