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Los sindicatos bolivianos descartan la huelga general indefinida

El movimiento obrero boliviano optó por preservar la actual democracia sin pan al limitar sus protestas contra las medidas económicas gubernamentales a un paro, de 72 horas y descartar la huelga general indefinida.

Una reunión nacional de dirigentes sindicales, celebrada en La Paz hasta la madrugada del viernes, decidió recoger la propuesta de la Federación de Mineros de un paro de 72 horas y convino en elaborar un plan de lucha para alcanzar su principal objetivo: la revisión de las medidas económicas y la aplicación del plan de emergencia preparado por la Central Obrera Boliviana (COB).

El paro de 72 horas, "el repudio a las medidas gubernamentales y exigencias de la reposición de la escala móvil al salario y la fijación del salario mínimo vital" se efectuará el lunes, miércoles y jueves de la próxima semana. El martes no es laborable, y los trabajadores tienen previsto realizar marchas y concentraciones en homenaje al Día Internacional del Trabajo (1 de mayo).

Plan de lucha

Los dirigentes nacionales encomendaron al comité ejecutivo de la COB la elaboración de un plan de lucha que incluirá marchas, huelgas de hambre de dirigentes sindicales, bloqueos de caminos para presionar la revisión gubernamental de las medidas económicas -dictadas hace dos semanas- y la modificación de la política económica. En caso contrario, los trabajadores decretarán esta vez la huelga general indefinida.En la reunión nacional de dirigentes se advertía una fuerte corriente para ir a la huelga general indefinida, que de hecho la mantienen aún algunos sectores, entre ellos los fabriles (trabajadores de industrias), que sólo la suspenderían tras una reunión la próxima semana.

El dirigente máximo de la COB, Juan Lechín, advirtió a los trabajadores que la huelga general "como arma tiene sus límites", al aludir veladamente a los riesgos que ella implica para el proceso democrático.

Esa misma preocupación es compartida por el Gobierno de Hernán Siles, algunos de cuyos funcionarios reconocieron que una medida de ese tipo debilitaría gravemente las estructuras políticas del régimen, parcialmente huérfano ya del apoyo de las masas, que dieron su voto por tres veces a la Unidad Democrática y Popular, actual coalición gobernante.

De momento, el Gobierno de Siles no se ha pronunciado tras la decisión de huelga de 72 horas de los trabajadores, pero tanto en medios gubernamentales como de la empresa privada se advirtió preocupación por la negativa incidencia que tendrá en la economía otra semana más de paralización de las actividades laborales.

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