El Gobierno regional investigara partidas presupuestarias de la secretaría de la presidencia.

El Gobierno regional cántabro procederá a investigar las actuaciones llevadas a cabo por la Secretaría General de la Presidencia en relación con el destino dado a determinadas partidas presupuestarias, consignadas bajo los epígrafes de información y publicidad, tal como solicitaba una moción socialista aprobada por la Asamblea regional de Cantabria.

Asimismo, el Ejecutivo regional se ha comprometido a hacer entrega a la oposición de toda la documentación relacionada con el gasto de 169 millones de pesetas que, para el Grupo Socialista, al que apoyan regionalistas y disidentes del Grupo Popular, "no está suficientemente aclarado".El posible cobro o pago de comisiones publicitarias a un determinado medio informativo por parte del secretario general de la Presidencia, José Ramón Sainz Fernández, fue denunciado por el Grupo Socialista en una interpelación al Gobierno regional que posteriormente se convertiría en moción. Ésta, pese a la oposición del Ejecutivo cántabro y del Grupo Popular que le sustenta, fue aprobada al recibir el apoyo de los dos diputados regionales y los cuatro que recientemente abandonaron el Grupo Popular para integrarse en el mixto.

En la iniciativa parlamentaria socialista se pide al Gobierno que facilite una completa y detallada información en torno al destino dado a los 169 millones de pesetas que figuran en los presupuestos generales de la comunidad autónoma bajo los epígrafes de información, publicidad, promoción, desarrollo, representación, gastos reservados, atenciones sociales e imprevistos.

Gasto justificado

Para el Ejecutivo cántabro, dicho gasto está "plenamente justificado", y ha anunciado la entrega a los diputados de la oposición de la contabilidad oficial, que hasta el momento había sido negada. Según el consejero de Hacienda, sólo se mantendrán en secreto los gastos reservados del presidente -seis millones de pesetas, de los que se han gastado algo más de cuatro- y los referidos a atenciones sociales.Por su parte, el vicepresidente del Gobierno regional cántabro, Ambrosio Calzada, se comprometió, una vez concluido el pleno en el que se aprobó la moción socialista, a llevar a cabo la correspondiente investigación, aunque precisó que, en su opinión, no existía irregularidad alguna.