Temor del Gobierno a una seria conflictividad por la reconversión naval

El Gobierno teme que el decreto sobre reconversión naval aprobado ayer Por el Consejo de Ministros desencadene una seria conflictividad social, según manifestó ayer en conferencia de prensa el ministro de Industria. Este es el segundo gran proceso de reconversión industrial -después del siderúrgico- que el Gobierno pone en marcha, aunque con muchos meses de retraso sobre sus propias previsiones. Carlos Solchaga no precisó el número de puestos de trabajo que se perderán en el sector naval, si bien estimaciones anteriores de la Administración cifraban el excedente en torno a los 20.000 trabajadores.

El decreto, cuyo contenido se basa en acuerdos suscritos por la Administración, empresas públicas y privadas del sector, y los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA-STV), es rechazado por Comisiones Obreras (CC OO). Solchaga declaró a los periodistas que su puesta en práctica "no va a ser para el Gobierno un camino de rosas".Según el ministro, han sido las cuestiones de financiación de la reconversión y las medidas de cobertura de los trabajadores afectados por la reestructuración la causa fundamental del retraso en la aprobación del decreto. Las medidas para paliar el coste social del plan son superiores a las previstas en el decreto-ley de reconversión industrial, aunque no en la ley aprobada por el Congreso sobre esta materia, precisó Solchaga.

El ministro afirmó que no se van a seguir construyendo en el futuro buques cuyo precio de venta sea inferior al de construcción, y recordó al respecto que en el presente año el Instituto Nacional de Industria (INI) ha vendido un barco por 4.000 millones de pesetas, cuyo coste de construcción ha sido de 8.000 millones.

La aprobación del decreto no se va a traducir en una puesta en marcha inmediata de la reconversión del sector, ya que se abre un período de negociación que puede durar todo este año.

Las medidas de ayuda a la producción se centran en una serie de primas que en conjunto pueden suponer hasta el 25% del coste de construcción de los buques. Los créditos pueden llegar hasta el 85% del valor asignado a la construcción del buque, con un plazo de 12 años de amortización con un interés anual del 8%.

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