Clima de entendimiento entre socialistas y nacionalistas en la comisión que debate la ley de Reforma de la Función Pública

Un clima de aproximación entre socialistas y minorías nacionalistas -especialmente la catalana- presidió ayer la primera sesión de la comisión del Congreso que dictamina, el proyecto de ley de Reforma de la Función Pública. Por el contrario, las enmiendas del Grupo Popular fueron sucesivamente derrotadas no sin protestas en el sentido de que el Gobierno "trata de acabar con la profesionalización" del funcionariado creando "situaciones poco legítimas".

La expectación que rodeaba este primer debate en torno al proyecto, considerado como uno de los más trascendentales entre los enviados hasta ahora por el Gobierno a las Cortes, quedó de alguna manera defraudada ante el hecho de que el Grupo Popular, con la ausencia destacada en la comisión de su portavoz, Miguel Herrero de Miñón, pareció reservar su artillería pesada para el debate en el pleno. Este debate plenario se celebrará la próxima semana, aunque para ello la Comisión del Régimen de Administraciones Públicas tenga que habilitar sesiones extraordinarias el sábado y el lunes para emitir su dictamen.El proyecto -que, según el Gobierno, aborda "una reforma en profundidad de las competencias en materia de personal" introduce organismos como el Consejo Superior de la Función Pública, que "es el órgano superior colegiado de coordinación y consulta en la política de función pública, así como de participación del personal al servicio de las administraciones públicas".

Las minorías Catalana y Vasca mostraron ayer reticencias ante el enunciado original del texto, según el cual el consejo tendría una función deliberante en cuestiones de personal de las comunidades autónomas. En general, los nacionalistas trataron en todo momento de minimizar al máximo las funciones del consejo en cuanto pudieran interferirse en las competencias de los Gobiernos autónomos.

Los socialistas introdujeron una enmienda transaccional según la cual, hasta la entrada en vigor del Consejo Superior de la Función Pública, será la comisión coordinadora de la función pública la única encargada de emitir un dictamen no vinculante en materia de funcionarios de las comunidades autónomas. Esta transacción fue aceptada por Minoría Catalana, pero no por la vasca. Sin embargo, en general, ambas minorías aceptaron las enmiendas transaccionales -generalmente meras mejoras técnicas en la redacción- ofrecidas por los socialistas.

Controversia verbal

El único momento en el que se registró una cierta controversia verbal fue en el capítulo de la discusión de las "medidas de mejora de la información, la programación, la ordenación y la oferta de empleo público". Arturo García Tizón, del Grupo Popular, llegó a decir que la redacción propuesta por el Gobierno significaba "un riesgo de desaparición de la profesionalización de la Administración pública", "una desvertebración y pérdida de eficacia de la Administración" y la consagración de "situaciones poco legítimas, en las que no prima un deseo de modernidad y eficacia".

Por su parte, el también diputado popular Juan Luis de la Vallina insistió en el carácter de deslegalización que supone el texto, ya que "todo queda en manos del Gobierno" en cuanto a oferta de empleo, traslados, etcétera, de los funcionarios.

El peso del debate por el Grupo Popular se alternó entre Juan Luis de la Vallina y el letrado del Consejo de Estado José Manuel Romay, por un lado, y Arturo García Tizón, por otro. Tizón pasa por ser uno de los integrantes del Grupo Popular que se había mostrado más favorable a llegar a un acuerdo previo con los socialistas en torno a este proyecto de ley antes de que la propia oposición conservadora rompiese unilateralmente las negociaciones el pasado 30 de abril.

Según representantes del Grupo Socialista, han sido individualidades del Grupo Popular, como algunos letrados del Consejo de Estado, quienes han forzado esta ruptura "tratando de preservar sus privilegios corporativos". Miembros del Grupo Popular, no obstante, achacaron esta ruptura, sobre todo, al hecho de que los socialistas les habían ocultado algunas disposiciones transitorias a la ley, cosa que el PSOE niega.

En cualquier caso, se considera que el debate más enconado dentro de la comisión se centrará mañana en tomo a las jubilaciones de los funcionarios, previstas por el texto actual, con carácter obligatorio, a los 65 años, a lo que se opone tajantemente el Grupo Popular.