El Banco de España ha abierto expedientes y enviado al fiscal informes de 47 crisis bancarias

Desde que en 1978 empezó la crisis bancaria en España, 47 entidades han sufrido procesos de saneamiento financiero con participación de la Administración El total de depósitos administrados por las entidades en crisis -excluidos los recursos de la veintena de bancos del grupo Rumasa- ascendió a casi un billón de pesetas. Varias docenas de entidades y sus responsables han sido objeto de sanciones administrativas, desde la amonestación privada hasta la exclusión del Registro de Bancos y Banqueros que lleva el Banco de España, con la consiguiente incapacitación para ejercer el oficio de banquero. Dos entidades, el Banco del País y el Banco de Navarra, han sido liquidadas. Otra, el Banco de los Pirineos, está en proceso de liquidación, y se han interpuesto varias querellas criminales, que apenas han prosperado.

En todos los casos de crisis bancarias, el Banco de España a ha tenido una triple actuación: .0poner a los medios par resolver la situación de desequilibrio patrimonial existente, a través del Fondo de Garantía de Depósitos en Instituciones Bancarias (FOD), organismo que sucedió a la Corporación Bancaria u hospital de bancos; abrir un expediente administrativo, y enviar al fiscal general del Estado un informe detallado sobre las irregularidades detectadas en cada caso, por si éstas pudiesen contener, indicicios de actuaciones delictivas de los rectores de cada banco.Las crisis de bancos, que se iniciaron en 1978 con el caso del Banco de Navarra, han afectado a 20 entidades independientes: Navarra, Cantábrico, Meridional, Valladolid, Granada, Crédito Comercial, López Quesada, Catalán de Desarrollo, Asturias, Promobanc, Occidental, Comercial Occidental, Descuento, Pirineos, Bankunión, Mas Sardá y Levante, además del Banco. del País (liquidado en noviembre de 1980) y del Rural y Mediterráneo (absorbido por el Exterior en julio de 1981).

El exceso de inversiones

A estas 20 marcas hay que añadir las siete de la órbita de Banca Catalana (Catalana, Industrial del Mediterráneo, Industrial de Cataluña, Gerona, Alicante, Crédito e Inversiones y Barcelona), la veintena del grupo Rumasa y la correspondiente a determinadas instituciones financieras que encontraron un comprador antes de que se declarara públicamente su situación de quiebra patrimonial y cuyo ejemplo más significativo fue el taso del Banco Urquijo, que, sin pasar por el Fondo de Garantía de Depósitos, requirió sustanciales apoyos de la Administración para recomponer su cuenta de resultados.En muchos casos el esquema de la entrada en barrena de estas instituciones financieras ha venido dado por el exceso de inversión industrial o inmobiliaria, que una vez desatada la crisis económica general generaba unas minusvalías no asumibles por el decreciente margen financiero. Eso dio lugar a diversas irregularidades contables, que han constituido la base de las investigaciones administrativas y judiciales consiguientes.

Al mismo tiempo, esta situación, en principio económica o de defectos formales, se complicó en algunos casos más significados -especialmente en los que el banco no era más que una plataforma de financiación de empresas o negocios vinculados a sus rectores por la simple apropiación de bienes.

Tanto la fiscalía, como, en algunos de los primeros casos, los nuevos consejos de administración nombrados por la Corporación Bancaria o por el FGD, han interpuesto algunas querellas, sobre la base de la información remitida por el Banco de España. Las acusaciones se han formalizado por presuntas falsedades en documento mercantil, por delitos monetarios o por apropiación indebida de bienes.

Han mediado querellas, por lo menos, en los casos de los bancos, de Levante, Meridional, Cantábrico y Descuento, así como en el caso del Banco de los Pirineos -en el que tanto el administrador judicial como los afectados presentaron sendas acusaciones, y su presidente, el industrial papelero Higinio Torras Majem, se fugó de España con destino a Brasil-, sin contar los procedimientos abiertos por la crisis de Rumasa.

Lagunas legales

Mientras algunas de estas querellas prosiguen lentamente su tramitación, otras no han prosperado. Las explicaciones que oficialmente, se han dado sobre esta situación se han referido siempre a dos hechos: las lagunas existentes en el ordenamiento jurídico español sobre los delitos económicos y las dificultades técnicas y de personal especializado propias del sistema judicial.La crisis y expropiación del grupo de empresas de Rumasa ha originado el procesamiento de José María Ruiz-Mateos, detenido hace algo más de un mes por la policía alemana en el aeropuerto de Francfort y en espera de que se decida sobre su posible extradición, por apropiación indebida, falsedad y estafa.

Independientemente de estas derivaciones penales, la labor sancionadora, en la vía administrativa, llevada a cabo por el Banco de España ha sido muy amplia, abarcando tanto a los bancos como a las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito. En los ejercicios de 1980, 1982 y 1983 ha resuelto 175 expedientes.

Las sanciones administrativas que a consecuencia de dichos expedientes se impusieron en 1981 se cifraron en 29 (cuatro exclusiones del registro, dos amonestaciones públicas y 23 privadas). En 1982 llegaron a 32, que en su mayoría recayeron sobre las cooperativas de crédito.

A, la crisis bancaria ha seguido en los últimos tiempos la de las cajas, rurales, atrapadas por la legislación que condiciona el desarrollo de su negocio, y por posibles prácticas delictivas de sus responsables. Numerosas sustituciones en los órganos de gobierno de estas entidades han tenido lugar en el último año y medio como consecuencia de una gestión deficiente, y no parece, por el momento, que se haya finalizado totalmente el descubrimiento de nuevos datos sobre irregularidades financieras.

Al tiempo se han producido diversos procesamientos, entre los que destacan el de Domingo Solís Ruiz, su hijo Felipe y el ex director general de la Caja Rural de Jaén; estos dos últimos fueron condenados por la Audiencia Nacional en relación a un delito monetario por no haber repatriado las divisas correspondientes al pago de intereses de una imposición a plazo que tenían en el exterior.

Domingo Solís Ruiz fue absuelto en dicho proceso. La crisis de la Caja Rural de Jaén y de la Unión Territorial de Cooperativas de esa provincia aceleró el proceso en el conjunto del sistema financiero cooperativo y la instrumentación de un plan de saneamiento global, en el que el Banco de Crédito Agrícola jugará un importante papel de salvaguarda.