Directivos de empresas petroleras advierten de la debilidad del sector ante el ingreso en la CEE

Altos representantes del sector petrolero, tanto de empresas públicas como privadas, advirtieron ayer, en las sesiones informativas que se desarrollan en la Comisión de Industria del Congreso sobre el Plan Energético Nacional (PEN), que el mayor peligro a medio plazo que esta actividad tiene planteada en España es su previsible debilidad financiera de cara a la futura integración en la Comunidad Económica Europea (CEE). En este sentido, los comparecientes ahogaron por la creación de la futura Campsa, que integrará a las sociedades de refino españolas en una compañía distribuidora sobre unas bases financieramente sólidas.

Aunque con distintas palabras y con un tono muy diferente, tanto Claudio Boada, presidente del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), como Roberto Centeno, consejero delegado de Campsa, y Eugenio Marín, director general de la compañía privada CEPSA, coincidieron en sus apreciaciones sobre la necesidad de establecer unos principios financieros claros y estables para la futura empresa que distribuirá los productos petrolíferos en España, de forma que tanto la nueva sociedad como sus compañías accionistas dispongan de un marco más apropiado para la defensa de sus intereses en un sistema de competencia tan amplio como el comunitario.El consejero delegado de Campsa, Roberto Centeno, quizá fue un poco más lejos cuando ofreció su opinión de que el PEN de 1983, que estudia el Parlamento, es muy parco a la hora de abordar la futura estructura financiera del sector de hidrocarburos en España. En términos muy similares se expreso Claudio Boada cuando dijo que las empresas españolas de refino tenían una relación entre recursos propios y ajenos muy inferior a la de sus futuras competidoras, y añadió que la nueva Campsa será mucho más pequeña en tamaño y recursos que cualquiera de las multinacionales con las que tendrá que competir.

El argumento de la competencia comunitaria fue utilizado también por Eugenio Marín, director general de CEPSA, para justificar una previsible modificación del protocolo que el 8 de Julio de 1983 firmaron las empresas españolas de refino con el ministro de Industria sobre la futura desmonopolización de Campsa. Marín centró el punto de mira en el abanderamiento único que fija este protocolo para las estaciones de servicio y puntos de venta de la nueva sociedad, y señaló que, desde un punto de vista comercial, requería una modificación.

El director general de CEPSA reiteró alguno de los argumentos utilizados por Alfonso Escámez, presidente del Banco Central y de CEPSA, en la reciente junta de accionistas de esta última sociedad. Según Marín, las marcas múltiples son más efectivas de cara al consumidor, y, por otro lado, sería incongruente perder "el activo nacional".

En respuesta a los interrogantes planteados por el Grupo Popular, Roberto Centeno defendió la firma con Argelia del contrato de suministro de gas natural de 1974, que contemplaba la compra de 4.500 millones de metros cúbicos de gas al año. Según el consejero delegado de Campsa, Enagas pidió en aquellos días el asesoramiento de dos firmas consultoras extranjeras (Bechtel y Stanford Research Institute), que aconsejaron no sólo la firma de un contrato de este tipo, sino la construcción de redes distribuidoras de gas en Guipúzcoa, Vizcaya y Madrid. "Lo primero se hizo, pero la comercialización del gas en las provincias citadas nunca se materializó, por razones que desconozco", dijo.

También intervino ayer en las sesiones informativas el secretario de Estado para la CEE, Manuel Marín, que señaló que el protocolo de Campsa se adapta a la legislación comunitaria y que un período transitorio de seis años será suficiente para adaptar el sector del petróleo a la competencia comunitaria.