La OCDE ratifica que no existe alternativa viable" a la política de ajuste que aplican las autoridades españolas

El informe anual sobre la economía española de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), hecho público ayer en Madrid por el Ministerio de Economía y Hacienda, reafirma las impresiones recogidas en el reciente examen del Fondo Monetario Internacional (FMI) de que "no existe alternativa viable a la estrategia" de ajuste estructura¡ que practica desde hace año y medio el actual Gobierno español. No obstante, las conclusiones del informe menos duras en tono y forma que las del FMI advierten que, pese a los "resultados alentadores" que se han obtenido, "lo más importante del ajuste está por hacer", especialmente en el proclamado objetivo de reducir el déficit presupuestario. El informe entiende que "el paro, con más de un 19% de la población activa (. ..), constituye el problema social y económico más grave de España".

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, secretario de Estado de Economía y Planificación, manifestó, al ofrecer la reacción oficial del Gobierno al informe, que "no habrá cambios ni medidas correctoras" en la actual política económica del Gabinete, ya que tanto el informe de la OCDE como el reciente examen provisional del FMI "nos reafirman en que estamos en la vía correcta. Pensamos que ambos informes, con distintas palabras y con algún matiz diferente, nos aconsejan hacer lo mismo". Es más, el secretario de Estado añadió que, "como nos salgamos de los objetivos que nos hemos cifrado, en especial del lado del control del elevado déficit público, todo el ajuste se iría al traste".El informe de la OCDE, que se extiende a 69 páginas de imprenta en la versión oficial en inglés, comienza describiendo -en los dos folios y medio de conclusiones- los objetivos de la política económica ensayada y afirma que "las autoridades han adoptado importantes medidas para corregir los graves desequilibrios macroeconómicos que hicieron su aparición desde mediados de los años setenta. La política de regulación de la demanda a corto plazo se ha inscrito en el marco de una estrategia a medio plazo, con miras a resolver los numerosos problemas estructurales que sufre la economía. Se ha conferido carácter prioritario a la lucha contra la inflación y a la corrección del importante déficit por cuenta corriente. A tales fines, la política monetaria fue sensiblemente endurecida, se emprendieron esfuerzos para reducir el grave déficit público y se aplicaron normas estrictas en materia de salarios dentro del sector público".

Resultados alentadores

Y según el informe, "ya se han obtenido resultados alentadores" en el cumplimiento de esos objetivos. Incluso añade que los resultados de la economía española deberían continuar mejorando en el transcurso de los 18 meses próximos. Deberían realizarse progresos adicionales en el campo de la inflación y en el sector exterior, en tanto que el déficit del sector público, expresado en porcentaje del PIB, debería experimentar una nueva contracción. ( ... ) La inversión productiva privada podría recuperarse progresivamente. Sin embargo, las perspectivas del mercado laboral continúan siendo mediocres: la tasa de paro podría alcanzar el nivel récord del 19,75% a finales de 1984, para estabilizarse en este nivel, muy elevado, en 1985".

Pese a estos malos resultados en el frente del empleo, el informe se muestra tajante, en línea con la opinión expresada por el FMI, sobre el único curso posible de la política económica. "No existe alternativa a la estrategia actualmente seguida por las autoridades para fijar las bases de una recuperación durable de la producción y del empleo a medio plazo". No hay que olvidar, añade el informe en este sentido, que "lo más importante del ajuste está por hacer", por lo que el Gobierno deberá mantener la política de regulación de la demanda y la política monetaria rigurosa, y "aparece como necesario la reorientación de la política presupuestaria en sentido restrictivo".

Precisamente es en el punto de la política presupuestaria donde aparecen algunas divergencias entre las recomendaciones de la OCDE, las del FMI y la propia opinión del Gobierno. Los dos organismos parten de la necesidad de actuar sobre los. gastos, pero la OCDE apunta que también se puede incidir sobre la carga fiscal.

El secretario de Estado de Economía dio ayer a entender que el Gobierno está más de acuerdo con la opinión del FMI que con la de la OCDE. En ese sentido, al menos, es en el que el Gobierno tiene previsto actuar en el futuro, ya que, según Fernández-Ordóñez, "se piensa hacer un mayor enfásis en la represión del fraude y en la ampliación de la base fiscal que en el incremento del tipo impositivo". Según el alto funcionario, "esta política no sólo nos parece más justa, sino que pensamos que el incremento de la presión fiscal estimula, a la larga, el fraude".

Respecto al déficit presupuestario y a su efecto sobre la política de ajuste, el informe señala que "resulta indispensable contener los gastos públicos si se quieren cumplir los objetivos oficiales de establecer el déficit de las administraciones públicas en torno al 3,3% del PIB en el período que resta hasta 1986. Ello es necesario Para afianzar la lucha contra la inflación y permitir una mejor asignación de los recursos, evitando exacciones excesivas sobre los recursos financieros y presiones al alza sobre los tipos de interés".

Pérdidas en las empresas públicas

Por último, el informe es particularmente duro sobre el déficit de las empresas públicas y la falta de flexibilidad en el mercado del trabajo. "El problema de las empresas públicas deficitarias es fundamental, no sólo a causa de la carga que suponen para las finanzas públicas sino también por los efectos perjudiciales que ejercen sobre la asignación de los recursos. Si las pérdidas de estas empresas se financian directamente mediante transferencias públicas, debe admitirse que, en definitiva, las empresas más dinámicas y eficientes del sector privado son las que soportan estos costes a través de la fiscafidad, así como del más elevado nivel de los tipos de interés y del fenómeno de expulsión en los mercados de capitales".

En cuanto a las rigideces del mercado del trabajo y el impacto que tienen sobre el empleo, el informe parte del punto de vista de que, a la luz (le los datos comparativos con el resto de países de la OCDE, donde los aumentos salariales son inferiores a los registrados en España, y, como consecuencia, el paro es menor, por lo que deben realizarse "esfuerzos conducentes a contener el aumento de los costes de mano de obra. De hecho", añade, "resulta indispensable el mantenimiento de una moderación salarial si se quiere preservar la competitividad exterior de la economía".

Por otro lado, el informe es insistente en cuanto a la necesidad de flexibilizar el mercado de trabajo. "Una mayor flexibilidad del mercado laboral resulta necesaria, no sólo para asegurar una moderación de los salarios sino también para conseguir una relación más estrecha entre salarios, productividad, cualificaciones y situación financiera de las empresas. En consecuencia, interesa que ( ... ) Ias vigentes reglamentaciones restrictivas relativas a la mano de obra, en especial las disposiciones que rigen las contrataciones y los despidos, sean considerablemente flexibilizadas".

A modo de conclusión final, el informe incluye una frase que, aparte de critticar la "estrategia defensiva" practicada en el pasado resalta que "se ha llegado a una situación en la que el ajuste estructural ya no puede ser evitado o diferido".