Las asociaciones de vecinos, contra la subida de tarifas de los autobuses

Madrid - 30 abr 1984 - 00:00CEST

La federación regional de asociaciones de vecinos de Madrid y el Grupo Popular del Ayuntamiento de Madrid difundieron ayer sendos comunicados pronunciándose abiertamente en contra de la nueva subida de tarifas de los autobuses urbanos, propuesta por el Ayuntamiento de Madrid al consejo de precios de la comunidad de Madrid. La federación vecinal, que pide que esta subida no se lleve a efecto, considera el incremento como "inoportuno" y lo relaciona con "la política de limitaciones salariales y de sistemático encarecimiento de la vida".Según esta federación, "no es admisible que un servicio tan necesario se pretenda financiar con cargo a los usuarios en más de un 80%".

Oposición del Grupo Popular

Por otra parte, José María Álvarez del Manzano, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, ha explicado la oposición de su grupo a la aprobación de dicha elevación de tarifas "porque creemos que hay una sobredimensión en la Empresa Municipal de Transportes, razón por la que hemos pedido una auditoría en la EMT y el grupo socialista se niega a hacerla".José María Alvarez del Manzano añade que "la EMT hizo una operación política indebida con la absorción de las líneas periféricas".

El concejal responsable del área de circulación, Valentín Médel, ha afirmado que la auditoría "no es necesaria porque los balances de la EMT son públicos y el ministerio de Hacienda ya ha hecho auditorías en la empresa".

Valentín Médel ha añadido que la EMT "es una de las empresas mejor gestionadas en el país, en el sector del transporte de viajeros, y el déficit que mantiene se debe a que hay precios políticos, y creemos que es preciso que los haya".

Con la nueva subida de precios, el billete normal pasaría de 35 pesetas a 40 pesetas; el bono-bus, de 260 pesetas a 290 pesetas, y el de tercera edad, de cuatro pesetas a cinco pesetas. El billete de microbús pasaría de 40 pesetas a 45 pesetas.

Estas tarifas, caso de ser aprobadas, entrarían en vigor el próximo día 3 junio, y se mantendrían hasta 1986, según la intención del equipo de gobierno.

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