Los pagarés del Tesoro seguirán exentos de retenciones fiscales, según el subgobernador del Banco de España

Los pagarés del Tesoro "van a seguir en la situación actual" manifestó ayer en Barcelona el subgobernador del Banco de España, Mariano Rubio. En la próxima regulación fiscal sobre retención en la fuente de los nuevos activos financieros, los pagarés "van a recibir -en todo caso un tratamiento distinto del resto" de activos, precisó Rubio, quien justificó esta ventaja comercial del Estado tanto en la experiencia comparada como en la "necesidad de no incrementar los tipos de interés". En este tratamiento privilegiado de opacidad al risco para estos activos públicos, Ia banca y las cajas están de acuerdo", aseguró el subgobernador.

Mariano Rubio dijo que el Estado difícilmente puede crear un mercado de activos porque no dispone de una red comercial adecuada para captar pasivo. Por ello, las alternativas son o bien aumentar los tipos de interés ofrecidos al publico o dar facilidades fiscales. El subgobernador sostuvo que esta última opción es la más utilizada en Europa.Esta inhabitual comparecencia periodística del subgobernador del Banco de España ha sido contemplada como una confirmación de la interpretación que suscitaron las palabras del presidente del Gobierno recientemente, en las que éste se mostró partidario de la continuidad en las instituciones, de lo que se deducía que el actual subgobernador era la persona más indicada para ocupar el puesto de mando del Banco de España. El gobernador in pectore del banco emisor declinó opinar al respecto, limitándose a afirmar que las dudas las despejaría el Boletín Oficial.

Mariano Rubio consideró exageradas las cifras que se habían manejado en la evaluación del coste de la crisis bancaria, cifrado en tomo a un billón de pesetas. En este sentido, precisó que para enjuiciar si el coste había sido elevado o no, había que compararlo con otras posibles alternativas, dando por sentado que cualquier otra hubiese supuesto un coste mayor. Para el subgobernador del Banco de España, el coste final podría llegar a situarse en sólo 350.000 o 450.000 millones de pesetas.

Para defender el tratamiento dado a la crisis bancaria, subrayé las diferencias entre bancos y empresas y dijo que si se hubiera dejado a los bancos en crisis que suspendieran pagos sucesivamente, el alcance de los daños habría sido incalculable para millones de ahorradores y para todo el país. "Una democracia no podía estrenarse con una crisis financiera por el peligro que significaba de que muchos ciudadanos relacionasen la democracia con la crisis financiera", sentenció.

Finanzas empresariales

Rubio consideró como una contradicción sólo aparente el fenómeno de que el debilitamiento registrado en los últimos meses en la demanda de crédito haya coincidido con los primeros síntomas de recuperación económica. Dijo que podía parecer paradójico que ante signos incostestables de recuperación como el aumento de la demanda de la energía eléctrica, se redujese la demanda de crédito. Sin embargo, para Mariano Rubio, la única explicación lógica de estos fenómenos es "la de pensar que ha mejorado la situación financiera de las empresas, generando más cash flow, lo que les ha permitido autofinanciarse en una mayor medida y, en consecuencia, tener que recurrir menos al crédito de las instituciones privadas".

Mariano Rubio restó importancia a los coeficientes de inversión obligatoria, a los que calificó como "instrumentos demasiado toscos para ser utilizados como instrumentos de intervención en la política financiera". El coeficiente de inversiones obligatorias en fondos públicos tenía una eficacia muy relativa, sostuvo, ya que aunque no hubiese la obligación de ejecutar determinadas inversiones, las entidades financieras las continuarían realizando igualmente, pues en la mayoría de los casos ofrecen una rentabilidad aceptable. En definitiva, Rubio se mostró partidario de continuar por la senda de la liberalización del sistema financiero y, por tanto, de reducir progresivamente el papel de los coeficientes. Sin embargo, señaló que por razones meramente coyunturales convenía continuar con, la aplicación de los coeficientes.

En relación con el expediente administrativo abierto a Banca Catalana, señaló que los trámites se habían paralizado a la espera de que se resolviese el eventual procediemiento penal, siguiendo así el criterio establecido en una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que pospone los procedimientos administrativos a los penales.

Cajas de ahorro

Mariano Rubio se mostró satisfecho por el nivel de entendimiento alcanzado con la Generalitat en relación con materias como las cajas de ahorro, sobre las que, a causa de una legislación muchas veces ambigua e imprecisa, podrían producirse numerosos conflictos de competencias. Y puntualizó que "tanto la Generalitat como nosotros hemos entendido que no se puede convertir el tema de las cajas en un campo de batalla".

Rubio defendió la "gradualidad" en la próxima regulación de los órganos rectores de las cajas de ahorro y manifestó su confianza en que la redacción definitiva -de la ley no tendría "diferencias muy profundas con la postura de la propia Confederación Española de Cajas de Ahorros".