La fiscalía se opondrá a la suspensión de los recargos municipales sobre la renta

El fiscal general del Estado se opondrá a la suspensión de los acuerdos de los ayuntamientos que hayan decidido imponer un recargo en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, por considerar que suspender la percepción del impuesto "causa un grave perjuicio que afecta a servicios de interés público innegable".

La ley sobre medidas urgentes de saneamiento y regulación de las haciendas locales concede a los ayuntamientos la posibilidad de imponer un recargo en el impuesto sobre la renta que consiste en un porcentaje único aplicable sobre la cuota líquida del impuesto.Muchos ayuntamientos han adoptado acuerdos en este sentido, y contra esas decisiones se han interpuesto recursos contencioso-administrativos, algunos en base a la ley de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona. El argumento esgrimido en estos recursos es la vulneración del artículo 14 de la Constitución, en el que se establece la igualdad de los españoles ante la ley.

La Fiscalía del Estado ha dictado instrucciones para unificar criterios entre los fiscales. Éstos deberán oponerse a la admisión de los recursos contra los acuerdos de las corporaciones municipales cuando el procedimiento elegido sea la ley de protección de los derechos de la persona, porque la impugnación, según la Fiscalía, debe hacerse en base al artículo 26 de la Ley de 26 de octubre de 1981 sobre Administración Local. También deberán oponerse a la suspensión de los acuerdos municipales.