Todas las asociaciones de funcionarios se oponen al proyecto gubernamental de reforma de la Administración

Las cuatro principales asociaciones de funcionarios de la Administración pública, incluido el sindicato socialista UGT, se muestran radicalmente contrarias al proyecto de ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que será debatido por el Pleno del Congreso esta semana. Los cuerpos de elite de la Administración y los demás funcionarios coinciden, con distintos matices, en acusar al Gobierno de incumplir sus propios postulados -defendidos por el PSOE desde la oposición y en su programa electoral-, y especialmente la promesa de formalizar un pacto institucional para la reforma de la Administración y de no realizarla sin los funcionarios o frente a los funcionarios.

Entre el escepticismo, la ironía y la impotencia, todos los sindicatos lamentan que tras año y medio de Gobierno, y pese a la urgencia de la reforma de la Administración, reconocida por el propio Gabinete, lo único que se ha producido es un proyecto de ley que para estas organizaciones es inoportuno. También estiman que no define el modelo de Administración al que se quiere ir y encierra un cheque en blanco al Ejecutivo para hacer y deshacer a su antojo, y no una verdadera ley de bases consensuada o el Estatuto de la Función Pública.El sentimiento es unánime, aunque su expresión varía según la formación de que se trate. Los funcionarios de mayor rango, los de nivel 10, acusan a los socialistas de querer convertir la Administración "en un botín electoral". Rafael Heras, presidente de la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración (Fedeca), anuncia ya que "si es posible, iremos al recurso previo de inconstitucionalidad".

La Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), que agrupa fundamentalmente a cuerpos altos e intermedios, no descarta la posibilidad de ir a la huelga, a medio plazo, si no se producen modificaciones sustanciales en la tramitación del proyecto. Andrés Borderías, dirigente de esta asociación, a la que están afiliados unos 170.000 funcionarios, afirma que el proyecto de ley "no resuelve ninguno de los grandes temas planteados en la Administración desde la perspectiva de quienes trabajan en ella", y anuncia "una oposición frontal a la jubilación fórzosa".

Para Alberto Torres, secretario general de Comisiones Obreras de la Administración, el proyecto "es un error histórico del Gobierno, que se podría haber evitado si hubiese existido voluntad política, ya que todos los sindicatos coincidimos, con matices, en los plantea mientos de la reforma de la Administración".

El socialista Santiago Nieves, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT, afirma que "esta ley es vaga e incompleta y no garantiza una auténtica reforma".

La ley, que de una forma u otra va a afectar al millón y medio de funcionarios (incluidos los de los institutos armados y los de sanidad), también provoca las siguientes críticas concretas de los sindicatos a su contenido:

Des legalización.

El proyecto otorga amplias facultades al Gobierno para suprimir, refundir y crear cuerpos de la Administración. Los sindicatos, que afirman compartir la necesidad de reducir y racionalizar los 300 cuerpos que existen en la actualidad, denuncian el peligro de dejar en manos del Gobierno la supresión o modificación de unos cuerpos creados en su día por ley. Tres de las asociaciones -CSIF, Comisiones Obreras y UGT- admiten, sin embargo, que si se consulta a los funcionarios y se emplean criterios objetivos este procedimiento puede ser válido para agilizar la reforma. Los altos funcionarios, Fedeca, se muestran mucho más radicales y aseguran que el Gobierno, al reservarse la facultad de adscribir las competencias a los funcionarios, puede cometer todo tipo de desaguisados funcionales y abre cancha libre al amiguismo.

Carrera administrativa. Los cuatro sindicatos critican la escasa y deficiente regulación del proyecto, pero lógicamente Comisiones Obreras, UGT y CSIF ponen un mayor énfasis en las excesivas exigencias de titulación universitaria para la promoción. Todos rechazan la excesiva indeterminación de los puestos a cubrir por libre designación.

Retribuciones. Los sindicatos afirman que el sistema que regula el proyecto es casi el mismo que el actual, y que poco o nada se ha avanzado en simplificación, transparencia y racionalidad. Los altos cuerpos se quejan especialmente de lo mal pagados que están en relación con lo que perciben titulados equivalentes en el sector privado.

Complemento de productividad. Todos los sindicatos, incluido el, socialista, denuncian la creación de este complemento como fuente de arbitrariedad y clientelismo político.

Jubilación irorzosa a los 65 años. Para los altos funcionarios, esta reducción de cinco años en la jubilación es una medida contra derecho. Los funcionaríos medios y de base no se oponen a esta reducción por principio, pero sí por las consecuencias económicas que va a tener para los afectados: los funcionarios se jubilan con el 45% de sus retribuciones totales de activo.