El equilibrio entre las inversiones y el endeudamiento de las compañías, base del saneamiento financiero de las eléctricas

Hoy publica el Boletín Oficial del Estado, según informó Efe esta madrugada, la orden ministerial que eleva las tarifas eléctricas en el 8,75%. Previamente, el pasado sábado fue promulgada la disposición que establece los mecanismos por los que podrá conseguirse un saneamiento financiero de las empresas del sector. El eje sobre el que bascula toda la estrategia gubernamental lo constituye el restablecimiento del equilibrio entre las inversiones materiales efectivamente realizadas por cada compañía y los recursos que tomen prestados. Una política tarifaria que respete con una exactitud aceptable el incremento de los costes de producción parece ser la contrapartida que ofrece la Administración al sacrificio exigido a estas compañías, y fundamentalmente a sus accionistas, que verán limitadas las rentas de sus títulos a un 8% en la mayor parte de las sociedades.

El plan de reestructuración del sector eléctrico, consensuado en sus líneas generales entre los representantes de las propias compañías y los responsables del Ministerio de Industria y Energía, tiene como objetivo devolver a las empresas un equilibrio patrimonial del que en estos momentos carecen en su mayor parte, como consecuencia de las ingentes inversiones que acometieron a principio de los años setenta para financiar un programa nuclear que ha experimentado innumerables aplazamientos y cuyos recursos se obtuvieron en casi todas las ocasiones por la vía del endeudamiento externo, en unos momentos en los que el dinero era una mercancía abundante y barata, y cuando el triunfalismo de los dorados sesenta hacía a algunas de las más ilustres mentes del país continuar apostando por un crecimiento económico prácticamente inacabable.Estos matices, a pesar de haber sido repetidos hasta la saciedad, resultan importantes a la hora de entender los problemas de un sector que, pese a las peculiaridades de cada una de las empresas, ha pretendido mantener a capa y espada su unidad, apoyándose en su sistema unificado de tarifas; es decir, en que el precio de su producto, los kilovatios, resultaba siempre el mismo en todo el territorio nacional, fuese cual fuese la estructura de los gastos de producción y distribución de las propias compañías,e incluso con independencia de las inversiones que hubiesen acometido.

De esta forma se llegó en los primeros años de la década de los ochenta a una situación dificilmente sostenible, en la que el servicio de la deuda (las cantidades que las compañías deben destinar a la amortización de los principales de sus deudas y al pago de los intereses devengados) representaba una cifra aproximada al 80% de su facturación total, esto es, del importe de sus ventas. Pero esta media, como tal, no contemplaba las situaciones de algunas empresas concretas en las que sus ingresos ordinarios no resultaban suficientés para hacer frente al pago de sus obligaciones crediticias. Se inició así un proceso, ampliamente difundido entre las compañías del sector mixto, entre la activación de cargas financieras, imputándolas a conceptos contables tales como obras en curso, y la búsqueda de nueva financiación para deudas adquiridas.

Inminente estrangulamiento financiero

Como el juego de tipos de interés en alza ininterrumpida y pérdida de posiciones de la peseta frente a las principales divisas de los países occidentales -donde había recalado una buena parte de estas empresas en busca de nuevos recursos con que refirianciar sus deudas-, las obligaciones crediticias de las compañías eléctricas desembocaron en una situación próxima al estrangulamiento financiero.De esta forma se inició la búsqueda de soluciones en los últimos compases de la anterior legislatura. Con el triunfo socialista, y una vez cumplido por el partido en el poder su promesa de nacionalización de la red de distribución de alta tensión, se reinició la búsqueda de soluciones. El concepto quedaba claro en esta ocasión. Había que buscar el reequilibrio financiero en el sector, a la vez que se olvidaban los viejos fantasmas nacionalizadores.

El sector privado se resistía a unos mayores niveles de intervención estatal de los ya existentes tarifas, territorios, inversiones, etcétera, pero a la vez demandaba de la Administración una política tarifaria más real que le permitiera salir del bache. Las tarifas del sector eléctrico han constituido desde siempre un factor muy importante en el índice de precios al consumo, y de ahí las reticencias gubernamentales a aplicar ajustes automáticos en sus conceptos. Los peligros de la situación llevaron a los representantes del Ministerio de Industria a utilizar precisamente la política tarifaria como principal elemento de negociación para conseguir un mayor rigor financiero y contable por parte de las compañías.

El final del proceso se plasmó en una política de austeridad inversora que contemplaba la paralización de las obras de algunas centrales nucleares en construcción. Para resarcir las pérdidas ocasionadas por esta decisión se establecía una cuota del 3,9% de las nuevas tarifas destinada a financiar el llamado parón nuclear, mientras que otro 2,8% debería ser detraído de la facturación de aquellas sociedades que no quisieran acogerse al plan conjunto del sector para apoyar la refinanciación del resto.