Hacienda fija la nueva valoración de los activos del monopolio de petróleos en 100.000 millones

El Ministerio de Economía y Hacienda remitirá, en fecha próxima, al Gobierno un informe valorativo de los activos del monopolio de petróleo, propiedad del Patrimonio del Estado y que son gestionados en la actualidad por Campsa, que sitúa su valor patrimonial en unos 100.000 millones de pesetas, es decir, unos 25.000 millones menos que la estimación hecha previamente por una comisión técnica nombrada especialmente para esto. Esta valoración, una vez que sea oficial, servirá de base para reanudar las negociaciones entre las empresas del sector de refino y el Ministerio de Industria y Energía para culminar el proceso de monopolización de Campsa y adaptar su situación jurídica a la normativa de la Comunidad Económica Europea.

En medios energéticos nacionales se registra una enorme inquietud por el retraso que se está produciendo en el desarrollo del protocolo de reordenación del subsector de petróleo que se firmó el pasado verano entre el Ministerio de Industria y las seis empresas españolas de refino.En altas instancias de estas empresas se avanza la tesis de que este retraso podría dar al traste con toda la operación de racionalización del subsector que significó la firma del protocolo si, tal como está previsto, se firma la adhesión española a la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1985.

Normas de la CEE

La existencia de la denominada cláusula stand-still, dentro de la normativa de la CEE, que obliga a un país candidato a mantener inalterables las situaciones jurídicas domésticas con seis meses de antelación a la fecha de la adhesión, es la principal causa de preocupación, temiéndose que, si no se presenta pronto al Parlamento el proyecto de ley que debe acabar con el monopolio de Campsa, se darían bazas jurídicas a las multinacionales del petróleo para exigir ante los tribunales de competencia comunitarios una modificación de las medidas adoptadas en el período inmediatamente anterior a la adhesión.Según fuentes solventes, el Gobierno está preparando ya el proyecto de ley de modificación del monopolio de petróleo en negociaciones paralelas a las que, por indicación del Ministerio de Industria y Energía y las empresas de refino, se abrieron en el Ministerio de Economía y Hacienda para unificar criterios sobre la valoración de los activos de Campsa propios del Patrimonio del Estado.

Tanto el Ministerio de Industria y Energía como las empresas refinadoras consideraron excesiva la valoración técnica hecha por una comisión especialmente nombrada para esto, que situó el valor patrimonial de estos activos (red de transporte, flota terrestre y marítima, activos materiales, etcétera) en 124.000 millones de pesetas.

Los nuevos criterios aplicados en esta valoración, según fuentes solventes, están teniendo más en cuenta algunos conceptos contables derivados de la financiación y el pago de esta red que una mera determinación de los costes, en origen y de resposición, de estos activos.

Rendimiento futuro de los activos

En este sentido, fuentes solventes señalan que el único problema que falta por dilucidar es la capitalización de los rendimientos o la renta futura a obtener de estos activos por parte del Ministerio de Hacienda, que, según determina el protocolo, serán traspasados, en primera instancia, del Patrimonio del Estado al Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) y, posteriormente, del INH a las empresas del refino, tanto públicas como privadas.El pago, en cualquier caso, será en efectivo, y es previsible que se tenga que hacer por la fórmula de emisión de deuda amortizable. Problema posterior será el pago por parte de las refinerías, y algunas insisten en que se haga de tal manera que las empresas puedan hacerlo por medio de recursos propios.

Coste adicional en las tarifas al consumidor

De otra manera, y teniendo en cuenta ya el problema de la renta futura de los activos, toda la operación tendría un coste adicional sobre las tarifas al consumidor, según opinan algunos expertos, cualificados que se traduciría en incrementos adicionales de los precios de los productos derivados del crudo.Problema aparte puede ser, además, el deseo de una de las compañías firmantes del protocolo de concretar el que considera el punto más indefinido del documento.

La empresa Cepsa, del grupo Banco Central, opina, al parecer, que el abanderamiento definitivo de las estaciones de servicio sea, por lo menos, compartido en algunos casos, de forma que los fabricantes de lubricantes puedan identificar sus productos de cara al consumidor.

El dinero invertido por Cepsa en publicidad institucional parece abonar esta idea, ya que de otra manera no sería lógico el fuerte desembolso realizado para promocionar una marca que posteriormente no será utilizada de cara al público consumidor.