El Consejo del Poder Judicial desea responder ante el Parlamento, según su presidente

"El Consejo General del Poder Judicial, como órgano representativo de uno de los poderes del Estado, tiene la decidida voluntad de asumir la responsabilidad política que le corresponde ante el Parlamento", manifestó ayer su presidente, Federico Carlos Sainz de Robles, en el acto de presentación oficial del informe emitido por el Consejo sobre el anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial. Sainz de Robles aceptó, en lo que a él se refiere, la propuesta de un informador de celebrar un debate público con el ministro de Justicia sobre una ley de tanta trascendencia para la reforma de la justicia.

Sainz de Robles recordó que "el Consejo no es un órgano legislador ni desea confundirse con el Gobierno, y no le preocupa que sus criterios triunfen, sino que se discutan, sin previas descalificaciones". Desde este planteamiento subrayó que el informe sobre el anteproyecto (del que EL PAÍS publicó un amplio resumen el 24 de marzo de 1984) tiene como destinatario al Gobierno, que es al que correspon de elaborar el proyecto de ley. "Pero como no se trata de un documento secreto", añadió, "una vez que ya ha salido a la luz pública, preferimos que se conozca como es, para que sea correcta mente entendido".En cuanto a las disidencias ex presadas por algunos consejeros sobre puntos esenciales del informe y sobre la presentación del mismo "como un todo monolítico", Sainz de Robles se mostró sorprendido por este calificativo y manifestó su respeto por el ejercicio de la libertad de expre sión de los disidentes. Precisó que lo importante, como ocurre con los acuerdos del Consejo de Ministros y de otras instituciones, es el criterio del órgano más que los debates previos a los mismos. En todo caso, recordó que sobre uno de los puntos básicos del informe, el relativo a las competencias y la configuración del Consejo General del Poder Judicial, "hubo unanimidad entre los miembros del Consejo".

Precisamente sobre esta materia, Sainz de Robles aseguró que lo que el Consejo desea es "alcanzar el techo de autonomía que la Constitución establece para el poder judicial, paralelamente a los restantes poderes del Estado, pero no deseamos, contra lo que se ha dicho, crear un Estado dentro del Estado". Como contrapartida a ese alto nivel de competencias, el Consejo está dispuesto, según su presidente, "a asumir todas las responsabilidades que le correspondan, para lo que existen fórmulas múltiples que no somos nosotros los indicados para señalar". Sainz de Robles reconoció que la mera presentación al Congreso de los Diputados de la memoria anual del Consejo es insuficiente, y anticipó la buena disposición para someterse a las mociones y ,resoluciones que el Parlamento considere oportunas.

Preguntado sobre el contraste entre el techo de autogobierno, que establece la Constitución y el que el Ministerio de Justicia pretende atribuir al Consejo General, Sainz de Robles contestó que entre uno y otro existe "una diferencia abismal".

Vacío constitucional

En cuanto a la posibilidad de que el Parlamento elija a los 20 miembros del Consejo, la consideró "desajustada a la Constitución", en la que reconoció que existe un vacío sobre quién debe elegir a los 12 jueces y magistrados, aunque a su juicio no sería correcto llenarlo mediante su elección parlamentaria. Respecto a los ocho que corresponde elegir a las Cortes Generales, Sainz de Robles se mostró favorable a que los elegidos no sean jueces o magistrados.

El presidente del Consejo General considera que sería "absurdo" establecer la posibilidad de que el ministro de Justicia expediente a los jueces, ya que esta iniciativa, prevista en la Constitución italiana, no tendría en definitiva eficacia entre nosotros, dado que sería indiferente que sancionara el ministro o el Consejo General, ya que en último término serían los tribunales, a través de la vía del recurso contencioso-administrativo, los que dirían la última palabra. Uno de los puntos más polémicos del anteproyecto de ley, y sobre el que no ha existido acuerdo unánime en el seno del Consejo, es el del acceso directo a la carrera judicial sin pasar por la oposición. El presidente del Consejo dijo que la opinión mayoritaria es contraria al acceso directo, y "que no es cierto que exista en otros países para órganos unipersonales, sino sólo para órganos colegiados".