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Jordi Pujol afirma sentirse "moral y jurídicamente tranquilo" ante la querella por el caso Banca Catalana

El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, manifestó ayer por la mañana que está "muy tranquilo moral y jurídicamente" tras el anuncio de que el ministerio fiscal presentará el próximo miércoles una querella criminal contra antiguos consejeros de Banca Catalana, entre los que se encuentra el propio Pujol. El portavoz socialista Lluís Armet recordó su tesis de que el caso Banca Catalana afecta a la credibilidad política y de gestión del equipo Pujol, y el secretario general del PSUC, Antoni Gutiérrez, dijo que había que evitar una instrumentalización del caso. Dirigentes patronales y políticos expresaron ayer a este periódico sus temores ante eventuales interferencias políticas.

"Si de alguna cosa pecó mi actuación en Banca Catalana fue de generosidad e incluso de desinterés personal", dijo Pujol a Europa Press; "por lo tanto, moral y jurídicamente me siento tranquilo". "Otra cosa", añadió, ,les el aspecto político que desde el principio ha tenido todo este asunto. Sin ese componente político el desenlace seguramente hubiera sido distinto y, por supuesto, hoy no estaríamos hablando de él". Tras estas declaraciones, el presidente de la Generalitat se encerró en un rotundo hermetismo.El mismo hermetismo se registró ayer entre los altos cargos de la Generalitat, que descartaron cualquier posibilidad de dimisión de Pujol. "El presidente", dijeron estos representantes del Gobierno autonómico, "estaba mentalizado porque ya había previsto esta situación". Tanto en los medios de la Generalitat, como en los de Convergéncia, donde la noticia causó una notable agitación, se dudaba de que la querella anunciada llegase a ser realidad.

El portavoz parlamentario del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Lluís Armet, afirmó ayer a este periódico que "los socialistas catalanes ya señalamos en el debate parlamentario de septiembre que la credibilidad política de Jordi Pujol quedaba inevitablemente cuestionada por el affaire de Banca Catalana". El dirigente socialista indicó que "a nosotros no nos corresponde pronunciarnos sobre la presunción de delitos, por lo que no hemos hecho jamás comentarios en este sentido".

Armet insistió, a otro nivel, en que la crisis del grupo bancario "se debió en gran parte a errores graves de gestión", y en que el retraso en encontrar soluciones dificultó una salida positiva para el grupo, cuya crisis "no puede ser comparada con las características que ha tenido el espectacular caso de Rumasa". Para los socialistas, a reserva de lo que ocurra en el, inmediato futuro, "el caso de Banca Catalana demuestra la mala capacidad de gestión de un equipo directivo". Otros medios del PSC informaron que no habían tenido conocimiento anticipado, ni siquiera por vía política, de la decisión de los fiscales.

Antoni Gutiérrez Díaz, secretario general del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), manifestó que el anuncio de presentación de la querella debía ser acogido "con la maxima prudencia". "Lo peor sería que hiciéramos una iristrumentalización política del hecho antes de que haya una decisión de los tribunales", añadió. "En cualquier caso sería bueno que este asunto se cerrara", indicó Gutiérrez, "porque su permanencia es un elemento que se proyecta sobre la vida política catalana, aunque el hecho en sí mismo no es de naturaleza política".

Eduard Bueno, en representación de Alianza Popular, subrayó su "respeto absoluto a la institución judicial" y su "extrañeza por el hecho de que se haya retrocedido en el tiempo en el tema de las responsabilidades cuando el ministro B.oyer las había circunscrito a los últimos cinco años".

El secretario general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Heribert Barrera, declaró: "No creo que esta medida sea la más apropiada para mejorar las relaciones entre los gobiernos del Estado y de Cataluña".

No prejuzgar a los jueces

Carlos Ferrer Salat, presidente de la gran patronal CEOE, manifestó a este diario: "Independientemente dé que es un tema muy espinoso, yo no quisiera prejuzgar la labor de los jueces", y apuntó que "es un tema que se puede politizar y ello me parece perjudicial". Carlos Ferrer se mostró soirprendido por la implicación de Jordi Pujol, pues creía, "como muchos ciudadanos", que éste "estaba al ínargen de la gestión de Catalana, y desearía que fuese así". Más contundente se mostró Josep Maria Figueras, presidente del Consejo Superior de Cámaras, para quien el caso de Banca Catalana "es una materia recurrente que aparece y desaparece, lo que podría inducir a pensar que ello se debe a ciertos intentos de marápulación política".

"Lo que más me preocupa", subrayó Figueras, "es que se enfaticen unas presuntas, insisto, presuntas irregularidades formales como la falsedad en documentos públicos" lo que puede llegar a "oscurecer la gran labor democrática y de defensa de la cultura que hizo Pujol".

Mientras Alfredo Molinas, presidente de la patronal catalana Fomento, se remitió a un reciente comunicado en el que se quejaba de que cuestiones políticas se sustanciasen "en terreno judicial", el presidente de la patronal madrileña, José Ajatonio Segurado, opinó que "desde el punto de vista de la empresa concreta, me parece poco oportuno, porque el asunto está resuelto". La impresión de Segurado es que se trata de "un tema muy político" que "da la sensación de haberse ocultado durante las elecciones autonónúcas". "No sé si hay materia penal, supongo que si los fiscales actúan deberán tener indicios de ello", subrayó el presidente de CEIM.

En medios democráticos de la Magistratura barcelonesa se su brayó ayer que debe respetarse el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y que estos casos deben tratarse desde un enfoque estrictamente técnico-jurídico, alejado de unas u otras influencias.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 20 de mayo de 1984

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