El Gobierno aprueba un decreto de reconversión naval cuya aplicación prevé conflictiva
El Gobierno aprobó ayer, con varios meses de retraso sobre el calendario que se había fijado, un real decreto sobre medidas de reconversión del sector naval. Este decreto, cuyo contenido se ha basado en acuerdos suscritos por la Administración, empresas públicas y privadas del sector de astilleros y los sindicatos UGT y ELA-STV, cuenta desde su nacimiento con la oposición de CC OO y el sindicato ganego INTG. El ministro de Industria, Carlos Solchaga, reconoció en este punto que la reconversión no va a ser para el Gobierno un camino de rosas y que no puede descartarse una seria conflictividad.
El ministro afirmó, sin embargo, que el Gobierno había querido dejar la puerta abierta en el decreto para la incorporación de CC OO e INTG a las negociaciones de reconversión. El decreto dice que los sindicatos que hayan participado en las conversaciones previas podrán participar en el proceso siempre que den su conformidad a los acuerdos sobre los que se ha basado la norma aprobada ayer por el Consejo de Ministros. Extremo éste que parece complicado, ya que estas centrales se negaron hace unos meses a dar su conformidad a tales acuerdos.El ministro, que compareció en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, minimizó las causas del retraso en la aprobación del decreto de reconversión. Dijo que habían existido algunos puntos de discrepancia entre dos departamentos y que éstos, fundamentalmente, se referían a aspectos financieros y a las medidas de cobertura de los trabajadores afectados por la reestructuración "que superan las previsiones del decreto ley de reconversión industrial; pero no la ley aprobada por el Congreso sobre esta materia".
Carlos Solchaga afirmó que el objetivo básico de las medi das contenidas en el decreto es lograr una industria española de la construcción naval capaz de competir con éxito en las condiciones cambiantes del mercado mundial y de captar la mayor cuota posible del mismo. Para todo ello el decreto contiene medidas de apoyo a la recapitalización de los astilleros, ayudas a la construcción de buques, financiación a los compradores y medidas de cobertura al gran número de trabajadores que se verán afectados por la reconversión.
El ministro dijo que no se volverán a construir buques cuyo precio de venta sea inferior al de construcción (este año, dijo, el INI ha vendido un barco por 4.000 millones cuyo coste de construcción ha sido de 8.000 millones de pesetas). No precisó, sin embargo, los excedentes laborales que se prevé, pero reconoció que serán importantes, aunque no quiso cuantificarlos. Apreciaciones anteriores de la Administración habían fijado los excedentes del sector en torno a los 20.000 trabajadores.
El período que ahora se abre debe culminar, según espera el ministro, para el otoño o diciembre. Según el decreto, los trabajadores y las empresas negociarán planes individuales de reestructuración para cada astillero. Los pequeños y medianos astilleros presentarán estos informes a la sociedad gestora de su reconversión, SORENA, y los grandes astilleros, que son públicos, a la división naval del INI.
Las medidas de ayuda a la producción contenidas en el decreto, se centran en una serie de primas que en conjunto pueden suponer hasta el 25% del coste de construcción del buque. Créditos que podrán llegar hasta el 85% del valor asignado a la construcción del buque, con un plazo de 12 años de amortización y dos de carencia, y a un tipo de interés del 8% anual, como mínimo.
Prestaciones de desempleo
Los trabajadores que queden en situación legal de desempleo por la reconversión, tanto temporal como definitivamente, tendrán derecho a la percepción de las prestaciones de desempleo reglamentarias por el período máximo legal, con independencia de las cotizaciones previas que tengan acreditadas y cualquiera que haya sido el período de prestaciones percibidas hasta la fecha.
El decreto aprobado ayer establece también la creación de un Fondo de Promoción de Empleo, con el carácter de entidad colaboradora del Instituto Nacional de Empleo, al que podrán acogerse voluntariamente los trabajadores que resulten excedentes del sector. El Fondo será único para todo el sector y tendrá un ámbito de actuación nacional.
Los trabajadores de 60 o más años cumplidos que cesen en sus astilleros como consecuencia de la aplicación de los programas de saneamiento empresarial, podrán acogerse, con plenos derechos, antes de alcanzar la edad fijada para la jubilación, al régimen general de la Seguridad Social y de forma individual y voluntaria, y previa extinción de sus contratos de trabajo, al sistema de jubilación anticipada previsto por la legislación. A los que ingresen en el Fondo de Promoción de empleo con 55 años cumplidos, se les ofrecerá la posibilidad de acogerse en iguales condiciones al sistema de jubilación anticipada.
Otros acuerdos
El Consejo de Ministros de ayer, por otra parte, aprobó dos decretos del Ministerio de Economía y un acuerdo autorizando la contratación de un crédito en el exterior y el otorgamiento del correspondiente aval, por el contravalor de 30 millones de ecus (unidad de cuenta de la Comunidad Económica Europea).
Uno de los decretos aprobados se refiere a la importación de productos afectos al monopolio de petróleos. En la actualidad, no se exigen derechos arancelarios de ninguna clase por la importación de petróleos brutos y sus derivados con destino al monopolio. Este decreto ley suprime esta situación, cumpliendo directrices de la Comunidad Económica Europea.
En las negociaciones con la CEE se aceptó el compromiso de que España tendría fijados el 1 de julio derechos arancelarios aplicables a las importaciones referidas.
El otro decreto se refiere a la obligación de los bancos y Cajas de Ahorros de invertir en pagarés del Tesoro. En realidad, desarrolla un real decreto ley del 6 de junio que establecía que el Gobierno fijaría el porcentaje de pasivos computables que, dentro del límite del 12%, los intermediarios financieros deberían invertir en deuda emitida por el Tesoro o por el Estado.
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