El fiscal de la Audiencia de Barcelona actuará sobre Banca Catalana "por orden" de Burón Barba
El fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba, aplazó ayer hasta después de que sea presentada la querella contra Jordi Pujol y otros antiguos responsables de Banca Catalana, su prevista información a los medios de comunicación social sobre las razones de la acción judicial contra unos 25 altos directivos de dicha entidad, incluido el actual presidente en funciones de la Generalitat. Por su parte, el fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Barcelona, Alejandro Sanvicente, hizo público ayer un comunicado en el que confirma que en el asunto de Banca Catalana actúa "por orden y delegación directa" del fiscal general.
En la nota de Sanvicente se hace referencia al estudio realizado por sus subordinados, los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena Álvarez, "a quienes se había encomendado", dice, "la preparación y redacción del proyecto de querella por las presuntas irregularidades de Banca Catalana". Indica que el pasado día 4 de mayo recibió el proyecto definitivo de querella, que "tras su examen, y dada su indudable trascendencia política y su importancia, estimé oportuno", afirma, "haciendo uso de las atribuciones que me conceden las leyes orgánicas que rigen el ministerio fiscal, someter dicho proyecto al superior criterio del excelentísimo señor fiscal general del Estado para su aprobación o rectificación, en su caso".Sanvicente explica que, además del proyecto de querella, el pasado día 7 de mayo expuso al fiscal general del Estado "las consideraciones de todo orden que mi modesta opinión estimó pertinentes". No detalla el fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Barcelona su posición contraria a la interposición de la querella, más por razones de oportunidad y conveniencia política que de carácter técnico-jurídico, único tema de discusión aceptado por Burón sobre la querella.
La reunión del día 18
La explicación de Sanvicente continúa dando cuenta de que el fiscal general del Estado, "con el fin de aclarar y matizar los aspectos técnicos del proyecto de querella, convocó, a través de mi persona", dice, "a los señores fiscales que la habían redactado a una reunión que se celebró el pasado día 18". Se trata de la reunión sobre: la que informó este periódico al día siguiente, y a la que asistieron, junto al propio Burón y los fiscales José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo, los también fiscales José Julián Hernández Guijarro y Cándido Conde-Pumpido.En aquella reunión se planteó la posibilidad de que, dada la importancia del caso y la posición del fiscal jefe de Barcelona, fuera el fiscal general del Estado quien interpusiera la querella. Burón no se negó en ningún momento a asumir su responsabilidad, y en este sentido se acordó que fuera la Fiscalía General del Estado la que, desde Madrid, comunicara la noticia a la opinión pública. Sin embargo, estimó que debía ser Alejandro Sanvicente quien formalizara la querella, y en este sentido cursó instrucciones al fiscal jefe de Barcelona.Los dos fiscales ejecutores de la larga e intensa investigación sobre Banca Catalana no ocultaron su satisfacción por el reconocimiento a su trabajo.
En su comunicado, Sanvicente, trasreferirse a lo que él denomina filtración de dicha reunión a EL PAIS, agrega que tiene ya en su poderlas instrucciones estimadas procedentes por el fiscal general del Estado, "a las cuales", señala, "debo dar cumplimiento en virtud del principio de dependencia jerárquica que rige el ministerio fiscal". Termina invocando la reserva profesional y la delicadeza hacia sus superiores para no revelar dichas instrucciones. Por lo que se refiere al no cumplimiento de las previsiones acordadas en la reunión del día 18 sobre la información oficial de la presentación de la querella a los medios de comunicación social, según fuentes de toda solvencia no se trata de una reacción a la publicación anticipada de la noticia, sino fruto de la reflexión de que resulta más lógico que primero se presente la querella y después se informe públicamente sobre la misma. Aunque es cierto que a Burón le sorprendió y le disgustó la anticipación de la noticia, nada sustancial ha cambiado respecto a la interposición de la querella, afirmaron dichas fuentes.
Acusación contra personas determinadas
En cuanto a la posibilidad de que Jordi Pujol quedara inicialmente excluido de los querellados o que la querella se formulara contra personas no determinadas, como se informó ayer en algunos medios, fuentes de la Fiscalía General del Estado valoraron dicha noticia como "deslizada con toda intención" y ratificaron que por el momento no se han producido novedades sobre el contenido esencial de la querella ni sobre los acusados en la misma, aunque podría ocurrir que en lugar de formalizarse hoy, como está previsto, la presentación de la querella se retrasara algún día más, a causa de los últimos retoques en su redacción final.Durante el fin de semana pasado, el Gobierno no hizo pública ninguna reacción sobre la anunciada querella ni ofreció comentario alguno sobre las informaciones que le atribuían un gran protagonismo en el tema. El pasado lunes, ante las demandas de información a los portavoces del Gobierno, el propio Felipe González decidió que el portavoz del Ministerio de Justicia explicara la posición gubernamental en la materia. El citado portavoz dio cuenta de que el Gobierno puede "interesar, no ordenar", la actuación del ministerio fiscal, que conserva en todo caso autonomía suficiente para decidir. Añadió que, en el caso de Banca Catalana, el Gobierno "ni siquiera ha hecho uso de dicha facultad de interesar la actuación del fiscal".
Sin perjuicio (le esta declaración, es cierto que en este caso el fiscal ha conectado, en su actuación, con el criterio gubernamental, encargado de definir -como ha señalado el ministro de Justicia, Fernando Ledesma- el interés social que, junto al principio de legalidad, debe inspirar la acción del ministerio fiscal.
