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El escalofrío eléctrico

La crisis financiera de las empresas eléctricas puede costar al contribuyente casi un billón de pesetas

Una batería de acciones gubernamentales de gran calibre ha trastornado, de pronto, al oligopolio eléctrico. Un mandato de palo y zanahoria del Ministerio de Industria les obliga públicamente a reducir sus dividendos y un plan de saneamiento les impulsa a un reparto de activos jurídicamente complicado, para concentrar y racionalizar la dimensión de las siete grandes latifundistas eléctricas, mientras les autoriza y promete sabrosas subidas de tarifas casi hasta la eternidad, pero les cautiva una parte de ellas para garantizar el pago de sus deudas. Y el último Consejo de Ministros les nacionaliza la red de alta tensión y el riesgo empresarial, pues con ello el Gobierno domina no sólo los palos de la luz sino también los grifos que distribuyen el beneficio de las eléctricas.

Millones de pequeños accionistas que guardan celosamente en su refajo iberdueros, hidrolas o matildes telefónicas han recibido, no sin cierta sorpresa o estupor, el primer aviso sobre la enfermedad aparentemente repentina del sector eléctrico, uno de los tradicionalmente más rentables en bolsa. Especialistas públicos y privados han sentido escalofríos al conocer, por primera vez, las auditorías -confidenciales, a excepción de Iberduero, Sevillana y Cantábrico- que las compañías tuvieron que entregar al Gobierno a finales del año pasado, ya que, como pasó antes con los bancos, no se conocía cuál era la situación patrimonial real del sector.A los cuatro meses de tener todos los datos en su mano, el ministerio de Industria ha aplicado una cirugía de urgencia de difícil comprensión todavía, a la luz de lo publicado hasta ahora en el Boletín Oficial del Estado. Los síntomas de la enfermedad eléctrica, en opinión de expertos consultados, parecen cancerígenos: el sector eléctrico no genera fondos suficientes para hacer frente a sus más de dos billones de pesetas de deuda, su autofinanciación es claramente negativa, su contabilidad confusa encubre una desorbitada activación de cargas finacieras, etcétera.

El problema financiero, calificado por algunos analistas como "el disparate eléctrico", ha preocupado a las autoridades económicas por su volumen, que podría acercarse, si no se remedia a tiempo, al coste que tuvo para los contribuyentes la reciente crisis bancaria -un billón de pesetas para salvar a la banca-, así como por el descubrimiento de algunos comportamientos contables heterodoxos.

Costes camuflados como ingresos

En el haber de la cuenta de explotación de las compañías eléctricas hay, por ejemplo, una exótica cuenta, con el rumboso nombre de "Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado", en la que se anotan anualmente costes financieros camuflados como ingresos. Esta argucia legal, autorizada por el Plan Contable pero denunciada por algunos analistas del sector, permitió que la nobleza eléctrica se desbocara, aunque de manera desigual y sin freno alguno, por los caminos de la deuda exterior, cuando no consiguieron financiarse con subidas de tarifas.Con una enorme fe en el quizá rentable futuro nuclear de España, destinaron habitualmente exiguas dotaciones a amortización, que han resultado ser meros apuntes contables, pues la autofinanciación efectiva del sector es negativa, aunque en algunas empresas particulares sea positiva, como es el caso de Cantábrico y Viesgo. Esperaban amortizar de golpe la inversión, una vez que las centrales nucleares engancharan a la red.

Otra pasión antigua y señorial de la gerontocracia eléctrica, calificada de incomprensible por expertos en bolsa, consistía en acudir, como en los tiempos gloriosos, a generosas ampliaciones de capital, comprando duros a seis pesetas. El saldo entre el coste de las captaciones de capital a través de las últimas ampliaciones -prácticamente simbólicas con relación a los recursos propios- y su remuneración es negativo para las empresas. En algunos casos, este empeño histórico de los consejeros ha tenido un coste de captación superior al 30%.

El fantasma de Rumasa

Una gran parte de las inversiones del sector en 1983, cifradas por el presidente de la patronal Unesa, Juan Alegre Marcet, en torno a los 500.000 millones de pesetas, se destina a pagar intereses y principal de la deuda interna y externa. Algunos especialistas calculan que más de la mitad de esa cifra son costes financieros y el resto inversión real. Las mismas fuentes afirman que los costes financieros activados -gastos que se contabilizan como ingresos- sobre la cantidad de inmovilizado medio ronda de 12%, y los costes financieros totales sobre ventas se sitúan en torno al 30%.De esta forma, la misma tijera que acabó cortando la yugular de Rumasa, Banca Catalana y otra veintena de bancos amenaza ahora con la expropiación de la gestión a la oligarquía eléctrica. La tijera fatal se produjo cuando la curva de la inflación decreciente cortó a la de los tipos de interés crecientes, es decir, cuando los rendimientos de su activo fueron persistentemente inferiores a los costes de su pasivo y tuvieron que recurrir a créditos cada vez mayores y en peores condiciones para hacer frente a los vencimientos, imposibles de cubrir con la exigua generación de fondos.

