Un apartado de correos y un teléfono de Madrid, puntos de contacto para los 'etarras' que opten por la reinserción social

El Gobierno va a hacer público en los próximos días un comunicado oficial en el que facilitará las instrucciones que deben seguir los residentes vascos del sur Francia que deseen acogerse a las medidas de reinserción social acordadas tras el reciente encuentro en Madrid de los ministros del Interior de España, José Barrionuevo, y de Francia, Gaston Defferre. La puesta en marcha de esta iniciativa, de la que se pueden beneficiar unas 200 personas en la primera fase, se hará "con absoluta discreción", según un alto funcionario del Gobierno. Para ello se proporcionarán un número de teléfono y un apartado de correos a los que deberán dirigirse los interesados.

La operación de reinserción social puesta en marcha por el Gobierno tendrá tres fases. La primera de ellas sólo afectará a personas que no tienen pendiente ningún tipo de requisitoria, sea judicial o policial, y que, por sus supuestas relaciones con las distintas ramas de ETA y los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA), optaron voluntariamente por trasladarse a Francia. El apartado de correos y el número de teléfono, ambos de Madrid, aparecerán en anuncios publicitarios que la Dirección de la Seguridad del Estado tiene intención de insertar en algunos medios de comunicación de España y Francia.En opinión del alto funcionario consultado, el Gobierno ha previsto un plazo de cinco meses (hasta noviembre) para la primera fase, a partir de los cuales examinará los casos que han quedado sin resolver, lo que comunicará a Francia. Aquellas personas que no se hayan sumado a la iniciativa del Gobierno serán expulsadas del territorio francés, probablemente hacia España.

Las dos fases restantes de la operación no se harán públicas de momento, porque recogen aspectos confidenciales. Sin embargo, parece que abordarán los casos de aquellas personas que tienen pendientes requisitorias judiciales y policiales.

La segunda fase, prevista para finales de año, englobará a los terroristas que no tienen delitos de sangre, cuyos casos podrían ser resueltos, siempre que los interesados se comprometan a abandonar la lucha armada, de forma similar a los de los ex miembros de la desaparecida VII Asamblea de ETA, en su mayoría residentes ya en España. La última fase, quizá la más compleja afectará a los terroristas con delitos de sangre, para los cuales se arbitrarían fórmulas de extrañamiento a otros países.

Además del apartado de correos y el número de teléfono de Madrid, los gobiernos civiles de las tres provincias vascas y de Navarra se constituirán en oficinas de información directa, de manera que facilitarán, también dentro de la mayor discreción, todo tipo de instrucciones sobre la operación.

Reunión Barrionuevo-Retolaza

Todos estos aspectos, que forman parte de los acuerdos entre Gaston Defferre y José Barrionuevo, han sido ya puestos en conocimiento de los gobernadores civiles de Euskadi y de Navarra, que el lunes mantuvieron en Madrid una reunión de trabajo con el ministro del Interior. Barrionuevo recibió ayer en su despacho por espacio de dos horas al consejero del Interior del Gobierno vasco, Luis María Retolaza, a quien informó también de estas medidas. Fuentes próximas a la Dirección de la Seguridad del Estado indicaron que tras la difusión del comunicado conjunto franco-español, de la pasada semana se han recibido ya varias llamadas telefónicas de familiares de refugiados y otras anónimas solicitando información sobre esta operación de reinserción social.

Las mismas fuentes se mostraron optimistas ante el número de personas que se puedan sumar a la iniciativa gubernamental, y dijeron que en ningún momento se piensa hacer pública la lista de las 200 personas que pueden beneficiarse de esta medida, ya que existe el compromiso de guardar la mayor discreción posible sobre los diferentes casos.

Las autoridades policiales españolas estiman entre 800 y 900 el número de personas relacionadas con las distintas ramas de ETA y los CAA que residen en territorio francés, de las cuales solamente ocho tienen carta de refugiado; y unas 100, permiso de residencia. En cuanto al territorio español, se desconoce el número de personas vinculadas a la organización, aunque se estima en 12 el número de comandos legales, con medio centenar de terroristas armados.