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La reforma de la función pública

Más de 300 enmiendas presentadas en el Senado

Aproximadamente 300 enmiendas han sido presentadas en el Senado al texto del proyecto de ley para la Reforma de la Función Pública aprobado en el Congreso. De estas enmiendas, 22 han sido presentadas por el propio Grupo Parlamentario Socialista. El portavoz de este grupo, Juan José Laborda, asegura que se ha pretendido profundizar en el contenido de este proyecto de ley, concretando algunos puntos y buscando el debate y la aprobación parlamentaria de aspectos tales como la unificación de cuerpos y escalas administrativas.Estas enmiendas del Grupo Socialista plantean la agrupación en 21 cuerpos de los 300 actualmente existentes, mientras el número de escalas se pretende reducir a 450, desde las 1.450 que existen en la actualidad. En opinión de Juan José Laborda, esta reorganización de la Administración pública clarificará los cuerpos y escalas, obteniéndose con ello beneficios para el modelo autonómico y para el funcionamiento genérico de la Adminisitración del Estado.

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Entre las modificaciones más importantes que se proponen para el texto de la ley aprobada por el Congreso se encuentran el establecimiento de una escala de uno a tres en las retribuciones básicas de los funcionarios, la desaparición del complemento de productividad en su acepción anterior, aunque se mantiene el principio de primar determinados puestos, que serán dados a conocer públicamente, así como el importe del complemento.

Por otro lado, el programa de jubilaciones anticipadas retrasa un año su entrada en vigor, iniciándose el proceso en 1985 para culminarse en 1987 y los tribunales de ingreso a los cuerpos superiores no podrán estar formados mayoritariarnente por miembros del propio cuerpo, excepto en las oposiciones del personal docente y de investigación.

En cuanto al régimen de la Seguridad Social de los funcionarios, se propone que las condiciones del régimen de clases pasivas y de la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado (MUFACE) resulten similares a las del régimen general de la Seguridad Social, lo que, entre otros aspectos, posibilitará que los hijos de funcionarios tengan derecho a las prestaciones sanitarias hasta los 26 años.

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