La otra seguridad ciudadana

MIENTRAS LA Brigada Regional de Información de Barcelona se apuntaba un notable éxito con la detención del grapo José Balmón, operación llevada a cabo sin derramamiento de sangre, unidades de las Fuerzas de Orden Público destinadas en Guipúzcoa recibían instrucciones, el pasado lunes, de emplear armas de fuego para disolver en Rentería una manifestación de protesta contra el asesinato de Rafael Goikoetxea, perpetrado en el País Vasco francés por los misteriosos Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), definidos por el presidente González como una organización especializada en el "terrorismo de respuesta". Según la nota oficial, redactada en una prosa burocrática que recuerda viejos y malos tiempos, los funcionarios que ocupaban un vehículo oficial camuflado fueron reconocidos por algunos manifestantes, que causaron "varios desperfectos" al automóvil. Ante esa situación, los funcionarios "se vieron obligados a efectuar varios disparos de intimidación con sus armas reglamentarias". El resultado fue que "uno de esos disparos alcanzó a uno de los manifestantes", un vecino de Oyarzun, que ingresó en grave estado en el hospital con una bala alojada en el hígado.Cualquiera reconocerá inmediatamente algunos rasgos familiares en la versión oficial de los hechos, que la emparentan con una antigua tradición de doble lenguaje e irritantes eufemismos. Pero más allá de la semejanza o identidad entre esa nota y las que redactaban los gabinetes de prensa del anterior régimen se sitúan los hechos relatados, parecidos también a los registrados en las crónicas de sucesos de años atrás. El comportamiento de gran parte de los manifestantes que protestaban en Rentería por el asesinato de un miembro de ETA Militar rebasó quizá en ocasiones, y con creces, los límites que cualquier demostración pública debe respetar en un sistema democrático. Pero el verdadero problema planteado por el incidente no es tanto la conocida tendencia a la barbarie y a la destrucción del abertzalismo radical, que expresa su frustración, su cólera o su desesperación en las calles, como la capacidad de las fuerzas de seguridad que dependen de un Gobierno democrático para dar una respuesta adecuada y propocionada al desafío.

Durante los comienzos de la transición (¿quién no recuerda el porrazo al diputado del PSOE. Jaime Blanco, objeto de una memorable sesión del Congreso?), y a lo largo de los sucesivos Gobiernos centristas, los socialistas se mostraron firmes partidarios de la adecuación entre las infracciones del orden público y la respuesta de las fuerzas de seguridad. ¿Qué no habrían dicho ahora a propósito de los obligados disparos de intimidación de Rentería si el ministro del Interior no hubiera sido un miembro del Gobierno presidido por Felipe González? ¿Exhibirían igualmente los diputados del PSOE su escandalosa falta de curiosidad respecto a la oscura, incompleta y contradictoria versión del tiroteo de Pasajes, que arrojó el triste saldo de cuatro muertos? No son preguntas anecdóticas: en su misma base se descubren los errores de la política autonómica y de la de orden público del PSOE -de la política interior en su más amplio significado- Incidentes tan chuscos como los robos de que es objeto el ministro Moscoso o las rocambolescas detenciones de los agentes secretos del CESID por funcionarios de la policía hubieran merecido también, hace año y medio, la pertinente exigencia de responsabilidades o de explicaciones por los parlamentarios del PSOE.

Estos son casos que también afectan a la seguridad ciudadana, aunque la demagogia conservadora no los agite, sobre los que no sólo es ético, sino sobre todo político, que el Gobierno se pronuncie, con contundencia. No hay ningún síntoma, sin embargo, de que esté demasiado preocupado por hacerlo.