Los impuestos en los municipios

La vieja máxima, directamente extraída del refranero español, "que cada palo aguante su vela" parece haber inspirado directamente a los responsables de la Administración del Estado para plantear, y poner en vías de realización, el esquema de descentralización de las haciendas locales. Los ayuntamientos percibirán durante este año, y con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, 234.160 millones de pesetas, que representan el 7,23% de los impuestos recaudados y no cedidos a las entidades autónomas por la Administración central. Este porcentaje resulta inferior al del año anterior, establecido en un 8%. Estos fondos se distribuyen entre los municipios mediante un mecanismo bastante complejo para el que computan conceptos tales como el esfuerzo fiscal que realizan los propios municipios, su número de habitantes o las escuelas existentes. Las entregas de las cantidades correspondientes se realizan, desde la Administración central, trimestralmente.Este esquema básicamente se mantendrá, aunque los proyectos del Gobierno pretenden pasar de unas aportaciones porcentuales sobre los ingresos fiscales del Estado, a la fijación de unas cantidades concretas definidas por la vía presupuestaria cada ejercicio. Las aportaciones actuales vienen a cubrir un 30% aproximadamente de las necesidades municipales y resultan, lógicamente, insuficientes para atender las exigencias de los presupuestos de las corporaciones locales. La Administración central no parece muy dispuesta a derivar más fondos de los actuales para la financiación de los municipios. Por tanto se han buscado otras salidas alternativas entre las que ha tenido el mayor alcance popular precisamente la posibilidad de que sean los propios ayuntamientos en función a sus necesidades los que fijen sus impuestos.

Este proceso parte de la ley de Medidas Urgentes de Saneamiento y Regulación de las Haciendas Locales, en la que se establecía la posibilidad de que los municipios vieran condonadas sus deudas anteriores a 1982, a cambio de que asumiesen planes de contención de gastos y se comprometiesen a buscar la financiación complementaria a la que recibiesen del Estado a través de las contribuciones locales.

El perdón de las deudas municipales

El primer paso para conseguir unas haciendas locales autónomas y autosuficientes en materia financiera ha venido, pues, definido por la cancelación de las deudas que las corporaciones locales tenían hasta el 31 de diciembre de 1982 al asumirlas el Estado. Algo más de 144.000 millones de pesetas ha sido la cifra final de estas deudas. Trescientos tres ayuntamientos se han acogido a esta posibilidad. El Ayuntamiento de Barcelona, con una deuda acumulada del orden de los 74.000 millones de pesetas, encabezaba el ranking de los municipios deudores. Detrás, pero ya a respetable distancia, aparecían Madrid, con 18.000 millones; Valencia, con 7.000, y Sevilla, con unos 5.000 millones de pesetas.

A partir de este momento se liberalizaron los tipos de gravámenes aplicables a las contribuciones rústicas y urbanas, y se establecía el principio de discrecionalidad en el recargo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para aquellos ayuntamientos que se acogieran a la ley antes citada. Había empezado la guerra.

Realmente las primeras decisiones de las distintas corporaciones pecaron de anticipación, pero resultaba muy difícil establecer criterios afinados en sólo una semana, que era el plazo con que contaban los munícipes para adherirse a lo publicado en el Boletín Oficial del Estado, siete días antes de que terminase el pasado año. Eso, junto con la mala acogida que dispensaron los ciudadanos a las decisiones de incrementar la presión fiscal, a la que están extraordinariamente sensibilizados, hizo que más de un ayuntamiento rectificase sus planteamientos iniciales.

No obstante, algunas corporaciones se mantuvieron firmes en sus decisiones, como eran los casos de Santander y Sevilla, aunque con distinta suerte. Las 15.000 personas que se manifestaron el pasado viernes en la capital cántabra frente al ayuntamiento, para manifestar su disconformidad con la decisión del alcalde Hormaechea de establecer el recargo municipal en un 10% sobre la cuotade los contribuyentes, ha constituido una clara expresión de hasta qué punto ha subido el nivel de incomodidad ciudadana. Estos recargos se han constituido en una de las medidas más impopulares de los últimos tiempos.

Si lo que perseguía desde las instancias gubernamentales era atribuir la responsabilidad de este incremento en los impuestos a los ayuntamientos, no puede hablarse de un gran éxito. Las prisas no fueron exclusivas de los ediles a la hora de sumarse a esta ley. La propia norma fue alumbrada con bastantes premuras y en ella se establecía que el recaudador de estos impuestos adicionales sería el propio Estado. Y es precisamente en el mismo impreso donde se realiza la liquidación del IRPF, y difícilmente existe un impreso más fácilmente identificable y menos agradable para un ciudadano obligado a tributar en España que éste.

