La oposición propone que se reduzcan los gastos de personal en los presupuestos de la comunidad

Buena parte de las 233 enmiendas presentadas a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 1984 se refieren a la reducción de los gastos de personal, que ascienden a 6.000 millones de pesetas y que representan el 36% de un total de 17.000 millones.

El Grupo Mixto (CDS y PCE) presentó 140 enmiendas; 124 de ellas, correspondientes a los comunistas. El Grupo Popular planteó 68 enmiendas; los regionalistas, 23, y el PSOE, dos. Un acuerdo previo entre todos los grupos evitó la presentación de enmiendas a la totalidad.El PCE propone que se reduzcan los gastos de personal mediante la amortización de plazas vacantes. Plantea también la congelación de las retribuciones de los altos cargos y que se moderen los gastos diversos (dietas), "que en muchos casos son injustificados". Los comunistas proponen asimismo la creación de un instituto aragonés contra el paro.

Las enmiendas de los otros grupos de la oposición inciden en la creación de empleo, en que se reduzcan los gastos y que los presupuestos tengan mayor incidencia en la sociedad aragonesa.

La Comunidad Autónoma de Aragón tenía hasta hace unas fechas 1.700 funcionarios, que en el momento de completarse la primera fase de las transferencias ascenderá a 5.000. Aragón no tiene competencias en materia de enseñanza ni tiene transferidos el Insalud y el IRYDA.

El consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Biescas, señaló el día en que presentó los presupuestos que éstos nacían bajo el signo de la austeridad: la partida de gastos corrientes se incrementaba sólo en un 6,5%, y en el caso de los altos cargos este aumento es del 5,5%. Durante 1983, el presidente aragonés cobró 267.000 pesetas al mes, más 84.000 para gastos derivados de su cargo; los consejeros, 254.275 pesetas como media al mes, y el residente de las Cortes, un sueldo total al año de más de cinco millones de pesetas.

El consejero de Economía anunció que no se tramitarán expedientes de ampliación de plantillas ni disposiciones de creación o reestructuración de unidades que supongan un aumento del gasto público, y los presupuestos sólo contemplan la contratación de personal laboral de forma excepcional.

Estos presupuestos, que en fecha próxima debatirán las Cortes regionales, son los primeros que con cierto margen de inversiones elabora la Comunidad Autónoma.

Para el debate, se proponen unas inversiones públicas de 2.854 millones de pesetas, procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial: 1.298 millones se destinan a vivienda; 693, a obras públicas; 324, a carreteras; 399, a agricultura; 20 a industria, y 80, a cultura.

Otros 2.000 millones de pesetas se destinarán a mejorar la infraestructura regional de carreteras y regadíos, y la comunidad autónoma emitirá una deuda pública d unos 2.000 millones de pesetas con destino también a diversas obras de infraestructura.