Los dos fiscales del 'caso Banca Catalana' decidieron incluir a Pujol en la querella

La materia a perseguir, tal como fue conocida por el Gobierno tras las investigaciones de la autoridad monetaria, no incluía el nombre de Jordi Pujol ni el de ninguna otra persona entre los responsables de las irregularidades descubiertas (véase EL PAIS de ayer). El informe posterior del ministro de Justicia, Fernando Ledesma, al Gobierno, precisaba ya numerosos indicios de delito. Pero la intervención de los fiscales encargados del caso, Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, asesorados por funcionarios del Banco de España -a efectos de interpretación de documentos- fue la que puso nombres y apellidos a los presuntos responsables de los supuestos delitos detectados.Desde la hipótesis inicial, que habría afectado a tres miembros del consejo de administración de la citada entidad entre 1977 y 1982, se pasó a la actuación contra todos los ex directivos de Banca Catalana en los 10 últimos años, incluido Jordi Pujol. Una iniciativa del fiscal Jesús Vicente Chamorro -ajeno a esta querella-, que terminó con el envío a la fiscalía del Estado de un escrito firmado por el bailarín Antonio Gades, el periodista Raúl del Pozo y otros tres ciudadanos más -Raúl Garcia Alonso, José Díaz y José Manuel Cervino- jugó cierto papel en la continuidad de las investigaciones, al dar a entender que su retención provocaría un serio escándalo público.

La posibilidad de que la querella no llegara a ver la luz fue una realidad, en la que influyó la política. No habiendo estallado el problema en vísperas de la campaña electoral, el Gobierno y el PSOE no hicieron prácticamente nada, de manera pública, por explotar la crisis de Banca Catalana en el período electoral.

Sólo hubo dos excepciones de cierta importancia: una mención del principal candidato socialista, Raimon Obiols, a la crisis de Banca Catalana como "el segundo crack bancario en Europa desde l935", lo cual consideraba "motivo suficiente para que la gente pueda valorar la gestión de un grupo de personas encabezado por Jordi Pujol"; y la más conocida alusión de Alfonso Guerra, en la que comparaba a Jordi Pujol. con José María Ruiz Mateos. Menciones ambas realizadas en actos para consumo de clientelas socialistas, y que no fueron instrumentadas en forma de grandes denuncias con aparato de propaganda.

Alejandro Sanvicente, fiscaljefe de la Audiencia de Barcelona, tuvo en sus manos la propuesta de querella el 4 de mayo pasado. Ésta fue remitida a Luis Antonio Burón el 7 de mayo, 11 días antes de la. reunión, presidida por este último, en que se aprobó el texto de la querella. Burán sostiene que informó al Ejecutivo una vez adoptada la decisión; algunos de sus compafieros de fiscalía aseveran que no podía esperarse cosa distinta de la mentalidad de magistrado de Burón y de su trayectoria anterior.

Una decisión muy técnica

Otras fuentes afirman, no ostante, que el ministro de Justicia puso en antecedentes al presidente del Gobierno sobre el estado de la cuestión, pocos días antes de la reunión de los fiscales. Felipe González no pensaba que, las cosas hubieran llegado tan lejos, pero decidió no interferir el trabajo de los mecanismos que el propio Gobierno había activado; o, en otra versión, dar vía libre a la continuidad de los trabajos "tal y como el ministerio fiscal lo considerase oportuno".Con la propuesta de querella en su poder, Luis Antonio Burón, convocó a Madrid a los dos fiscales de Barcelona encargados del caso. La reunión de Burón con ellos, a la que también asistieron dos tenientes fiscales del Supremo, se desarrolló en términos "rnuy técnicos". Hubo posiciones matizadas entre los asistentes respecto a la doble opción de "ir contra todos" o comenzar por los directivos de los últimos cinco años y ampliar posteriormente la investigación, conforme fueran desarrollándose las actuaciones. En la doble opción jugaba el problema de la prescripción de delitos.

La propuesta de querella contra 25 personas, planteada por los fiscales de Barcelona, prosperó sin oposición alguna por parte del fiscal general y con acuerdo generalizado de los reunidos. La actitud de Burón sorprendió, en cierto modo, a Villarejo y Mena, quienes habían interpretado la llamada a Madrid en el sentido de que existían problemas para su propuesta.

"Las investigaciones de la fiscalía no se realizaron con intencionalidad concreta alguna", afirman medios de la misma. "Lo que se produjo fue la comprobación necesaria de datos para fundamentar una querella". En cuanto a la cuestión de la prescripción de delitos, cuyo plazo suponía incluir o no a Pujol, medios de la fiscalía afirman que "la prescripción no tiene que apreciarla el fiscal, sino el tribunal".

'Evaporación' de 20.000 millones

Inmediatamente después del acuerdo sobre el texto definitivo de la querella, se produjo la primera información a la opinión pública acerca de la misma, difundida por EL PAIS cuando ni siquiera el Gobierno estaba al corriente del resultado de la reunión. En medio de las fuertes reacciones políticas y sociales registradas en Cataluña, el Consejo de Ministros realizó un nuevo debate, el mismo día en que fue presentado el texto a la Audiencia de Barcelona.En esta reunión se dio lectura a una nota oficial remitida por el fiscal general, a petición del ministro de Justicia, sobre los indicios de delitos en que se basaba la actuación del ministerio público, haciendo hincapié en los datos descubiertos sobre evaporación de 20.000 millones de pesetas mediante diversas falsedades o de la aplicación indebida de cantidades.

Con esta base documental, además de otras consideraciones, el Gabinete decidió respaldar las actuaciones. Planteado el asunto de manera pública, el Gobierno consideró que no había más salida, al menos de momento, que afrontar el desafío político planteado por Miquel Roca y Jordi Pujol.

"Lo que ha preocupado no es la filtración periodística, sino que se atribuyan al Ejecutivo responsabilidades que no tiene", según una fuente gubernamental, que admite "cierta sorpresa" en cuanto al elevado número de inculpados. A nadie se oculta la gravedad de la crisis institucional creada y lo delicado del desafío planteado ante los tribunales.