Entre tanto, las eléctricas lucían entre los accionistas amoratados por el derrumbe del mercado de valores, iniciado en 1975 unos dividendos artificiales que solían fijarse, según especialistas del sector, antes de sumar las distintas partidas de la cuenta de resultados. Como las eléctricas no podían dar al público el lamentable espectáculo de perder dinero, los directivos inventaron un peculiar sistema de hacer la cuenta de resultados al revés de como suelen hacerlo en el mundo civilizado: decidían la cantidad destinada a premiar a los accionistas, como una cifradada, y a partir de ahí construían las demás partidas de la cuenta hacia arriba. Un asiduo de la bolsa llegó a comentar, no sin cierta ironia, que el impuesto de sociedades que están obligadas a pagar innecesariamente las eléctricas para poder repartir el dividendo artificial debería considerarse como un coste y no como parte del beneficio bruto.

"Competencia acreditada"

La situación se ha visto agravada" además, por el efecto dramático provocado en los últimos años por el altísimo riesgo de cambio: las eléctricas se lanzaron a financiar sus cuantiosas inversiones con créditos exteriores cuando un dólar no valía más de 70 pesetas, y ahora tienen que comprarlos a 155 pesetas para devolver aquellos préstamos, varias veces renegociados y puenteados. El quebranto por esta desfavorable evolución de nuestra moneda ha sido importantísimo, ya que casi la mitad de la deuda ha sido tomada en el exterior y una buena parte de ella lo ha sido en dólares.Entre tanto, los presidentes de las siete grandes privadas -Iberduero, Hidrola, Unión-Fenosa Sevillana, Fecsa, Cantábrico y Viesgo-, un poco dejados de la mano de Dios y de la banca -que vendió rápida y hábilmente sus paquetes antes de la quema-, no se recatan, sin embargo, de felicitarse en público por las magníficas relaciones que mantienen con el Gobierno socialista, que "únicamente" acordó en su programa electoral la nacionalización de la red de alta tensión. El último en entrar por el aro parece haber sido José María Oriol, presidente de Hidrola, que lideraba las posiciones más antiintervencionistas, frente a las defendidas por Manuel Gómez de Pablos, presidente de Iberduero que se pegó a la rueda del Gobierno socialista; desde el primer momento, como única salvación para el sector.

Él acuerdo firmado el año pasado con el Ministerio de Industria fue celebrado públicamente por las compañías, lo que no es de extrañar si se recuerdan algunas frases versallescas de aquel bondadoso texto: "El ministerio practicará una política tarifaria que permita una rentabilidad suficiente a las empresas ( ... ), garantiza a las actuales empresas la propiedad y la gestión del sector no nacionalizado ( ... ), obliga a auditar los datos de balance y cuentas de explotación ( ... ), revisa el Plan Energético Nacional."

Pero lo que más pareció agradar a los consejeros eléctricos (que embarcaron a sus empresas -como antes hicieron las autopistas imperiales, cuyas pérdidas están siendo ya parcialmente nacionalizadas- en un fabuloso plan de inversiones, no acompañado como demuestran las cifras, de una adecuada previsión de financiación) fue, sin duda, "la voluntad del Gobierno de facilitar la gestión del sector por parte e las actuales compañías, cuyo grado de competencia", dice textualmente el acuerdo, "está acreditado".

Los consumidores salvarán a las eléctricas

Sin embargo, las autoridades del ministerio que están tomando la medida al sector -su lamentable aunque desigual situación patrimonial y su tradicional musculatura como grupo de presión, convertida hoy en papel mojado- se han envalentonado al estudiar las auditorías. La sombra de Ruiz-Mateos sobrevuela la mesa de Aseléctrica, donde se suelen reunir los intereses privados con los públicos. "Nada de pulsos con el Gobierno", debió ser la consigna de estos asustadizos empresarios, endeudados hasta el siglo XXII si el Gobierno no carga sobre los consumidores el coste de la crisis eléctrica, motivada también en buena parte por anteriores políticas que frenaron las subidas de tarifas eléctricas embalsando el problema para un mañana que ya es hoy.Los especialistas reconocer también que no toda la responsa bilidad de la dramática burbuja eléctrica, de más de dos billones de pesetas de deudas, correspon de a las compañías eléctricas, que supieron dar luz abundante y barata durante los años más importantes del desarrollo industrial español, sino que ha venido larvándose durante muchos años por la tacañería del Gobierno a la hora de autorizar impopulares subida de tarifas suficientes para garantizar la devolución de los préstamos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 13 de mayo de 1984