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El fiscal Chamorro afirma que la policía ha aumentado su poder en detrimento del de los jueces

Milagros Pérez Oliva

Las últimas medidas judiciales y policiales adoptadas en España, así como la vigencia de leyes anteriores a la Constitución, representan un retroceso en la garantía de los derechos ciudadanos que consagra la Constitución, según dijo ayer Jesús Vicente Chamorro, fiscal del Tribunal Supremo, en el Tercer Seminario Internacional de Policía, que se celebra en Barcelona. Según Chamorro, eso se produce en un contexto de una progesiva ampliación del poder policial que tiene como contrapartida una disminución de las acciones judiciales encaminadas a perseguir el delito.En su conferencia sobre la investigación del delito y la protección de los derechos del hombre, Jesús Vicente Chamorro se refirió al conjunto de normativas que hacen posible la aplicación de un método policial en ocasiones poco respetuoso de los derechos consagrados por la Constitución.

Citó especialmente la ley de Policía de 1978, aprobada poco antes de la Constitución, que establece que la autoridad sobre los agentes de policía, cualquiera que sea el cuerpo al que pertenecen, será la gubernativa. "Los cuerpos de seguridad dependen, en consecuencia", añadió el fiscal Chamorro, "del Ministerio del Interior, por lo que no puede hablarse de que exista una policía judicial propiamente dicha".

La citada ley y otras posteriores, como la de Delitos Flagrantes, Menos Graves y Dolosos, han producido, según el ponente, una potenciación de las facultades de la policía en detrimento de las del juez, aunque al término de la conferencia, preguntado por uno de los agentes que asistía, reconoció que también puede existir en ciertos casos una dejación de funciones por parte de algunos jueces, precisamente por la forma en que está configurado el actual sistema policial y judicial. El fiscal del Tribunal Supremo reclamó la creación de una auténtica policía judicial, subordinada únicamente de los jueces y dependiente del Ministerio de Justicia, encargada de la investigación de los delitos.

Primavera legislativa

Jesús Vicente Chamorro había calificado en la primera parte de su conferencia de primavera legislativa la primera fase de la transición política española, en la que entraron en vigor las garantías esenciales de los derechos humanos. "Pero después de aquel tiempo feliz", dijo también, "nos encontramos ahora en una situación en que, como las cosas no han sido cambiadas, tampoco han cambiado las consecuencias legales, aunque hayan cambiado las palabras de las leyes".El ponente se refirió también a las sucesivas legislaciones antiterroristas, que han representado una importante merma de los derechos humanos. "Había habido medidas excepciones anteriormente, pero hasta el decreto de 1975, nunca estas medidas habían afectado a las garantías procesales de los inculpados, nunca se había creado un régimen procesal distinto. Y es curioso observar cómo importantes sectores que entonces estaban en la oposición y hoy están en el poder, se enfrentaron y criticaron con acritud, no sin acritud, como dicen ahora, unas medidas que siguen hoy vigentes e incluso pueden ser reforzadas".

"Yo creo que la voluntad política de eliminar la tortura debería ir acompañada de reformas en los medios que la hacen posible. Por ejemplo, que los detenidos no sean trasladados a dependencias policiales, sino a dependencias de los juzgados, que se garantice la presencia efectiva de los abogados y otras muchas que dificultarían el clima que hoy hace posible la tortura", afirmó finalmente Chamorro.

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