"En esté país sólo pagan impuestos los asalariados", afirma José Borrell

"En este país sólo pagan impuestos los trabajadores asalariados", afirmó ayer el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, en un coloquio sobre la fiscalidad, organizado por Radio EL PAIS, y al que asistieron, además de Borrell, el nuevo director general de Inspección Financiera y Tributaria, Jaime Gaiteiro, el senador de Coalición Popular, Evaristo Amat y el economista del Instituto de Estudios Económicos, Cristobal Montoro.La frase de Borrell, por elevación, fue acompañada de algunos datos muy significativos: de cada peseta que se paga en el impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), 85 céntimos son pagados por la nómina de los trabajadores; cada asalariado paga como media un millón de pesetas mientras que cada empresario, también como media, medio millón tan sólo. Ante estos datos el Ministerio de Hacienda prepara una campaña que coincide con el período de declarar este año sobre las rentas de 1983, basada en una filosofía: que pague todo el mundo.

Aumentar la presión fiscal sin aumentar los impuestos

Según los representantes de la Administración, es posible aumentar la presión fiscal en España sin aumentar los impuestos. Esto se conseguirá ampliando la base de los potenciales declarantes. "Haremos", dijo Borrell, "una campaña muy agresiva para el que no paga, hasta conseguir que esté mal visto defraudar. Algo así como un slogan que diga'No haga usted que los demás paguen por usted. Puede resultarle muy caro'.Ya se ha tocado demasiado la fibra sentimental y hay que pasar a los hechos". Para conseguir esto se seguirán dos tipos de estrategias: cambiar la legislación y ampliar las funciones prácticas de los inspectores. En cuanto a lo primero, en el plazo de tres meses será presentada la nueva ley de sanciones e infracciones tributarias, que desarrollará una nueva conceptualización del delito fiscal, de modo que no sea imposible, como ocurre hoy, que alguien entre en la cárcel por defraudar a Hacienda. El hecho de ampliar el cuadro y las Punciones inspectoras, viene dado por la necesidad de pasar de 700.000 declaraciones sobre la renta en 1979 -antes de que entrase en vigor el actual impuesto sobre la renta de las personas físicas- a casi siete millones, que son las que se esperan para este año. Sobre la posibilidad de que el nuevo delito fiscal signifique que algún empresario pueda ser procedido penalmente, en el coloquio de Radio EL PAIS se suscitó un debate interesante.

Borrell defendió esta posibilidad no suscribiéndola al terreno empresarial sino al de cualquier ciudadano. El senador Amat intervino para afirmar que ello le parecía bien siempre que fuese acompañado de medidas similares para los funcionarios y gestores públicos que derrochasen el dinero de los contribuyentes.

El economista Montoro planteó el crecimiento desaforado del déficit público en los tres primeros meses del año, lo cual, a su parecer, tenía especial gravedad, por cuanto los ingresos habían marchado muy bien.

Borrell afirmó que el Gobierno había estudiado tres tipos de medidas para corregir "esta situación coyuntural y asimétrica: suprimir exacciones y subvenciones fiscales por valor de 90.000 millones de pesetas; demorar un conjunto de gastos que estaban planteados y revisar, ministerio a ministerio, todos los gastos iniciales hasta conseguir cuadrar el presupuesto sobre lo previsto".