El Consejo de Ministros, acordó tramitar la solicitud de extradición de Ruiz-Mateos

El Consejo de Ministros acordó ayer tramitar la petición de extradición de José María Ruiz-Mateos, ex presidente del holding Rumasa, que está detenido desde el 25 de abril en Francfort. El portavoz Eduardo Sotillos dijo que la solicitud se basa en acusaciones de falsedad en documentos públicos, estafa, apropiación indebida y delitos monetarios, pero que el Gobierno no ha recibido todavía ningún expediente de extradición por injurias al jefe del Estado. Sin embargo, fuentes de la Audiencia Nacional han señalado que las dos peticiones de extradición -por delitos económicos y por injurias al Rey- fueron enviadas al Ministerio de Justicia el mismo día, el pasado 4 de mayo.

El Consejo de Ministros aprobó ayer además la creación de una nueva sociedad pública que gestione la red de alta tensión, así como la adquisición por parte del Estado de la mitad del capital de Autopistas de Navarra y un plan de reordenación del tabaco, entre otros temas.Las cuestiones relacionadas con las extradiciones estuvieron. especialmente presentes sobre la mesa del Consejo de Ministros, que ayer estuvo presidido por Alfonso Guerra por ausencia de Felipe González, que se encontraba en viaje oficial. Además de la petición de extradición de Ruiz-Mateos, el Gobierno decidió conceder a Italia las de Vito y Gaetano Badalamenti, acusados de tráfico de drogas. El Consejo aprobó también un proyecto de ley orgánica de Extradición Pasiva, que contiene novedades en lo referente a la duración de la prisión preventiva y que concede al Ejecutivo la facultad de no conceder la extradición en ciertos casos, aun cuando la haya considerado procedente el tribunal. También se acordó el envío a las Cortes del protocolo adicional al Convenio Europeo de Extradición, que limita la consideración de delitos políticos, excluyéndole, por ejemplo, a los crímenes contra la humanidad y las violaciones de las leyes de guerra.

A propuesta del ministro de Industria, el Consejo aprobó el proyecto de ley sobre Explotación Unificada del Sistema Eléctrico Nacional, que contempla la creación de una nueva sociedad con mayoría pública que gestionará directamente la red de transporte de alta tensión.

También dependiente del departamento de Industria es el plan de reconversión de la Unión de Explosivos Río Tinto, que igualmente recibió ayer luz verde en el Consejo; según Solchaga, la operación, en conjunto, sólo costará al erario público 5.100 millones de pesetas en concepto de subvenciones.

También se aprobaron varios proyectos relacionados con el Ministerio de Defensa, dentro del Plan de Reordenación y Modernización de las Fuerzas Armadas, como la constitución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, que tendrá carácter de organismo autónomo y una duración que no podrá exceder de 10 años. La gerencia es un órgano de apoyo logístico del Ministerio de Defensa, con actuación sobre la infraestructura de los tres Ejércitos, dedicado al aprovechamiento de los recursos disponibles en el menor plazo y con una mayor economía para el Estado. Tendrá facultades para la adquisición y venta de bienes muebles e inmuebles, y par la colaboración con los organismos regionales y locales de la planificación urbanística. También dentro de Defensa se aprobó un decreto por el cual se concentra en este departamento una serie de facultades en materia de contratación, como por ejemplo la adquisición de carros de combate, vehículos blindados, misiles, redes y equipos de comunicaciones, buques, etcétera.

El plan de reordenación de la producción tabaquera nacional, que fue asimismo enviado ayer por el Consejo a las Cortes, prevé el fomento de una producción cada vez mayor de tabaco rubio en nuestro país, con el decrecimiento, a cambio, del tabaco negro, cuyo consumo disminuye paulatinamente en España.

Plantillas de fiscales

El Consejo aprobó un incremento de plantillas en la carrera fiscal y en el cuerpo de médicos forenses, propuesto por el Ministerio de Justicia, que se traducirá en su día en la creación de nuevos juzgados de instrucción en las grandes poblaciones más afectadas por el fenómeno de la delincuencia. El incremento se cifra en 32 plazas para cada una de las citadas carreras y, de acuerdo con la ampliación oficial de la referencia del Consejo de Ministros, "es sólo el avance de una amplia reestructuración de las plantillas de todas las carreras y cuerpos al servicio de la Administración de justicia".

Contra lo esperado, el Consejo no llegó a aprobar ayer el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial, cuyo envío a las Cortes estaba previsto, de acuerdo con el calendario legislativo inicialmente elaborado por el equipo de Felipe González, para el mes de mayo de 1983. Aparentemente, la oposición en determinados cuerpos e instituciones, como el Consejo General del Poder Judicial, al texto inicialmente elaborado por el Ministerio de Justicia, determinó este sensible retraso. Según Eduardo Sotillos, el anteproyecto será distribuido dentro de 10 días a los diferentes ministerios, antes de pasar a la consideración definitiva del Consejo.