Tensiones en el PSOE por la violenta carga de la Guardia Civil contra jornaleros de Puerto Serrano

El diputado socialista por Cádiz Manuel Chaves, miembro de la ejecutiva federal del PSOE, reconoció que ha "hablado" con representantes de la ejecutiva regional andaluza sobre la apertura de expedientes a varios militantes socialistas de las localidades de Puerto Serrano y Villamartín. Dichos expedientes se habían iniciado después de una reunión de la ejecutiva andaluza en la que se analizaron los sucesos acaecidos el día 27 de diciembre de 1983, cuando la Guardia Civil cargó violentamente contra jornaleros que habían cortado la carretera como protesta por el impago de varios días de empleo comunitario.En la reunión de la ejecutiva regional se llegó al acuerdo tácito de retirar el apoyo político al gobernador de Cádiz, Salvador Domínguez, que se hallaba ausente el día de los sucesos, y que, según reconoció ayer el consejero de Gobernación, José Miguel Salianas, fue quien dio la orden de desalojar la carretera. Según un informe elaborado por el Sindicato de Obreros del Campo a instancias de José Rodríguez de la Borbolla -líder del PSOE andaluz y presidente de la Junta autonómica-, la responsabilidad de la convocatoria de cortes de carretera fue del "responsable local de la diputación", refiriéndose al concejal socialista Francisco Soria. Este informe, y la evidencia de que se había utilizado fuego real, llevaron a la desautorización de Salvador Domínguez y la voluntad de apertura de expediente.

Sin embargo, varios días después, la comisión regional de conflictos del PSOE sobreseía los expedientes tras la lectura de un informe confeccionado por el propio Francisco Soria, en el que negaba las imputaciones de convocar cortes de carretera que le hacían tanto el SOC como la Guardia Civil. El diputado Manuel Chaves dijo a EL PAÍS que no habló con la comisión de conflictos en nombre de la ejecutiva federal, aunque pidió "que se tuviesen en cuenta como atenuantes la situación de tensión que se vivía en la zona". Por otro lado, ayer compareció ante la Comisión de Gobernación del Parlamento andaluz el consejero José Miguel Salinas, para informar sobre esos sucesos, informa Luis Cátedra desde Sevilla.

El consejero de Gobernación imputó la causa de los incidentes al propio sistema de empleo comunitario. Reconoció, no obstante que, aunque el corte de la carretera era ilegal, no había intención de enfrentamientos entre los jornaleros. Ratificó el uso de armas con munición real y dijo que la Guardia Civil se había "extralimitado" en su actuación. A preguntas del parlamentario comunista Manuel Gómez de la Torre sobre de quién había partido la orden de cargar, respondió que del propio gobernador, a quien se había localizado en Málaga. Declaró, sin embargo, que era una orden dada en términos normales de desalojo. Finalmente dijo que se había abierto expediente al teniente que mandaba la fuerza y al brigada presunto autor de los disparos.