El Ayuntamiento de Boadilla ha dado licencias de obras a más de 200 chalés antes de la aprobación del plan parcial

La concesión municipal de licencias de obras de más de 200 chalés adosados antes de la aprobación del plan parcial correspondiente es una de las presuntas irregularidades del desarrollo urbanístico en Boadilla del Monte, cuya "racionalización" es objeto del interés de la Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad de Madrid, que ha iniciado una inspección en dicho municipio. La alcaldesa - y vicepresidente regional de AP en Madrid - Matilde Múigica afirma que todo se está haciendo dentro de la legalidad", mientras que varios concejales apuntan "el peligro, cuya "racionalización" es objeto del interés de la del desarrollo urbanístico desordenado, ilegal y a la ligera que se está acometiendo en el pueblo".

Inspectores de la dirección general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid han solicitado a la alcaldesa de Boadilla del Monte, y vicepresidenta regional de AP, en Madrid, Matilde Múgica, "toda la documentación referente a los polígonos en fase de desarrollo urbanístico" de este municipio, según fuentes de dicha comunidad. Los citados inspectores comenzaron el pasado viernes su reconocimiento del terreno por el subpolígono A-5 del Polígono de Ensanche Urbano.El municipio de Boadilla del Monte cuenta con unos 6.000 habitantes, y está situado a nueve kilómetros al oeste de Madrid, próximo a Prado del Rey y la Casa de Campo de Madrid. Su política urbanística está regulada por el Plan General aprobado en 1978, modificado en 1980 por la hoy desaparecida Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana (Coplaco) para delimitar el Polígono de Ensanche alrededor del casco urbano, con un techo de 16.500 viviendas.

La actual Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda ordenó la revisión de este plan general en septiembre de 1983, con intención de establecer en el mismo criterios urbanísticos más racionales. La revisión todavía no se ha efectuado a causa de las discrepancias entre el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la consejería, organismo que ha recibido varias quejas sobre el desarrollo urbanístico en dicho pueblo.

El concejal independiente José Antonio Ferreras lo califica de "desordenado, peligroso e ilegal en algunas actuaciones". Añade que la alcaldesa, "pretende imponer la moral del esclavo, la sumisión, entre los concejales", y que "para ver las actas de la comisión permanente nos obliga a solicitarlo por escrito y con póliza de 25 pesetas".

Matilde Múgica ha declarado a El PAIS que "todas las actuaciones son legales". Y explica: "No puedo negar, ni retrasar, la concesión de licencias que se piden en perfectas condiciones, si se ajustan al Plan General vigente, aunque esté en revisión, porque el pueblo ha de seguir creciendo". La alcaldesa afirma, asimismo, que "existe una gran unión del equipo de gobierno municipal". Sin embargo, los desacuerdos en el seno de la corporación municipal en materia de urbanismo son confirmados por el concejal delegado de Urbanismo, perteneciente a AP, José Javier Pino, preguntado al respecto.

"He tenido que oponerme a mi propio grupo en varias ocasiones", admite José Pino, "pues el urbanismo no puede hacerse tan a la ligera como se está haciendo aquí, lo cual ha originado discrepancias con la alcaldía, puestas de manifiesto en varios plenos". El delegado de Urbanismo precisa que "el desarrollo de Boadilla debería hacerse de acuerdo con los planes parciales e ir acompasado a la creación de una red viaría que pudiera absorber a la población que llegue a alojarse en el pueblo y cuyo puesto laboral está en Madrid".

Valdepastores y el Ensanche

Entre las actuaciones urbanísticas que apuntan hacia un presunto crecimiento irregular de Boadilla del Monte se cuenta el Plan Parcial de la parcela de Valdepastores, que contemplaba la posibilidad de construir viviendas en altura y unifamiliares aisladas, y fue modificado por el ayuntamiento en septiembre de, 1983 para poder construir viviendas unifamiliares adosadas, pese a los informes técnicos municipales en contra. Esta modificación todavía no ha sido aprobada por la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el Ayuntamiento concedió dos tandas de licencias de obras, una para 68 chalés, en marzo de 1983, y otra para 146, en octubre de 1983. Matilde Múgica mantiene que tales actuaciones son legales y suponen una "situación consolidada en beneficio del pueblo".Otra de las acometidas urbanísticas de especial repercusión se centra en las obras de infraes tructura del Subpolígono A-5 donde se prevé construir unas 2.000 viviendas, dentro del citado Polígono de Ensanche. El Ayuntamiento ha empezado a dar licencias de construcción de viviendas, pese a que las obras de infraestructura no abarcan todo el Polígono, sino sólo una fase, ni todos los aspectos del saneamiento, como marca la ley del Suelo en el artículo 117, salvo que se garantice mediante aval la total realización de la infraestuctura.

La alcaldesa, así como el arquitecto municipal, Juan Chávarri, afirman que "la fase A-5 tendrá abastecimiento de agua y depuradora propios", y que "no existe ilegalidad en dar licencias de construcción alternativamente a la realización por fáses de la infraestructura"