Uno de los aspectos más curiosos que ha presentado la apertura a la discrecionalidad en esta parte de los tributos municipales han sido los extraños hermanajes a los que ha dado lugar. Corporaciones con mayoría de Alianza Popular han decidido aprovechar esta vía para intentar allegar algunos fondos a sus maltrechas arcas. En otros ayuntamientos, en los que el partido que aglutina Manuel Fraga no gobernaba, los planteamientos resultaron diametralmente opuestos e incluso se buscó la desautorización del Ejecutivo municipal por la vía del recurso administrativo. Pero tampoco los hombres del PSOE se ponían de acuerdo. En unos casos optaban por aprovechar la oportunidad de aumentar los ingresos locales que se les ofrecía, pero en otras ocasiones se mostraban mucho más parcos. En definitiva estas actitudes venían a dar la razón una vez más a aquellos que piensan que el principal trabajo de la oposición es precisamente oponerse a las iniciativas de la mayoría.

Distintas políticasEn provincias de marcado carácter rural como Zamora, la mayor parte de sus corporaciones locales han declinado la posibilidad de incrementar la presión fiscal sobre sus vecinos. Sólo 21 de los 249 ayuntamientos integrados en esta provincia han decidido aprobar este gravamen. En dos de estos municipios, San Justo y Trefacio, con alcaldes del Partido Demócrata Liberal y de Alianza Popular, respectivamente, acordaron establecer estas nuevas contribuciones en el 20%, con lo que se sitúan en uno de los máximos niveles del país. Por su parte, la corporación municipal de Valladolid decidió aprobar este gravamen adicional fijándolo en el 4%. La mayoría socialista que rige el consistorio de Salamanca aprobó fijar este impuesto adicional en el 5%. El Ayuntamiento de Palencia decidió fijar la nueva tasa en el 3%. Lugo ha sido otra de las provincias en la que muy escasos municipios se

han decidido a incrementar las cargas sobre sus vecinos. Sólo seis de los 66 ayuntamientos de la provincia lo hicieron y en la capital el consistorio decidió no utilizar la posibilidad que se le brindaba de reducir sus problemas económicos. También en Galicia niguno de los ayuntamientos de la comarca de Santiago de Compostela ha establecido este gravamen. Sin embargo, la corporación viguesa, a pesar de la oposición del grupo municipal de Alianza Popular, decidió establecer este recargo en un 2,5%.En las islas Canarias tampoco han sido nada bien recibidos estos recargos. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha sido objeto de duras críticas al aprobar un 5% como adición al IRPF. En Gran Canaria 11 de los 21 municipios existentes en la isla decidieron incrementar la presión fiscal, mientras que esto no se ha producido en ninguna localidad de Lanzarote ni Fuerteventura. En Baleares sólo el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, gobernado por el PSOE, se decidió a adoptar el recargo, que fijó en el 2,5%.

La mayoría socialista que domina el Ayuntamiento de Logroño aprobó un incremento del 4,25% y fue acompañado por otros 13 municipios riojanos. En Albacee capital también la mayoría socialista conseguía imponer un 3% de recargo. En Murcia 12 municipios realizaban este incremento de las tasas, mientras en la capital se generaba una subida del 35% en la contribución urbana y un 20% en la rústica. Sin embargo, municipios como los de Segovia o Toledo, donde también gobierna el PSOE, decidieron no incrementar las obligaciones tributarias de los vecinos. Éste es el mismo caso de Madrid capital.

Sólo siete en CataluñaSiete ayuntamientos catalanes solicitaron al Ministerio de Hacienda la aplicación de recargos en el Impuesto sobre la Renta. Salvo el caso de Lérida, el consistorio más importante por número de habitantes y el único que está gobernado por mayoría socialista, el resto corresponde a municipios que no superan los 5.000 habitantes. Tres de estas poblaciones están gobernadas por Convergència i Unió (Sant Pere de Torelló, Agullana y Hostalrich), las restantes, por agrupaciones de independientes: Cervelló, por Unitat de la Palma; El Papiol, por la Agrupación Electoral Unió, y Sant Joan de les Abadesses, por el grupo denominado Junts per l'Eficàcia (Juntos por la Eficacia). El Ayuntamiento de Cervera, en el que gobierna CiU en coalición con UCD, cuyo pleno aprobó inicialmente acogerse a los beneficios del recargo de la Renta, anuló su propio acuerdo al arrepentirse el alcalde de la localidad, Joan Salat, de la propuesta.

El porcentaje de recargo aplicado en cada uno de los casos oscila desde el 5% de Cervelló (3.547 habitantes), El Papiol (3.178) y Hostalrich (2.672) al 1% aplicado en Lérida (106.814), Agullana (693) y Sant Pere de Torelló (2.006) que lo han hecho en un 2,5%, mientras Sant Joan de les Abadesses (4.247) se limitó a un 2%.

El caso más significativo fue, sin duda, el del Ayuntamiento de Lérida, que acordó establecer por primera vez un recargo del 1% sobre la cuota líquida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) durante un pleno celebrado el 30 de diciembre de 1983, por 17 votos de los socialistas.