Varios joyeros de Barcelona declararán sobre el tráfico ilegal de 12.000 millones en oro
El Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona, que preside el magistrado Manuel Sáez Parga, ha citado a declarar a varios joyeros, presuntamente vinculados comercialmente con la empresa Prompsa, especializada en la importación y manipulación de metales preciosos y supuestamente implicada en un contrabando de 12.000 millones de pesetas en oro.
Coincidiendo con estas citaciones, el juez instructor decretó secreta la causa sumarial y dispuso la libertad provisional, después de que pagara una fianza de 25 millones de pesetas, de Pedro José Rodríguez Gómez, responsable de la empresa investigada.Las investigaciones sobre Prompsa se iniciaron el pasado mes de mayo, cuando el grupo fiscal del 40 Tercio de Mando de la Guardia Civil intervino documentación irregular relativa a la compra de oro en Suiza y a la posterior venta en diferentes comercios barceloneses. Después de haber examinado un 20% de esta documentación, la Guardia Civil llegó a la conclusión de que se encontraba ante un delito de falsedad en documento. Con esta falsedad se había amparado el tráfico ilegal de 12.000 millones de pesetas en oro.
En la última semana del pasado mes de mayo, la Guardia Civil detuvo a Pedro José Rodríguez Gómez, responsable de la firma, que ingresó en prisión por orden del juez instructor. También fueron detenidos, aunque después serian puestos en libertad, su hermano Luis Rodríguez Gómez y el asesor fiscal de la citada firma, Agustín de Oca Bruguete. Hace pocos días Pedro José Rodríguez Gómez fue puesto en libertad bajo fianza.
En 1978, esta empresa familiar fue sometida a una rígida investigación por parte del Tribunal de Contrabando y del Tribunal de Delitos Monetarios. En aquella ocasión se suponía que el fraude por contrabando de oro superaba los 13.000 millones de pesetas y que se había realizado durante los años 1974, 1975 y 1976, al importar más mercancía de la autorizada. A esta cantidad defraudada se le sumaron más de 5.000 millones de pesetas.
En este doble procedimiento judicial estuvo implicado también el joyero barcelonés Juan Doménech, que huyó del país. La causa contra Prompsa se cerró con la condena a Pedro José Rodríguez Gómez a seis meses de arresto y una multa de 600 millones de pesetas.
La empresa Ibergem, de la que es accionista Pedro José Rodríguez Gómez, fue objeto de un tiroteo en julio de 1982. Durante los hechos falleció el guardia civil Ángel Pozo Merino.
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