La Federación de Municipios pide a Justicia que se encargue de los depósitos de detenidos

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reclamó ayer que la vigilancia de los depósitos municipales de detenidos corra a cargo de la Policía Nacional y de funcionarios de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, según explicó un portavoz de la comisión, al término de una reunión celebrada en I'Hospitalet de Llobregat. La reclamación será trasladada en los próximos días al subsecretario del Ministerio de Justicia, al tiempo que se realizará en todos los ayuntamientos españoles una encuesta para recabar información sobre la, situación de las cárceles municipales, su vigilancia y el coste de su mantenimiento.Según los miembros de la comisión, el Ministerio de Justicia no ha dado aún ninguna respuesta a la inquietud reiteradamente manifestada por la mayoría de los municipios españoles que cuentan con un depósito municipal de detenidos.

Los municipios integrados en la Federación Catalana iniciaron la reivindicación de que la vigilancia y el mantenimiento de los depósitos dependa de Instituciones Penitenciarias -de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Rehabilitación de la Generalitat, en el caso concreto de Cataluña-, dado el alto costo y la conflictividad de estas dependencias. En las últimas semanas, municipios de toda España y la propia FEMP se han sumado a la iniciativa de los ayuntamientos catalanes, alarmados ante la proliferación de fugas e incidentes en numerosos depósitos vigilados sólo por las respectivas policías muñicipales.

Amenaza de cierre

Fuentes de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la FEMP explicaron ayer que la peligrosidad de las cárceles municipales deriva tanto de la falta de adecuadas medidas de seguridad como de la falta de preparación especializada de las respectivas guardias urbanas en la vigilancia de unos presos que a menudo son especialistas en fugas reitejadas y, en ocasiones, son delincuentes catalogados policialmente como "extremadamente violentos".

En el supuesto de que el Ministerio de Justicia no responda a la reclamación de la FEMP, los miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana acordaron ayer en l'Hospitalet proponer un cierre masivo de los depósitos municipales, siguiendo la actuación decidida unilateralmente, semanas atrás, por algunos ayuntamientos catalanes.