El ministro de Economía y Hacienda anuncia la inmediata reforma del sistema de pensiones

El ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, anunció ayer la inmediata reforma del sistema de pensiones y declaró que durante este año y los próximos la presión fiscal aumentará por debajo de la tasa histórica de 1983, si bien más por efecto de la lucha contra el fraude que por la subida de tipos impositivos. Entre las medidas anunciadas a este respecto, en la primera jornada de un seminario fiscal para periodistas celebrado en Rascafría (Madrid), figura el envío al Consejo de Ministros en las próximas semanas de dos leyes (tributación de nuevos activos y sanciones e infracciones), destinadas a combatir el fraude (ahora sólo declara un 65,4% de los contribuyentes potenciales) e impedir que las rentas del trabajo sigan soportando el 82% largo de los ingresos por IRPF.

Antes de que termine 1984, el fisco pretende que esté en vigor una ley de actualización del impuesto sobre la renta, con el fin de que pueda surtir efectos en la próxima campaña de declaraciones, y de volver a someter a retención y tributación el subsidio de paro, las indemnizaciones por despido y las pensiones de invalidez permanente, excluidas por recientes sentencias.Boyer expuso en su intervención que los dos problemas más graves son ahora el mal funcionamiento del mercado de trabajo y el déficit público, una vez afrontados los desequilibrios en inflación y balanza de pagos. Para atajar en profundidad el paro juvenil, dijo que el Gobierno ha pedido iniciativas sobre nuevas formas de contratación, a CEOE y UGT y espera aprobar medidas durante el verano, aunque los principales avances no se darán hasta que España ingrese en la Comunidad Económica Europea y crezca la competencia empresarial.

Contra el déficit, el ministro se mostró escéptico ante la posibilidad de recortar más los gastos de personal (situados este año un punto por debajo del 8% previsto de inflación) o las compras de bienes y servicios (congeladas en el 8%), pero agregó que todavía hay margen en la mejora de gestión y la reducción de gastos de la Seguridad Social y empresas públicas.

En concreto, calificó de insostenible la situación del sistema de pensiones, que achacó a la demagogia política de las últimas décadas, empeñada en la ilusión de que sería posible mantener pensiones altas. Tras advertir que sin reforma el agujero creciente de la Seguridad Social impedirá pagar en los próximos años a los pensionistas, indicó que para conservar los derechos adquiridos de los actuales jubilados y permitir ciertas revisiones será necesario un ajuste en las nuevas pensiones. Explicó que los proyectos de mayor envergadura se centran en corregir el déficit de diversos regímenes especiales (subrayó que los gastos del agrario superarán este año a los ingresos en 550.000 millones de pesetas, cifra equivalente a la mitad de todo el valor añadido del sector) y en garantizar un nivel mínimo para que luego los trabajadores en general con mayores rentas coticen más de lo que vayan a percibir, al tiempo que recurran a, sistemas complementarios si desean prestaciones superiores a dicho mínimo.

Nueva legislación

Según el ministro, como el Gobierno desea disminuir el déficit público hasta el 3,5% o 4% del producto interior bruto en 1986 y en los próximos años, es deseable que la presión fiscal aumente menos del 1,4% del registrado en 1983 (entre impuestos y cotizaciones), los aumentos de recaudación procederán de la lucha contra el fraude y de completar la reforma fiscal. Entre los proyectos de ley más urgentes citó el del impuesto sobre el valor añadido (deberá estar dispuesto para entrar en vigor en enero de 1986, por si España entra en el Mercado Común), precios públicos y tasas, ajuste de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de las sociedades, patrimonio neto, sucesiones y donaciones, ley del cupo para el País Vasco y del concierto para Navarra y ley general Presupuestaria.Sobre los más próximos proyectos de tributación de nuevos activos y sanciones e infracciones, afirmó que ambos pretenden aproximar a la legislación media europea el secreto bancario y equiparar el tratamiento de las rentas del capital al recibido por las del trabajo, "desigual e insostenible éticamente". Añadió que en España, por defectos de las normas que, dictaron anteriores Gobiernos, el secreto bancario ha ido más lejos que en Europa, y, no debe servir para proteger o facilitar conductas delictivas, "aunque estamos de acuerdo en que debe garantizar la intimidad privada". Para ello, además de ordenar que los intermediarios financieros faciliten listados de perceptores de intereses, se permitirá la investigación de cuentas cuando lo dispongan autoridades de rango elevado, con el fin de evitar las venganzas personales.

Sin embargo, Boyer admitió que siempre habrá mayor aportación de la, renta del trabajo, porque en España ésta absorbe el 55% del producto interior bruto o hastael 60% si se incluyen las prestaciones de la Seguridad Social. Pero anticipó que, con la tributación de nuevos activos, las retenciones del capital aumentarán artualmente de 20.000 a 30.000 miliones de pesetas.

El Gobierno elabora una nueva ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que deberá estar terminada para antes de que finalice 1984 para que entre en vigor en 1985, según anunció ayer José Borrell, secretario de Estado de Haciendo.